“Farc no renuncia a planteamientos estratégicos”
Sin demora y apenas lanzada la idea de modificar la estructura, dimensión y visión de las fuerzas armadas, las Farc lanzaron otra, tan exorbitante como la anterior: la de conformar “territorios de paz”, adecuados a sus intereses vigentes y futuros en la posfirma. Una jugada política que les garantizaría la posibilidad de meterse en el entramado institucional para acabarlo desde adentro y controlar estratégicos territorios para el narcotráfico, sin la incomodidad de la persecución militar: “Republiquetas independientes”. En la fotografía esto no llama la atención, pero en la radiografía las cosas son un peligro para el Estado de derecho. Esa iniciativa subversiva pretende eliminar los Esmad.
El antecedente está en las “zonas de reserva campesina” que creó el Estado para afrontar viejas alarmas latentes con el agro. Otros tiempos y otras razones para responder a las sinrazones de los conflictos colombianos. Ahora el empuje propositivo de las Farc llega cargado de peligrosas incógnitas. Una de ellas es su reticencia a entregar las armas, lo que induce a sospechar que se establecerían en esos territorios no solo como un área de aclimatación del “postconflicto”, sino como la punta de lanza de nuevas formas de enfrentamiento, con las armas ilegales apuntando de manera velada sobre la espalda de todos los colombianos y con aire de nueva legitimidad.
Debe esperarse que la acción política bajo una tácita presión armada pudiese permitir e impulsar las famosas movilizaciones, ya ensayadas en los últimos años, contra el mismo gobierno de Santos y cuya puesta en escena preliminar fueron las marchas cocaleras del Caquetá, a mediados de los 80. Nada peor para el futuro de la institucionalidad que el espectáculo de un país paralizado por los cortes de carretera y la ocupación, pacífica en apariencia, de ciudades y pueblos. Ante ese tipo de acciones masivas y generalizadas como amenaza a la gobernabilidad, los Esmad han demostrado su eficiencia disuasiva. Es cierto que el derecho a la protesta es legítimo y se debe proteger, pero la vigencia de ese inalienable derecho debe estar equilibrada por obligaciones como es la preservación de la tranquilidad y la libre movilización, con acceso al trabajo de quienes no participan de la protesta.
Además, el nublado panorama económico sobre los próximos años, pone en riesgo la existencia real del soporte financiero para el cacareado “posconflicto”. El eventual y evidente incumplimiento de las promesas, por falta de recursos, sería el disparador de las movilizaciones desde las futuras “terrepaz”. La excusa perfecta ante un Estado débil y consumido por la corrupción. Las Farc nunca han renunciado a sus planteamientos estratégicos y la paz es un paso más en su visión de tomarse el poder, esta vez desde la institucionalidad.
