Por lo visto, el aparato de la justicia tradicional queda desactivado en cuanto al proceso de paz.
El Presidente acaba de anunciar que la investigación de la, según él, “clarísima violación del DIH” que fue la toma armada de un colegio público por parte de las Farc en La Guajira “será uno de los primeros procesos que llegarán al tribunal de paz”. Solo que este todavía no está creado.
¿Será que desde ya el aparato de la justicia tradicional en Colombia queda desactivado para todo lo que tenga que ver con violaciones del derecho humanitario? En su lugar se instalará –no sabemos cuándo– la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con un tribunal integrado por 24 magistrados, 20 nacionales y 4 extranjeros, cuya elección y posible incidencia en ella de las Farc es el secreto mejor guardado del Gobierno. Para quienes reconozcan ante la JEP su responsabilidad, inclusive en los delitos graves, no habrá cárcel; solo restricción de la libertad –con derecho a deambular en zonas municipales y hacer política– y cumplir sanciones como protección medioambiental, construcción de escuelas y carreteras, eliminación de residuos, etc.
Muy pocos en Colombia saben todavía qué es la JEP. Como dice el exalcalde Jaime Castro, no será una jurisdicción más, sino “la Jurisdicción”. Con las siguientes características:
1) Reemplazará las funciones de la Fiscalía. Se creará una unidad de investigación y acusación que contará con un equipo de apoyo investigativo, o sea su propio CTI, seleccionado por su director. No se contempla instancia que vigile esa unidad ni que sancione su abuso de poder.
2) Sustituirá a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Procuraduría, a la Contraloría, a los tribunales y a los juzgados. Estos ya no podrán investigar hechos relacionados con el conflicto armado, ya que la JEP absorbe la competencia exclusiva sobre dichas conductas, y sus decisiones prevalecerán sobre las demás actuaciones penales, disciplinarias o administrativas que ya se hayan dictado.
3) Se convertirá en órgano de cierre de la justicia en Colombia, con una sección para la revisión de sentencias ya proferidas por la justicia.
4) Limitará futuras actuaciones de la justicia. Porque si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones (¿cinco o más años?), cualquier otro órgano de la jurisdicción ordinaria profiere decisiones de conductas de su competencia, este reaparecerá, ¡plop!, a través de una sala de estabilidad para, si considera del caso, revisarlas o pararlas. Se crea así una jurisdicción indefinida: se condicionará hacia el futuro el resto del poder judicial colombiano a la JEP, cuyas decisiones no podrán ser reformadas ni revisadas por lo menos en 20 años más por nadie, así provenga de la solicitud de una víctima.
5) Reemplazará al Presidente en cuanto a su facultad de conceder amnistías e indultos.
6) Asumirá labores legislativas, porque la JEP podrá dictar normas sustantivas y procesales para tramitar los asuntos a su cargo.
¿Y a quién investigará la JEP? A Raimundo y a todo el mundo, incluyendo guerrilla, agentes del Estado, civiles, soldados, policías, líderes sociales, empresarios y a todo el que acuda voluntariamente a que le definan o revisen su situación jurídica o a quienes sean citados porque han sido acusados de alguna conducta relacionada directa o indirectamente con el conflicto.
La justicia colombiana admite todas las críticas del mundo. Pero en su historia ha sido capaz de juzgar a los peores genocidas, asesinos, narcos, políticos, militares, congresistas, guerrilleros, ‘paras’. Hasta tuvo la nobleza de amnistiar al M-19 luego de que la aniquiló en el asalto al Palacio de Justicia.
Pero ahora en La Habana han resuelto incapacitarla y quitarle la responsabilidad de uno de los juicios más importantes de la historia de Colombia, para acabar con una guerra de 50 años. Invertiremos millones de pesos en una jurisdicción especial, en el marco de una justicia alternativa copiada de modelos de países fallidos del mundo. Le crearán a la justicia colombiana una suprajusticia, superior en sus determinaciones y con potestad para revisar lo ya resuelto por esta.
Dios nos conduzca por buen camino en esta refundación del Estado colombiano.
Entre tanto… No sabe uno si el publicitado romance de Vargas Llosa e Isabel Preysler produce envidia, o pena ajena.
