De manera consciente y voluntaria me había negado a “informarme” del caso de Luis Andrés Colmenares, el muchacho que perdió la vida en confusos hechos después de una parranda el día de las brujas.

Me pareció que el escándalo era elitista y que mayor atención debía ponerse en las decenas de campesinos y gente humilde asesinada en horrorosas circunstancias a lo largo y ancho del país.

Y si al principio me molestaba el cubrimiento privilegiado de la noticia porque los involucrados fueran universitarios de los Andes y porque el padre de una de las acusadas fuera un rico empresario, la molestia se tornó en hondo fastidio cuando el caso se convirtió en un espectáculo propio del peor de los periódicos amarillistas.

En eso tristemente ha devenido buena parte de nuestra “justicia”. Es espectáculo, circo, escenario donde los periodistas reemplazan a los jueces y se convierten en dioses y señores de la verdad, aunque nada sepan del derecho y nada o muy poco de los hechos que se discuten. Y donde fiscales y jueces deciden de acuerdo con la “verdad” de los medios.

Ese reemplazo de la justicia serena, equilibrada y objetiva, de la justicia seria, de la justicia justa, por una en la que se imponen los odios y los intereses políticos y donde pesa más lo que los medios dicen que lo que se prueba en juicio, no puede sino terminar en desastre y en verdadera injusticia.

Injusto es, por ejemplo, que el coronel Plazas Vega esté en prisión por un testimonio atribuido a un suboficial del Ejército que ha afirmado bajo juramento que fue suplantado y que nunca declaró, por otro que habla solo en un documento privado para que después el autor, financiado por las oenegés, saliera del país sin que nunca pudiera ser interrogado, y por otro más rendido por un criminal que después amenazó con retractarse porque, dijo, la Fiscalía no le cumplió con los beneficios y prebendas personales que le ofreciera si acusaba al Coronel.

Injusto es que el general del Río esté condenado por dichos contradictorios de paramilitares desmovilizados, según reconoce el juez en su sentencia para acto seguido desechar los que favorecen al General y solo darle valor a los que lo inculpan.

Injusto fue que Sigifredo López estuviera detenido por cuenta de testimonios no probados de guerrilleros en prisión.

Injusto también que Carlos García Orjuela, expresidente del Congreso, fuera privado de la libertad por las mentiras de algunos paramilitares detenidos y solo más de dos años después fuera exonerado por la Corte Suprema.

Y vuelvo a Colmenares. Ahora se detiene a unos fulanos, Wílmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez (no son parientes), por falso testimonio.

Los tres mintieron y dijeron haber sido testigos, de una manera u otra, de la muerte del universitario. Con esa base fueron privadas de la libertad las dos muchachas señaladas y el exnovio de una de ellas.

Yo no sé si Colmenares fue asesinado y no tengo idea de si los acusados son responsables.

Lo que sí tengo claro es que es inaceptable que la Fiscalía no se tome al menos la molestia de examinar el contenido de los testimonios, de revisar la veracidad de lo dicho, de probarlo.

Y que fiscales y jueces, apenas con la base endeble de los decires de cualquiera o, peor, de confesos criminales, detengan, acusen y condenen, sin respetar la presunción de inocencia y los principios generales del derecho que sostienen que la responsabilidad penal debe estar siempre plena e inequívocamente probada y que cualquier duda favorece al reo. Además, cuando hay oportunidad de corregir, ya barrieron con la honra de los acusados. Y los arruinaron, agotados los bienes y ahorros en el esfuerzo de la defensa.

Para rematar, ya son muchas las acusaciones de que los fiscales ofrecen el oro y el moro a supuestos testigos para que declaren en contra de una u otra persona, de que se encargan “testigos”, de que se extorsiona con eventuales testimonios, de que hay un cartel. Es hora de que el Fiscal General ponga orden en la casa.