En medio del paro agrario, las elecciones y el proceso de paz, esta lectura serena y precisa sobre los falsos dilemas, el papel y el futuro de la agricultura, de sus instituciones y de sus políticas.

En América Latina se viene dando un debate sobre las condiciones para el avance de la agricultura, haciendo énfasis sobre la gobernanza y sobre las políticas públicas. Este debate ha sido encabezado por un grupo denominado Panel Independiente de Agricultura para el Desarrollo en América Latina (PIADAL) en el cual participan algunos colombianos.

La primera condición para que Colombia de un salto en el desarrollo agropecuario consiste en emprender actividades de investigación e innovación.

Durante los últimos meses, en Colombia también se ha agitado la discusión sobre el papel y el rumbo que debe tener la agricultura: los paros agrarios en distintos subsectores y regiones, el impacto negativo de una revaluación que duró hasta hace poco, las dudas sobre la eficacia de los Tratados de Libre Comercio para aumentar las exportaciones, y los debates sobre el sector rural en las negociaciones de paz, son razones suficientes para que Colombia mire nuevamente hacia el sector y sus políticas.

Dada la complejidad del tema, en este artículo planteó apenas algunos elementos que pretenden contribuir a esa discusión.

Menor peso económico

La participación de la agricultura colombiana en el PIB se ha reducido de niveles del 17 por ciento al iniciar la década del 70 al 8 por ciento durante esta década. Las tasas de crecimiento del sector han bajado del 4,3 por ciento anual en la década del 70 a 1 por ciento en el pasado reciente. La participación en el empleo total se redujo del 28 al 19 por ciento. Las exportaciones agrícolas distintas del café, que habían venido creciendo durante la primera década de este siglo, han tenido una desaceleración.

Por el contrario, el sector minero-energético ha venido aumentando su participación en el PIB, del 3 al 8 por ciento durante el mismo período.

Kuznets, Chennery y otros economistas habían previsto desde los años 70 que los sectores agrícola e industrial perderían participación en las economías de los países, mientras otros sectores nuevos, particularmente de servicios, crecerían con mayor velocidad. En el caso de la agricultura, desde hace décadas es sabido que a medida que aumenta el  ingreso disminuye la participación de los productos agrícolas en la canasta familiar, porque ya el consumidor satisfizo sus necesidades básicas.

Nuevos mercados

Y en efecto: en muchos países el aumento del ingreso per cápita se ha traducido en menor consumo de algunos productos tradicionales, particularmente aquellos sin valor agregado. Pero se ha producido una sustitución hacia mayor consumo de frutas, hortalizas y alimentos preparados con mayor valor agregado.

Durante la última década Colombia dio un salto en su ingreso per cápita, al pasar de un promedio de 6.500 a 8.500 dólares, lo cual permite que el 75 por ciento de la población (los residentes en zonas urbanas) vayan aumentando gradualmente su demanda por este tipo de bienes de origen agrícola.

Por otra parte, tratándose de un país de tamaño medio, la producción resultante de usar los recursos disponibles para la agricultura – tierra, agua y mano de obra- de manera eficiente e integral, no solo bastará para atender el creciente consumo interno, sino además para emprender un programa de las exportaciones competitivas, como se ha intentado hacer desde hace varias décadas.

El necesario cambio tecnológico

El desarrollo agrícola colombiano ha estado muy condicionado al uso de paquetes tecnológicos provenientes de la llamada “revolución verde”, utilizando insumos químicos ligados al precio del petróleo, con el consecuente aumento de costos que acompañó al ciclo de este producto en la última década.

Por otra parte se ha dependido excesivamente de tecnologías importadas y adecuadas a condiciones agroambientales distintas de las zonas tropicales que caracterizan a Colombia.

Así las cosas, la primera condición para que Colombia de un salto en el desarrollo agropecuario consiste en emprender actividades de investigación e innovación que contribuyan a una oferta tecnológica propicia para las distintas condiciones agroambientales de las regiones. Este proceso deber ser acompañado por una revisión del sistema de transferencia y asistencia técnica a los agricultores con soluciones diferentes según su tamaño.

En Colombia se ha plantado un falso dilema entre agricultura familiar o campesina y agricultura de exportación a gran escala.

En Argentina esta misión fue cumplida por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) tuvo un papel decisivo en los éxitos de ese país. Así las cosas, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) debería ser fortalecida para ser el eje de esta nueva revolución tecnológica. La labor de esta entidad debe concentrarse en los cultivos promisorios donde los centros privados o internacionales de investigación no sean suficientes.

