Las medidas de presión de hospitales públicos de Antioquia a Cafesalud para que les pague las altas deudas deja a miles de usuarios sin atención. La salud es asunto tan serio como la paz.

El registro noticioso de las calamidades en la salud es constante, diario. Y en todas las facetas de un sistema tan complejo: desde el financiero y de la estructura administrativa, pública y privada, del sector salud, hasta la propia de la prestación del servicio, allí donde más duele.

Según la Encuesta Gallup, la calidad y el cubrimiento de la salud reciben reprobación general por parte de los ciudadanos. En la más reciente (Gallup Poll 113 de junio de 2016), el 78 % considera que la calidad y el servicio están empeorando. En mayo fue del 83 %. Dicho indicador era del 48 % al momento de iniciar la administración Santos, en agosto de 2010. Y esta es una de aquellas preguntas cuya respuesta deriva del conocimiento personal de los encuestados, no de la simple percepción por lo que oye o ve en los medios.

Las quejas sobre el servicio de salud se extienden por toda la cadena: el usuario que la sufre, el que no es atendido, aquel a quien no le suministran medicamentos y tiene que reclamarlos por acción de tutela. Pero también las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestatarias del servicio (IPS): estas dicen que aquellas no pagan. Y las EPS sostienen que los recursos son insuficientes y que el Estado, además, no realiza los giros a tiempo que por ley le corresponden.

Es verdad que puede haber percepciones muy distintas según el sector que exprese sus puntos de vista. Por ejemplo, en la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABER) divulgada en mayo por el Ministerio de Salud, el 55,7 % de la población encuestada (población mayor, por edad) dice que la atención es buena o muy buena. Y el 86,9 % manifestó que les habían suministrado los medicamentos prescritos por el médico tratante.

Cifras aparte, la preocupación inmediata en Antioquia es la decisión de 40 hospitales públicos de no atender -salvo urgencias- a los afiliados de la EPS Cafesalud, debido a la alta deuda que esta tiene con ellos. Es un mecanismo de presión para que se salden las sumas impagadas. La jurisprudencia y la misma ley estatutaria expedida el año pasado en materia de salud como derecho fundamental (la 1751 de 2015, en especial el artículo 14) impiden que se invoquen argumentos económicos para no prestar el servicio a quien lo requiera.

Pero cómo esperar, por otro lado, que las IPS y hospitales públicos cumplan bien su misión, con semejante cartera impagada a cuestas. Es un problema tan complejo que ni los más curtidos técnicos y economistas han podido encontrar salidas, entre otras cosas porque siempre hay enredados intereses políticos (de políticos, para ser exactos) más poderosos que la vigencia del interés general.

Quedan 780 mil afiliados de Cafesalud en este Departamento sin saber qué hacer. Que se suman a usuarios (afiliados y beneficiarios) de otras EPS del régimen subsidiado que por severas limitaciones financieras afrontan serios problemas de atención y cobertura. Siendo la paz, como es, un asunto esencial, este de la salud tendrá que ponerse también en la agenda nacional como asunto de la máxima urgencia.