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Jueves 20 de Septiembre del 2018

Todos a una

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Mario González  |

Fecha: 07/05/2018

 

Humberto De la Calle Lombana - Foto: cnn.com

“Quieren hacer de la paz un sueño inconcluso”

Los adalides de la impunidad se han movilizado “todos a una” para procurar protección a alias “Santrich” de la solicitud de extradición que lo acecha. El candidato De la Calle prefirió sacrificar el poco respaldo popular que le quedaba para pregonar nuevamente el gastado chantaje de la paz, aduciendo que la extradición de “Santrich” provocaría el regreso de la guerra con todos sus horrores. En un tono que se quiso patriótico, nos conminó a desechar la extradición del reincidente en aras de preservar la seguridad nacional supuestamente amenazada por la recta aplicación de la justicia, y señaló que respetar la norma del acuerdo que él negoció, lograría “tirarse la paz”. Asestó letal puntillazo a su propia creatura.

Por su lado, la JEP ya había insinuado la tentación de desbordar sus competencias más allá de los límites que el acuerdo de paz le impuso, con el ánimo de desafiar todo obstáculo a su pretensión de supremacía, sin entender, presa de incontenible arrogancia, que ello le podría costar legitimidad y vida. Pretende lograrlo con el proyecto de reglamento que el gobierno presentó al Congreso, que desborda lo consignado en el Acuerdo de Paz y viola ostensiblemente el Acto Legislativo por medio del cual se creó la JEP y las normas que regulan los procedimientos aplicables a la extradición. La Constitución y el Acuerdo establecen que el único requisito que debe observarse por la JEP para entregar el caso de “Santrich” a la justicia ordinaria consiste en la certificación de que los hechos hayan ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz, mientras que en el proyecto de reglamento se extiende la competencia a requerir información de las autoridades y a ordenar la práctica de pruebas necesarias para su resolución. La exclusión a la competencia de la JEP requeriría, además, que los delitos cometidos después de la firma del acuerdo tengan una pena mínima de prisión de cuatro años o más y solo procedería una vez en firme la condena por la justicia ordinaria. La reincidencia no tendrá como consecuencia la pérdida de los beneficios y con ello se hace trizas la condición de que no se vuelva a delinquir.

Desde la Casa de Nariño se orquesta la tarea de unos y otros, hasta la de los embajadores de países garantes y de funcionarios de la ONU, siempre complacientes y unidos en la fé ideológica.

Persiguen levantar de nuevo un Leviatán de impunidad que hará de la paz un sueño inconcluso. Todos a una sólo conseguirán el derrumbe de la JEP. El nuevo presidente tendrá la tarea de restaurar la justicia. Duque y Marta Lucía lo lograrán; así lo hará saber el pueblo el 27 de mayo.

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