“Acción y efecto de retener”. Así, de manera sencilla y rápida define la Real Academia Española al verbo retener. La economía también lo utiliza para significar los pagos de las deudas tributarias.

Ah, se me olvidaba que otro sector también habla de retenciones, los terroristas.

Efectivamente, la guerrilla históricamente ha dicho que “retienen” a las personas que “voluntariamente” no pagan “los impuestos” que ellos imponen. Las Farc, organización que está a pocos pasos de convertirse en la cenicienta de la democracia colombiana, llegó al extremo insólito de elevar a nivel de “ley” (a través de la 002) el pago de aquellas extorsiones.

Cuando las Farc establecieron verdaderos campos de concentración en las selvas colombianas, en los que confinaron durante años a miles de colombianos – así los medios de comunicación se limiten a mostrar a Ingrid Betancourt y un puñado de políticos como víctimas de la guerrilla-, decían que quienes ahí estaban eran “retenidos” por motivos políticos o económicos.

El lenguaje juega un papel muy importante en el desarrollo de la vida en sociedad. Por eso, Juan Manuel Santos en reiteradas oportunidades ha implorado que los colombianos “desescalemos” el lenguaje. Convencido está el presidente de los colombianos que el demonio, por dejar de llamarlo satanás, dejará de hacer maldades. Y desde 2010, al terrorismo empezó a decírsele “conflicto armado”, a la extorsión “cobro de impuesto para la paz”, a las acciones violentas con bomba, “crímenes de la mano negra”. Y gracias al exfiscal general Eduardo Montealegre, el establecimiento también se dio a la tarea de decir que los secuestros –crimen de lesa humanidad- son “retenciones”.

Recordemos el lamentable episodio del general Darío Alzate, quien fue secuestrado en el departamento del Chocó en noviembre de 2014. Una vez el país se enteró de ese crimen, el doctor Montealegre brincó a decir que el alto oficial se encontraba “retenido indebidamente por las Farc”.

Traigo todo esto a colación porque produce verdadera indignación que el presidente Santos ande diciendo que la periodista Salud Hernández Mora está “retenida”, cuando está secuestrada por uno de los grupos con los que Santos anda haciendo acuerdos políticos.

Lo grave de “desescalar” el lenguaje es que se borra de plano la responsabilidad penal de quienes incurren en esos crímenes. Los invito a que le den una mirada al código penal colombiano y me digan si a lo largo de sus páginas encuentran por algún lado la tipificación de “retención” como conducta punible. Claramente no la van a hallar.

La magia del lenguaje, sumada a la generosidad del gobierno en materia de conexidades con los delitos políticos es el coctel perfecto para garantizar la impunidad. Así las cosas, aquellos crímenes que no puedan ser semánticamente  “desescalados”, serán entonces colgados a la larga lista de actividades conexas a la rebelión, como seguramente sucederá con el narcotráfico, las masacres, el desplazamiento y el reclutamiento forzado de menores.

Hablando del reclutamiento de niños por parte de las Farc, no puedo pasar de largo sin referirme a las indignantes declaraciones proveídas por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Es una burla con los miles de niños que están en poder de esa estructura guerrillera, y que el doctor Villegas asegure que las Farc tienen únicamente 170 menores.

Aunque no hay una cifra exacta, diferentes estudios indican que las Farc tienen entre 2 y 3 mil niños en sus filas. Eso significa que el Gobierno no puede ser tan irresponsable de aventurar un número que es mentiroso y puede llegar a constituir una acción de encubrimiento y complicidad que trasciende las fronteras políticas y se adentra en los terrenos penales.

Regresando al asunto que nos ocupa: el secuestro de la columnista Hernández Mora, acá lo único que debe retenerse es la cobardía y el temor del Gobierno de llamar a las cosas por su nombre, así el hacerlo le signifique darle sepultura a los diálogos que adelanta con los grupos terroristas.