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Viernes 20 de Julio del 2018

Reglamentación de la JEP: acto de justicia soberana

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Darío Acevedo Carmona  |

Fecha: 01/07/2018

 

Reveladora cara del "Nobel de Paz", presidente Juan Manuel Santos - Foto: hps.com.co

Llegan a Colombia por estos días al país personalidades del mundo de los derechos humanos, expertos en resolución de conflictos y burócratas de Ongs, invitados por el agonizante gobierno de Juan Manuel Santos para que digan que los acuerdos de paz con las Farc son inmodificables.

Han escuchado el clamor lastimero y chirriante de quienes viven la derrota electoral del pasado 17 de junio como una amenaza de los guerreristas contra la paz por fin sellada. Y no vienen a debatir con quienes tenemos puntos de vista diferentes a los de quienes intentaron silenciarnos a lo largo de los 5 años de negociaciones y acuerdos rechazados por la mayoría de los colombianos.

Los visitantes no debaten porque se creen poseedores de la verdad y la razón, vienen a dar línea, a fijar su “autorizado e incontrovertible” punto de vista sobre nuestros problemas, a decir que el triunfo de Duque “representa un peligro para la paz”, que “los acuerdos son inmodificables”, que Jesús Santrich no debe ser extraditado, y de paso, nos brindan su relato distorsionado del conflicto armado colombiano.

¿Qué es lo que sostienen estos especialistas? Lo de siempre, la misma cantinela de las izquierdas criollas sobre los problemas del país, por ejemplo, que los campesinos se levantaron en armas contra una oligarquía terrateniente que se negó a realizar la reforma agraria, que el problema de la propiedad de la tierra es la causa de la violencia que ha azotado a Colombia desde tiempos remotos.

Sostienen que las guerrillas constituyen una expresión de la rebelión campesina y a su vez, es el fruto de una política excluyente del régimen oligárquico del Frente Nacional y sus continuadores.

Esos visitantes no se toman el trabajo de investigar ni demostrar nada de lo que declaran en foros y ante periodistas que los atienden con obsecuencia, y no lo hacen porque lo que vienen a decir está acordado de antemano con sus consabidos anfitriones, es un libreto para justificar la violencia revolucionaria y deslegitimar las instituciones.

Esos visitantes no son desinteresados como se les quiere presentar, ni han estudiado, lo que se dice estudiar, los problemas nacionales con criterio académico. Ellos no tienen en cuenta todas las circunstancias nacionales e internacionales, todos los hechos y variables, todos los actores que confluyeron y constituyeron nuestra compleja realidad.

Estos visitantes, de apellidos raros, ante los que se inclinan con pleitesía las izquierdas, no ven ni pueden ver que cada guerrilla colombiana es la aplicación de un modelo de revolución comunista: cubana, rusa, china. No han podido explicar porqué las FARC, el ELN y el EPL nunca pudieron entroncar con las comunidades que decían y querían representar. No han podido demostrar la existencia de amplias y durables movilizaciones campesinas por la tierra como tampoco la relación de causa-efecto – pobreza-guerrillas, cuando se produjeron algunas en momentos coyunturales.

No mencionan la influencia del narcotráfico en la evolución de esas agrupaciones, no se refieren a su perversión y degradación, al hecho de haberse corrompido con prácticas mafiosas, a que la pérdida de su horizonte místico derivó en secuestros, masacres, reclutamiento de menores, violación de mujeres, y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Para esos desafueros no tienen ojos sino frases con ropaje sociológico y acusaciones a flor de labios contra el Estado colombiano y las clases dominantes.

Esa cantinela es la misma que unos sesudos académicos investigadores que pretenden hallar y escribir la verdad verdadera, su verdad, y rescatar la memoria de la violencia, nos han ofrecido desde los años 70 en libros, ensayos, discursos, aulas, en folletos y volantes, en calles y desfiles, en huelgas, en púlpitos, etc.

Por acá pasaron esos visitantes interesados, hablaron y se fueron, convocados por un presidente que ya de salida se niega a entender y a aceptar las demandas de la población para que se modifiquen algunos aspectos de su acuerdo con las FARC y de esa forma rodearlo de un mayor consenso nacional.

Y lo que se avizora como la oposición al nuevo gobierno, conducida por un deslenguado caudillo, agita la unión en torno a la bandera de “salvar la paz”, haciéndole la vida imposible a quienes alcanzaron el triunfo en las presidenciales. Desconocieron el resultado del plebiscito del 2 de octubre y ahora quieren hacer algo similar.

Esta oposición, por supuesto, es la más interesada en recibir con honores de majestad a esos visitantes que siempre acuden presurosos a sus llamados. Hasta la delegación de la ONU osó calificar de obstáculos las discusiones que en sana ley adelantaba el Congreso de la República para reglamentar la Jurisdicción Especial para la Paz. Regresó Enrique Santiago, jefe del partido comunista español, coinventor de la figura jurídica según la cual la cárcel no es para criminales de guerra de izquierda. Y también, un señor de apellido extranjero de quien no teníamos idea.

Al final, el Congreso actuó soberanamente y en pleno uso de sus funciones y en el marco de conversaciones difíciles con ministros de este gobierno y bancadas oficialistas demostró que sí es posible hacer modificaciones al acuerdo de paz, aunque Santos patalee y su hijo Martín convoque al saboteo internacional.

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