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Jueves 19 de Julio del 2018

Secuelas de una vergüenza nacional

Autor(a): Luis Alfonso García Carmona  | 

Fecha: 24/04/2018

Exclusivo para FCPPC
 

Reveladora cara del "Nobel de Paz", presidente Juan Manuel Santos - Foto: hps.com.co

Por cuenta de las actividades criminales de una cuadrilla de la FARC en el Ecuador y de la participación directa de uno de los cabecillas de la narco-guerrilla, alias Santrich, en la introducción de cocaína a los Estados Unidos, se ha evidenciado ante la opinión mundial todo el tremendo engaño que constituyó el llamado “acuerdo de paz” suscrito entre el presidente Santos y el grupo terrorista de la FARC.

Como si lo anterior no bastara para cubrirnos de vergüenza, el Presidente, en vez de aceptar la realidad y ofrecer disculpas a los ofendidos con estas delincuenciales actuaciones, optó – con una cara más dura que el mármol que le gusta mencionar – por afirmar en Lima que las FARC no existen y que el problema era del Ecuador. Luego, al ser descubierta su mentira, calló ante tanta vergüenza.

Por su parte, su socio en la negociación, el camarada alias Iván Márquez, se atrevió a acusar al bandido “Guacho” de paramilitar, no obstante que está desde los 12 años en las filas de la FARC y que, en persona afirmó que su grupo no es ninguna disidencia , sino parte de la FARC. Recuerden que fueron ellos, Márquez y Santos, los que tildaban al ex presidente Uribe de mentiroso y enemigo de la paz, cuando hacía juiciosas observaciones a los acuerdos.

No para allí la ignominia a la que nos ha sometido el camarada Santos con sus amigotes. El Presidente Lenin, cansado de la criminalidad que azota su frontera con Colombia, donde campean a sus anchas tanto el ELN como las FARC, acaba de suspender los diálogos del gobierno con el ELN en su territorio. Es la primera vez en la historia que un país anfitrión se ve en la obligación de arrojar de su territorio a los negociadores de un proceso como éste.

Esto tiene que acarrear repercusiones. Si no aprendemos de nuestras experiencias, ¿cuándo lo vamos a hacer?

Estamos en pleno debate electoral para elegir un nuevo Presidente. Con excepción de Duque, que ha plantado cara al problema y anunciado que reformará el acuerdo habanero y que pondrá el “tatequieto” al ELN, a los demás el tema parece no interesarles. Petro no se puede desligar de su pasado guerrillero, de su ideología marxista-leninista y de su amistad con el dictador de Venezuela. Es natural que defienda la permanencia del acuerdo y, especialmente las facultades para expropiar lo que le venga en gana, así como la Justicia montada para defender guerrilleros y encarcelar militares. Lo mismo logramos entender de Fajardo, aunque nunca dice nada trascendente .De la Calle, como negociador del acuerdo, y Vargas Lleras, con el rabo de paja de haber pertenecido al gobierno que negoció la entrega del país, está inhibido para echarse atrás, máxime cuando su partido, Cambio Radical, aprobó en el Congreso la implementación de lo pactado en La Habana.

Primera consecuencia de estos escándalos será, como es apenas lógico, la derrota aplastante de estos candidatos que representan el continuismo del régimen santista y la vigencia hacia el futuro de ese maquiavélico acuerdo.

Una segunda conclusión debe ser que el pueblo colombiano tenga la posibilidad de enmendar todo este desastre, mediante una reforma constitucional a fondo que se le presente a través de un referendo, inmediatamente después de la posesión del nuevo presidente.

Enmienda que debe contener la supresión de todas las ventajas políticas y económicas otorgadas a la FARC y a sus cabecillas en La Habana, partiendo de la base de que han incumplido sus obligaciones. No han entregado las armas (Para muestra, una foto que circula en las redes de Iván Márquez pasando revista a una cuadrilla armada de la Farc, después de su huida al sur del país). No entregaron ni menores reclutados, ni secuestrados, ni los bienes adquiridos ilícitamente. Continúan delinquiendo abiertamente, como se acaba de demostrar. La extorsión (léase vacuna), no ha cesado en ningún rincón del territorio patrio. No olvidemos que el acuerdo incluye obligaciones para ambas partes y, si una de ellas no las cumple, cesan las obligaciones para que su contraparte lo haga.

Se debe eliminar de la Constitución Política la JEP, lo concerniente a la expropiación de tierras, la participación en política de los responsables de crímenes de lesa humanidad y, en general, todo lo que el pueblo rechazó en el plebiscito de octubre de 2016.

En el mismo referendo se debe presentar una solución radical pero estructurada al problema de la Justicia. Creemos en la idea de suprimir todas las Cortes y crear un solo Tribunal Supremo, exigiendo las máximas calidades y requisitos a sus integrantes. Su elección no puede hacerse a través de la clase política, sino basada en la “meritocracia”. Una comisión de juristas del más alto nivel puede preparar el texto reformatorio antes del próximo 7 de agosto.

Con la inclusión del mamotreto de más de 300 páginas en nuestra Constitución se ha desvirtuado su contenido y se presta para ex abruptos como el presentado con la JEP, que, aún antes de conocerse la investigación de la DEA contra Santrich, se apresuró a reclamar su competencia para decidir sobre el caso. No se demoró tampoco la Corte Suprema en prejuzgar, manifestando que la JEP tenía la razón.

La enmienda constitucional por la vía del referendo que nos atrevemos a proponer, puede aprovecharse para erradicar de una vez y para siempre el flagelo de la corrupción. Se deben incluir reformas sustanciales a las Contralorías, como, por ejemplo, crear un solo organismo alejado de la politiquería que asuma el control de todos los funcionarios, y otras medidas que incluimos en nuestra obra “Reconstrucción Nacional”.

La burocracia estatal debe desligarse del compadrazgo y someter los nombramientos de la totalidad de los funcionarios, salvo los de elección popular, (con unas pocas excepciones) a concursos de méritos.

El tamaño del Congreso debe ser reducido, así como la sucesiva reelección como la ha propuesto el candidato Duque. Pero también, se debiera exigir calidades morales y académicas mínimas para asumir la responsabilidad de dictar las leyes.

Si faltaran argumentos para nuestra propuesta, agreguemos que el tal acuerdo no existe jurídicamente, pues la voluntad soberana del pueblo lo rechazó en el plebiscito. El Congreso, mediante una mera proposición, no está facultado para aprobar lo que el pueblo rechazó. El aval que, con manifiesta intención de darle gusto al Ejecutivo, otorgó la Corte Constitucional, es el mejor argumento para suprimir esa y las demás cortes.

Estas dos consecuencias serían el camino para recuperar al país del estado de postración moral que vivimos. Por fortuna, una luz de esperanza se avizora para el 27 de mayo.

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