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Lunes 18 de Junio del 2018

Secretos de Estado

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Juan Carlos Gómez  |

Fecha: 23/02/2015

 

Foto: eluniversal.com.co

Más allá de la propaganda y los boletines oficiales, de las coloridas páginas web de las entidades públicas y de los trinos con los que los funcionarios agobian a sus seguidores, hay información que los ciudadanos tienen el derecho a conocer.

El poder público tiende al secretismo y al sigilo y a filtrar solo lo que le conviene. Por eso tienen que existir herramientas que les permitan a los ciudadanos acceder de manera oportuna y efectiva a la información pública, como vehículo indispensable para el ejercicio de sus derechos y para prevenir y defenderse del abuso de las autoridades.

Está por cumplirse un año de la promulgación de la denomina Ley de Transparencia (1712 de 2014). Por tratarse de una ley estatuaria tuvo que surtirse previamente la revisión de la Corte Constitucional, que lamentablemente fue bastante condescendiente con muchas de las disposiciones que sí han debido declararse inconstitucionales, como se lo solicitaron en su oportunidad algunos intervinientes.

Es hora de hacer un balance de los verdaderos efectos de esa Ley de Trasparencia; hay evidencia de que la información pública no fluye como debiera y de que no se están cumpliendo principios como el de la facilitación o el de la divulgación proactiva de la información. Además, no se conoce el tal índice de información clasificada y reservada.

Y, como se temía y se le advirtió entonces a la Corte, el artículo 19 de esa Ley (información exceptuada por daño a los intereses públicos) —dada su vaguedad y extensión— está siendo utilizado indebidamente por muchos funcionarios para hacerle el quite a la solicitud de acceso a la información pública.

La verdad es que aún subsisten muchos obstáculos para garantizar la cacareada trasparencia. Por ejemplo, el exagerado plazo que tienen la autoridades para entregar la copia de un documento (10 días hábiles) y el kafkiano trámite ante los tribunales al que se somete un ciudadano cuando las entidades públicas le niegan información alegando reserva.

A propósito, aun a pesar del plazo que fijara la Corte Constitucional en 2011, el Congreso de la República sigue sin aprobar la legislación en materia de derecho de petición, el cual está íntimamente ligado con la transparencia.

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