Una consecuencia desafortunada de la polarización que existe en la política colombiana es que ciertos temas quedan como propiedad de uno los bandos, cuando muchas veces se trata de problemas universales, que deberían importarle por igual a todos. La “paz”, por ejemplo, no puede ser una consigna exclusiva del santismo; todos los candidatos deben plantear sus propuestas para la pacificación definitiva del país, en vez de dedicarse únicamente, como lo han hecho varios de ellos, a criticar los pasos –muchos de ellos intragables, es cierto– que este gobierno ha dado en ese sentido.
Del mismo modo, la “seguridad” no puede ser un argumento reservado para la oposición o para eso que aquí equivocadamente llaman la “derecha”. JMS, si quiere reelegirse, tiene que mostrar mayor preocupación por lo que está pasando más allá de las retiradas cumbres capitalinas, en donde no se ve ni se entiende bien el drama de la provincia. No basta con periódicos tours para supervisar el esparcimiento apropiado de la mermelada regional. Los otros candidatos, por su parte, también tienen que empezar a hablar del tema. Ni siquiera los uribistas, cuyo líder hizo de la seguridad su principal bandera, han planteado nada claro, aparte de criticar el proceso de paz con las Farc.
La razones de la urgencia están a la vista para el que las quiera ver. En una ciudad tan importante para el Caribe colombiano como Santa Marta, el crecimiento de las bandas criminales ha sido tan explosivo que, como me dijo en estos días alguien que vive allá, “todo el mundo está extorsionado”. En cientos de municipios del país ocurre lo mismo, y la población vive demasiado aterrorizada para denunciar. Tal vez el caso más crítico es el de Buenaventura, en donde se asesina gente con métodos que le helarían la sangre a un director de cine gore. Es incalculable el sufrimiento mudo que sigue siendo la vida diaria para miles de personas en este país.
Los anteriores no son hechos aislados. Son señales claras y alarmantes de que un macabro inframundo criminal se está consolidando en Colombia, principalmente en las regiones. Hasta ahora la política de este gobierno parece haber sido la de aprovechar las rivalidades entre las bandas criminales para que los hampones se maten entre sí y en cierto modo se autocontrolen. Pero eso claramente no ha funcionado.
La relativa prosperidad de Colombia en los últimos años arrancó cuando Álvaro Uribe recuperó grandes zonas del territorio nacional que estaban en poder de grupos armados. Esa es un batalla que no se puede dejar de dar nunca, menos ahora que esos grupos se han reconfigurado en pequeñas bandas que son más difíciles de controlar. Pero no hay que ser uribista para exigirle a este gobierno y al que lo suceda que vuelvan a hacer de la seguridad una prioridad, quizá la principal de la nación. La primera función del Estado fue la de proteger de amenazas internas y externas la vida y bienes de sus ciudadanos. Sólo una vez que se ha ganado ese espacio se pueden comenzar a solucionar otras necesidades como empleo, salud y educación. Por eso la gestión de la seguridad –por métodos represivos cuando sea necesario– y la búsqueda de la paz no son asuntos distintos, son la misma cosa.
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