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Jueves 26 de Abril del 2018

Salud, crisis y ajustes

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 08/04/2015

 

Foto: vanguardia.com

Preocupante informe de la Defensoría

Ley Estatutaria apenas si arranca

La crisis en el sector salud en Colombia tiene tres columnas vertebrales. En primer lugar, se trata de una problemática estructural, derivada de un sistema de atención y aseguramiento que no sólo se evidenció como deficiente en materia de calidad del servicio y cobertura, pese a las múltiples reformas y ajustes gobierno tras gobierno, sino que fue desbordado por una demanda creciente a lo largo de más de dos décadas. En segundo lugar, la corrupción, el desgreño administrativo tanto en lo público como en lo privado, un perverso concepto de mercantilismo en la salud así como una débil institucionalidad para garantizar la funcionalidad, eficacia y prontitud de la asistencia médica, cooptaron el sistema y lo llevaron a los límites de la inviabilidad. Y, por último, el lastre producido por las dos circunstancias anotadas creó una nociva cultura en el usuario, que no sólo se evidenció en la generalización del mecanismo de la tutela para acceder a tratamientos y medicamentos, dando lugar a una especie de ‘coadministración judicial’ del sistema, sino en el abuso mismo del servicio, forzando cubrimientos que no estaban plenamente justificados.

Tal dimensión y complejidad de la crisis explica por qué las sucesivas reformas tuvieron un impacto muy superficial en la eficiencia del sistema y fueron, a lo sumo, pañitos de agua tibia.

Tener conciencia de esa realidad es clave para analizar en forma objetiva informes como el que ayer presentó la Defensoría del Pueblo, que de inmediato no pocos analistas y la propia opinión pública relacionaron con el anuncio semanas atrás de la entrada en  vigencia de la Ley Estatutaria de Salud, que fue presentada como el ajuste al sistema de aseguramiento y atención médica de mayor alcance en la década reciente.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, la Defensoría denunció que en los últimos cinco años el número de acciones de tutela que reclaman derechos relacionados con los servicios de salud en Colombia se incrementó en 25,2 por ciento. Se indicó que sólo en 2014 se interpusieron más de 118 mil recursos de amparo, muy superior a los 94.502 de 2010. Se precisó, igualmente, que entre 2013, cuando se registraron 115.147 acciones de tutela en materia de salud, y el año pasado el incremento fue apenas de 2,7 por ciento. Por último se advirtió que el 70 por ciento de las solicitudes ciudadanas se relacionó con servicios y tratamientosya incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Sin duda es supremamente grave ese panorama pero, a decir verdad, nada sorpresivo pues la crisis del sector salud se asemejaba en los últimos años a una especie de barrena, es decir, que cada día se profundizaba más. De allí la urgencia de la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria que tras ser aprobada por el Congreso duró más de un año y medio enredada en el control previo constitucional y sólo hasta hace pocas semanas, por fin, recibió la sanción presidencial. Se supone que a partir de esta nueva norma, al elevarse la salud a la categoría de derecho esencial, fundamental y autónomo, el sistema de salud se corrige a fondo, pues mejora el acceso a los servicios de salud, se eliminan las autorizaciones para las atenciones de urgencias, se fortalece el control de precios a los medicamentos y se avanza más rápido en la incorporación de nuevas tecnologías. En virtud de ello, por ejemplo, se acaba el llamado ‘carrusel de la muerte’ porque ningún centro médico puede negar una atención de urgencia. Igualmente se les devolvió al médico y los profesionales de la medicina su autonomía para definir y ordenar tratamientos y drogas, al tiempo que se debe establecer claramente cuáles de estos y estas pueden ser cubiertos por el sistema y cuáles, por tratarse de temas estéticos, experimentales o no ser prestados en el país, quedan excluidos. Algunos de los cambios son automáticos pero otros tardarán como máximo dos años en aplicarse.

Visto todo lo anterior es claro que el informe de la Defensoría impacta y preocupa pero, en vista de que sólo entró en vigencia hace pocas semanas, en las circunstancias que dieron origen a esa ola de ‘tutelitis’ no tuvo incidencia alguna lo mandado por la nueva Ley Estatutaria de Salud. Incluso, mientras se avanza en su implementación, es seguro que el volumen de los recursos de amparo no disminuirá tan verticalmente como se esperaría.

La crisis, como se dijo, es estructural y tiene distintos tópicos, los que deben ir corrigiéndose poco a poco. Lo importante es aplicar la reforma y los ajustes reglamentarios derivados sin pausa alguna, hasta ver la luz al final del túnel.

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