Standard and Poor’s

Pocos indicadores sobre la marcha de la economía colombiana presentan hoy cifras satisfactorias y administrables con soluciones sin efectos adversos, devastadores.

El propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha reconocido en forma tardía que no había visto un choque tan abrupto sobre las finanzas públicas como el ocurrido en los últimos dos años.

Tan oscuras se aprecian las perspectivas de nuestra economía, que la calificadora estadounidense de los riesgos de inversión en los países, Standard and Poor’s –S&P- sí le conservó a Colombia el pasado 16 de febrero su calificación de ‘BBB’, con la cual todavía nos acreditan ante el mundo como buenos deudores y nos posibilitan para vender bonos y TES. La calificación ´BBB´ está tan solo dos peldaños por encima de quienes no pueden acudir al crédito internacional.

Pero acto seguido, nos rebajó S&P las ‘perspectivas’ futuras de dicha calificación de "estable a negativa", como resultado para 2016 del desplome de nuestros ingresos anuales de 24 billones de pesos, por culpa de la caída en los precios del petróleo y como resultado del déficit fiscal estimado en el elevado 4% del PIB. Este déficit se debe a que el Gobierno exageró sus gastos durante la bonanza petrolera y ha continuado con ellos elevados durante la crisis actual. El gasto público absorbe el 31,5% del PIB, más del doble del 14% que se recibe por ingresos tributarios.

S&P urge "tomar medidas oportunas y adecuadas para que no se deteriore más la economía". Urgen una reforma tributaria y recortes en los gastos del Gobierno. Los expertos estiman que los ingresos de la confiscatoria reforma tributaria estructural que se ha aplazado para después del plebiscito no adicionará ingresos por más del 2 por ciento del PIB y que los menores gastos anunciados por el Gobierno ahorrarán a los sumo el uno por ciento de este. En total un tres por ciento del PIB.

La caída insospechada de los precios del petróleo nos devaluó la tasa de cambio en cerca del 80 por ciento durante los últimos 18 meses y nos dispararon la inflación al 6,8 por ciento por año. El fenómeno del Niño también ha contribuido a elevar los precios de los alimentos y, en consecuencia, la inflación. Para contrarrestar la inflación así ocasionada, el Emisor ha elevado la tasa de interés de referencia al ya controvertido seis por ciento, con lo cual se está encareciendo el crédito para todos los colombianos. Una mayor tasa de interés implicará una tasa de crecimiento menor en 2016.

Nuestras inefables Autoridades Monetarias y los áulicos del Congreso y de la Corte Constitucional han creado un sistema financiero tan distorsionado, tan poco competitivo y tan opuesto a la creación de empresas, que poco se puede justificar invertir hoy en nuestra economía, y menos aún, esperar que se invierta en ella en el futuro.

En síntesis, con tales autoridades, no resulta posible esperar a la fecha que se halle nuestra economía en capacidad para afrontar los desafíos de los últimos dos años. Los desincentivos para innovar son colosales. Por ejemplo, ¿quién invierte en el campo colombiano con las incertidumbres y las deliberadas vaguedades de los pactos de La Habana? ¿Quién invierte en un país en connivencia con el narcotráfico por culpa de las concesiones del Gobierno a las Farc? ¿Acaso no es un peligro tener un endiosado presidente manejando la chequera?

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