La historia de Colombia está ligada al nombre de Francisco de Paula Santander, apodado "El Hombre de las Leyes", quien promovió gran parte del orden jurídico de la nación.

En general los actos que involucran la aplicación de la Ley han beneficiado a unos, perjudicado a otros, suscitado controversias, como las sucedidas con el Proceso 8.000 que involucró al expresidente Samper defendido por el abogado Heyne Mogollón; en el actual período del Congreso por vicios de forma y procedimiento fue aprobada con cuestionamientos y anulada la ley de reforma a la justicia, así mismo las fallidas reformas a la salud, a la educación, a la justicia y al agro, por citar solo algunos ejemplos.

La destitución del alcalde Gustavo Petro parece un sainete jurídico y los más ortodoxos y probos juristas del país, deben estar perplejos ante los desmanes contra el orden jurídico; en este proceso la actuación del Fiscal General Eduardo Montealegre ha sido cuestionada al desestimar la capacidad del Procurador para destituir y sancionar a un funcionario elegido por voto popular y traslada, mediante interpretaciones a la norma, la decisión al Presidente de la República; han existido también excesos a la figura de la tutela presentadas por vinculados al distrito en defensa del burgomaestre.

Adicionalmente el tribunal superior de Cundinamarca se declara impedido para fallar dichas tutelas y deja en manos de los magistrados de la sala el fallo de cada una de ellas, sin embargo el magistrado Armenta, sin el debido respeto por los principios éticos, pese a que se lo permite la ley, aun no se declara impedido por tener vínculos con familiares vinculados a la administración de la capital.

Este espectáculo lo lideran, entre otros, el abogado Mario Iguarán, quien ha sido apoderado para buscar los recursos legales tratando de desvirtuar el fallo de destitución y dilatar el proceso; el Alcalde Petro tiene el derecho de defenderse y buscar que una sanción quizás excesiva no le sea aplicada, pero también es su deber aceptar los errores y reconocer que actuó mal en el fallido proyecto de recolección de basuras en la capital y aceptar la destitución, las pruebas presentadas a la opinión pública son evidentes.

Después de lo sucedido, la institucionalidad jurídica del país está amenazada porque todas las personas que sean investigadas o juzgadas por sus actuaciones cuestionadas como servidores públicos, podrán apelar las decisiones que los afecten, mediante acciones de tutela invocando el principio de igualdad, esta es una puerta que se abrirá a base de interpretaciones, si prosperan las acciones de defensa del alcalde.

Ante este panorama, si se hiciera una encuesta, todos los colombianos clamaríamos por una reforma a todos los entes que administran justicia, rediseñar el ordenamiento jurídico, replantear las funciones de los entes de control y mediante normas claras, impedir que en el Congreso se introduzcan micos a espaldas de los legisladores, porque se hace necesario retornarles la confianza a todas las instituciones que aplican justicia en nuestro país.

La profesión del derecho debe ser respetada y el Presidente debe hacer que se haga lo propio con la institucionalidad, porque de seguir así, la credibilidad de la administración de la justicia, se verá amenazada.