Todo por su padre

Nuestra cuestionada justicia tiene la obligación moral de revisar el caso del general Uscátegui, condenado por un delito del que nunca fue responsable.

No puedo olvidar el conmovido sobresalto que me produjo aquella mañana cuando lo vi por primera vez encadenado a una verja, frente a la sede de la OEA en Bogotá. Flaco, demacrado, con un oscuro gabán, desde hacía más de una semana permanecía allí durmiendo en una carpa sobre el andén. Carteles colocados a lo largo de la reja recordaban a los transeúntes no solo la afrentosa injusticia cometida con su padre, sino también la que sufren docenas de militares víctimas de una sigilosa y feroz guerra jurídica que el país todavía ignora.

Seguí viéndolo todos los días hasta que convirtió su vigilia en una huelga de hambre. Llevaba ya ochenta horas sin probar bocado cuando su madre, movida por una repentina y alarmada premonición, se vistió y decidió verlo a las dos de la madrugada. Lo encontró sacudido por un espasmódico temblor que exigió su inmediato traslado a una clínica.

Este fue el último y desesperado recurso de los muchos que el joven José Jaime Uscátegui ha intentado para dar a conocer el dramático caso de su padre, el general Jaime Humberto Uscátegui, detenido desde hace quince años en una guarnición militar por un delito del que nunca fue responsable. José Jaime, que desde los 16 años ha compartido con los suyos esta amarga pesadilla, es el autor de un documental titulado ¿Por qué lloró el general?, destinado a las redes sociales y al Congreso, y ha realizado viajes a Washington y Costa Rica para solicitar la mediación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero nada ha conseguido aún.

No sobra recordar de nuevo las falsedades que han sustentado esta injusta condena. La primera es que Uscátegui nunca fue responsable por lo ocurrido en Mapiripán (masacre cometida por los paramilitares) porque este municipio no estaba bajo su jurisdicción. Dependía de la Brigada Móvil número 2 y del Batallón Joaquín París, con sede en San José del Guaviare. Así lo certificó el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en una comunicación dirigida al senador Gustavo Petro.

Segunda falsedad: no hubo una masacre en Mapiripán con saldo de 35 muertos. Se pudo comprobar que los ‘paras’ dejaron un saldo de 5 muertos y 4 desaparecidos y que muchos de los que como tales fueron invocados por el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo para hacer pagar millonarias indemnizaciones a sus familiares estaban vivos. Incluso alguno era miembro de las Farc.

La tercera falsedad corrió por cuenta del verdadero responsable del delito de omisión por no haber intervenido a tiempo para evitar la masacre de los ‘paras’: el comandante del Batallón Joaquín París, coronel Hernán Orozco. Para ocultar su culpa, decidió presentar a Uscátegui como su comandante directo.

Fueron tan evidentes estas falsedades que en noviembre del año 2007, tras un largo y dispendioso juicio de tres años, el general Uscátegui fue absuelto; en cambio Orozco, asilado en Miami, fue condenado. Con esta absolución estuvieron de acuerdo Santos, el general Bedoya, el entonces senador Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez y la periodista Salud Hernández-Mora.

¿Quién podía imaginar que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo apelara este fallo y que dos años después, de manera inconcebible, el Tribunal Superior de Bogotá, el mismo que cometiera igual injusticia con el coronel Plazas Vega, condenara a Uscátegui a 40 años de prisión?

Esta atrocidad, que envuelve en dolor y desconcierto a una familia, dura ya quince años. La angustia por que se haga justicia no deja en paz a José Jaime. Por ello, acude a todas las instancias posibles; se encadena a una reja, hace huelga de hambre y expone hasta su vida misma. Nuestra cuestionada justicia tiene la obligación moral de revisar este caso.

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