Falso dilema

En Colombia se ha plantado un falso dilema entre agricultura familiar o campesina y agricultura de exportación a gran escala. Este dilema surgió a raíz de la discusión sobre el uso de los baldíos, prosperó con los paros agrarios y es parte del debate de las negociaciones de paz.

En primer lugar, el país tiene experiencias contundentes para probar que las agro-exportaciones no dependen de las grandes propiedades. Para no mencionar el ejemplo del café, se da el caso de pequeños productores de palma asociados bajo una administración y con tecnologías adecuadas para operar explotaciones eficientes y rentables.

En segundo lugar, la gran escala es importante en algunos cultivos (como el banano o la palma) pero en el caso de otros no lo es (las frutas, las hortalizas o el café).

Por eso se importante promover ambos modelos, que ya coexisten en ciertas regiones, asegurando las condiciones de mercado, tecnología y administración moderna que requieren las explotaciones de tamaños distintos.

Papel del Estado

Surge aquí la pregunta sobre cómo el Estado puede estimular la iniciativa privada y al mismo tiempo proveer a las distintas explotaciones agrícolas de los bienes que el mercado no provee espontáneamente. En el argot de los economistas: ¿cuáles son los bienes públicos y externalidades positivas que el Estado debe garantizar para el avance sostenido de los emprendimientos agrícolas?

– La reglamentación sobre baldíos debería propiciar el uso de la tierra para los cultivos y tamaños que en cada caso resulten más eficientes, lo cual no implica desatender al interés prioritario de los pequeños productores.

– La experiencia internacional muestra también que la provisión de infraestructura física es fundamental, comenzado por la red de carreteras terciarias como indica un estudio reciente de Fedesarrollo.

– La información sobre mercados internacionales y la disponibilidad de crédito suficiente son otros dos factores decisivos para el éxito donde el Estado debe estar muy presente.

Lo anterior supone mejor coordinación entre las instancias del Estado que diseñan y ejecutan las políticas, pues hoy de hecho se desconocen mutuamente.  De especial interés en este punto es la concertación permanente entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para impulsar los que se han considerado como “sectores de talla mundial”.

Ajuste institucional

Es importante evitar que las negociaciones de paz alimenten la falsa idea de que la agricultura campesina es incompatible con la agricultura comercial de exportación.

Los paros agrarios han puesto de presente la escasa representatividad de algunos de los gremios del sector, y aún la de los partidos políticos, para servir como interlocutores entre los pobladores del campo y el Estado. El gobierno nacional ha dialogado con actores nuevos y sin representatividad consolidada.

Por eso mismo tanto el sector público como el privado deben revisar la institucionalidad, los instrumentos de política y las capacidades de las entidades del Estado para atender con solvencia las nuevas necesidades y los retos de la innovación productiva y de gestión propios de una nueva agricultura.

Corto plazo y largo plazo

Tanto el prolongado paro agrario del año pasado como el menos traumático de las últimas semanas han girado alrededor de una serie diversa de peticiones de corto y largo plazo que en nombre de los productores han formulado las llamadas “dignidades”. El número de compromisos firmados por las partes es muy elevado, lo cual dificulta un análisis cuidadoso de los resultados.

El gobierno nacional ha dialogado con actores nuevos y sin representatividad consolidada.

Hasta el momento sin embargo es bien claro que las soluciones consisten sobre todo en subsidios no condicionados. Estos subsidios producen alivios de corto plazo y no mejoran en nada las condiciones de productividad y competitividad de los cultivos involucrados. Por eso es necesario reorientar la discusión hacia el suministro de los bienes públicos que indiqué más arriba.

El paro de las últimas semanas es bastante confuso. Por una parte porque se aduce el incumplimiento en materias de mediano o largo plazo sobre las cuales no se puede improvisar. Por otra parte porque se ha incurrido en un costo fiscal para el Estado cuya eficacia debería ser evaluada. Y a esto se suma la complejidad del momento, ya en la recta final de las elecciones.

Si se pudiesen poner a un lado los intereses electorales y se atendiera más al bienestar de largo plazo de los consumidores colombianos y de los agricultores de distinto tamaño, ciertamente tendríamos que acordar un nuevo diseño de las políticas y de las instituciones que no podría ser improvisado, sino fruto de un análisis juicioso y desacalorado.

Economista de la Universidad de Antioquia con maestría de la Universidad de Strathclyde, UK, consultor económico y financiero.