Saludcoop, liquidación o defraudación

Quieren hacerle creer a la gente que no es posible que las oficinas, computadores, enfermeras, personal que trabaja para ese grupo empresarial puedan seguir funcionando, no como funcionan hoy, sino mucho mejor.

Los colombianos deben saber que el señor interventor de Saludcoop nombrado por el Superintendente de Salud, y que cuenta con el apoyo del Ministro de Salud, demandó la nulidad del fallo de la Contraloría en el que quedaron evidenciados de manera indiscutible el desvío y apropiación indebida de recursos de la salud. Esos recursos se los entregó el Gobierno a esa EPS para que evite que usted, afiliado a Saludcoop, a Cafesalud o a Cruz Blanca, se enferme o, si está enfermo, hagan lo que toque: una vacuna, una inyección, lo operen, le den un remedio, le hagan una terapia o lo que toque, hasta que usted, su hijo o su mamá se mejore.

Resulta que la Contraloría General comprobó que casi un billón y medio de pesos, es decir, una cifra que se escribe con 12 ceros, no sirvieron ni para comprar la jeringa, la vacuna, ni pagarle al médico. Esa plata se utilizó para comprar empresas o giros a Chile, México, Ecuador, y hasta la China.

En Colombia esa plata también sirvió para comprar o construir colegios, clínicas, centros deportivos, viajes y para pagar abogados que permitieran mostrar que era normal y lógico que los recursos del sistema de salud colombiano, que tiene origen en lo que pagamos por impuestos y por aportes a la salud, podían tranquilamente, mes a mes, destinarse a volver rica a una cooperativa privada y a crear empresas de todo tipo y tamaño, con socios que casualmente eran o directivos o cooperados o asesores jurídicos de Saludcoop.

Claro, también se destinó, y se sigue destinando, que es lo peor, a pagar leasing de clínicas que incluso ni siquiera aparecen algunas a nombre de Saludcoop, sino de una serie de entidades y beneficiarios producto de la magia financiera y societaria.

Esta situación fue, entre otras, posible gracias a que hizo carrera que todo sucedió porque hay lagunas y zonas grises. Es la primera vez que a los abogados y a los responsables de la función pública nos toca oír que no hay solución jurídica. En el ordenamiento jurídico no hay zonas grises ni lagunas. Siempre hay prevista una solución.

Lo que se espera de un funcionario público es que, ante un fallo como el que produjo la Contraloría General de la República, en primer lugar, se sienta contento, pues es una decisión en beneficio del sistema de salud y por lo tanto de todos los colombianos defraudados.

Pero aquí prefirieron, y no sabemos si por ignorancia, mala fe o cualquier otro motivo, volverse los protectores de los intereses de la cooperativa, sus cooperados y de quienes hoy se lucran de esa maraña descrita.

Es como si en una crisis financiera se salva a los bancos y a sus dueños, y no a los ahorradores.

Esta realidad se quiere ocultar desinformando y haciéndole creer al país que 7 millones de colombianos se van a quedar desprotegidos y sin salud y que cuando la Contraloría les cuenta lo que la ley les manda hacer, se dan el lujo de presentar esa solución como un capricho inviable e ilegal imposible de realizar.

Quieren hacerle creer a la gente que no es posible que las oficinas, computadores, enfermeras, personal que trabaja para ese grupo empresarial puedan seguir funcionando, no como funcionan hoy, sino mucho mejor. Porque mensualmente el Estado les gira casi medio billón de pesos, precisamente para el remedio, la jeringa, la anestesia, etc. Todo lo que hoy escasea por las razones referidas, así se cambie el nombre.

La liquidación no debe, si hay buena administración, afectar en ningún momento la continuidad del servicio. Todo lo que hoy sirve para ese fin sigue tal cual como hoy usted lo conoce, o mucho mejor, porque la plata no se desvía para otras cosas.

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