Domingo 19 de Noviembre del 2017

“Si Chile extradita a Olate, cambiará la situación de las FARC en la región”

José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial colombiano, cree que así, por fin, los gobiernos de Sudamérica calificarían de terrorista a esa organización, como ya lo hacen los EEUU y la Unión Europea.

Manuel Olate Céspedes es un ciudadano chileno cuya extradición es reclamada por Bogotá bajo la acusación de colaboración con las actividades terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Infobae América consultó por este caso a José Obdulio Gaviria, ex colaborador de la presidencia de Alvaro Uribe (2002-2010), hoy presidente de la Fundación Pensamiento Primero Colombia, quien explicó la importancia que tendría para Colombia una respuesta positiva del gobierno chileno al pedido colombiano. El principal resultado sería un aislamiento político de las FARC en la región, donde hoy gozan de cierta libertad para circular y hacer proselitismo.

“Sudamérica en general se ha negado a declarar terroristas a las FARC; la única excepción es Perú, explicó Gaviria. Y, en algunos casos, ciertas declaraciones de referentes chilenos van en esa dirección. Pero todavía existe en muchos sectores políticos y jurídicos de los países sudamericanos la definición de las FARC como organización insurgente o beligerante, que por lo tanto no merece tratamiento jurídico sino político”.

Por ese motivo, dice, “una decisión de extradición por parte de Chile cambiaría las circunstancias jurídicas de las FARC en el continente, sería un cambio fundamental”. Pero Gaviria no es demasiado optimista: “Personalmente, no creo que suceda”.

Admite que esa mirada benevolente hacia la organización armada fue también “una larga tradición del propio Estado colombiano”. “En el Caguán [en tiempos de las negociaciones entabladas con la guerrilla por el predecesor de Uribe, Andrés Pastrana] el Estado colombiano recibía a miembros de las FARC y animaba él mismo la relación de los gobiernos latinoamericanos con esa organización”, recuerda.

“Las FARC surgen cuando el partido comunista colombiano ordena el levantamiento armado en los 60 -explica. Algo que sucedió también en los demás países de la región. Pero esos grupos fueron derrotados luego en todas partes, menos en Colombia. El Estado colombiano tenía una línea conciliadora que a su vez generó la distorsión que subsiste en las cancillerías americanas”.

El gobierno colombiano cambió radicalmente de actitud en 2002, tras la asunción de Uribe, pero no sucede todavía lo mismo con las administraciones sudamericanas. Esto contrasta con el hecho de que “las FARC están en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos y de la Unión Europea”, dice Gaviria.

Las computadoras de Raúl Reyes, jefe de las FARC abatido a principios del año 2008 revelaron la extensión de la red de apoyos que tiene la guerrilla colombiana en el continente. Su comisión internacional integra la Coordinadora Continental Bolivariana, creada en Caracas, y en cuya página web pueden leerse comunicados de Alfonso Cano, sucesor del líder histórico de la guerrilla colombiana, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.

En lo que concierne a esa red de colaboradores extranjeros que articula la comisión internacional de las FARC y que desarrolla tareas de proselitismo y apoyo logístico fuera de Colombia, Gaviria dice: “Desde el punto de vista jurídico es obvio para nosotros que tienen igual compromiso los que hacen propaganda para el terrorismo que quienes actúan en él. En Europa, y en particular en España en el caso de la ETA, ya existe esa jurisprudencia”.

En cuanto a si hay antecedentes de pedidos de extradición como el de Olate, Gaviria recuerda el de Francisco Antonio Cadena Collazos, uno de los más importantes delegados internacionales de las FARC, detenido por la Interpol en Brasil en 2005.
“Este hombre, conocido como el cura Camilo, había participado en las negociaciones del Caguán. Brasilia negó su extradición y le concedió asilo de hecho. Y se trataba de un ciudadano colombiano, recuerda Gaviria.

“También hubo un precedente en Chile -dice el ex asesor-, a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet, en el que tampoco hubo extradición, porque se llegó a un acuerdo entrre ambos países por el cual la persona requerida declaró su desmovilización, y no fue extraditada o, más bien deportada ya que era de nacionalidad colombiana”.

Y agrega: “En lo que concierne a los extranjeros que colaboran con el terrorismo el único antecedente que existe es el de una ciudadana española, Remedios García Albert, que está siendo juzgada en España por su cooperación con las FARC y a la cual el juez Baltasar Garzón le concedió la excarcelación mediante fianza”.

Editorial
Infobae.com
Marzo 23 del 2011

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