Respetuoso desacuerdo

Aun cuando con alborozo, el Gobierno, editorialistas y comentaristas, han recibido la expedición en Venezuela del Decreto 1859 del 7 de julio de 2015, dictado con fuerza de ley, en uso de las facultades habilitantes conferidas por el Congreso de esta República, para militarizar el mar, en amplia zona de “defensa” no delimitada con Colombia y Guyana, en respetuoso desacuerdo sostenemos que es el mismo Decreto 1787 del 26 de mayo de 2015, con la supresión de las coordenadas. No hay diferencia de fondo. Contiene la reiteración de dicha “defensa” con la descripción de regiones del este, centro y oeste, las cuales permanecen en los dos actos proferidos con similar argumentación.

Con Venezuela existe la necesidad de dialogar hasta precisar áreas marinas y submarinas, a partir de la costa guajira, en el Golfo de Coquibacoa. Las comisiones de negociación deben actuar. El presidente Juan Manuel Santos obra de buena fe, pero lamentable -así ha ocurrido en otras ocasiones, respecto de temas internacionales- la invocación de triunfo diplomático porque el presidente Nicolás Maduro, sin responder directamente la nota de protesta elevada por la Cancillería colombiana, haya reafirmado la decisión de coordinar acciones de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, en aguas cuya soberanía está en discusión.

Seguramente, el Gobierno venezolano tendrá especial cuidado en que no se produzcan incidentes en el espacio y la disposición legislativa incluye que falta demarcarlo. Sin embargo, el acto ilícito internacional persiste, ahora validado ingenuamente o por el afán de aliviar tensiones, en contraste con la posición clara adoptada por el presidente David Granger, de Guyana, ante su Congreso, quien insiste en “rechazar la descripción de un territorio marítimo como zona de defensa de la República de Venezuela”.

El nivel de las relaciones colombo-venezolanas mejora. Los jefes de Estado reiteran que son amigos. En el futuro podemos realizar proyectos  económicos y políticos conjuntos de importancia. Sin embargo, estamos  registrando, con bombos y platillos, otro acto ilícito internacional que, a mediano y largo plazos, tiene consecuencias irreversibles. Si hubiéramos en 1978 negado de plano el abuso de Nicaragua al declarar “nulo e inválido” el Tratado Esguerra- Bárcenas de 1928 y no hubiéramos dado pie para que la Corte Internacional de Justicia iniciara  un largo proceso, al cual concurrimos con estrategia equivocada, que terminó en el 2012 con la parcelación del mar, nos habríamos evitado innumerables dolores de cabeza.

Persistimos por estos días en tomar a la ligera un acto ilícito unilateral, cuyas consecuencias influyen negativamente en la posición de Colombia para la delimitación de fronteras marítimas en el Golfo de Coquibacoa. Los trinos proliferan y resulta extraña la insistencia de que hemos obtenido una gran victoria diplomática.

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