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Miércoles 19 de Septiembre del 2018

TODOS SOMOS EL SARGENTO GARCÍA

De aplaudir la actitud estoica de los militares que, maltratados y golpeados por los indígenas, se resistieron a usar la fuerza contra ellos.

Si los soldados hubieran reaccionado y hubiera heridos o muertos entre los agresores, el Ejército tendría ahora dos serios problemas: los procesos judiciales contra los uniformados y un daño grave a su imagen y reputación.

También fue acertada la recuperación del cerro de las Torres y el uso de policías antimotines para conseguirla.

Permitir a los indígenas quedarse hubiera sido no solo contrario a la Constitución y la soberanía del Estado, sino un mensaje de debilidad de gravísimas consecuencias. Por su lado, los antimotines tienen la preparación y la experiencia requeridas para enfrentar asonadas sin correr riesgos de exceso en el uso de la fuerza.

Y el discurso de Santos fue correcto, aunque tardío, tanto por la solidaridad con los soldados como por la advertencia a los indígenas de que no se toleraría su presencia en las bases militares.

La lista de errores es, sin embargo, muy larga.

Es inexplicable que, advertido de que se produciría el motín, el Gobierno no estuviera preparado. La salida del Comandante de la División es lastimosa pero necesaria. La imprevisión era inaceptable.

Como resultado, los soldados y el Ejército fueron sometidos a una humillación de la que no recuerdo antecedentes.

Pero más grave aún es que el Ejecutivo no haya entendido que la solución en el Cauca, como en otras áreas con presencia histórica de la guerrilla, no pasa solo por la Fuerza Pública.

Me explico: más allá de la imagen idílica que algunos tienen de los indígenas, la verdad es que la infiltración de las Farc en algunas de esas poblaciones no es nueva.

Hay más de cien órdenes de judicialización contra indígenas caucanos por pertenecer o tener vínculos con la guerrilla. Y en sus territorios florecen sin control los narcocultivos. Es claro que los indígenas se movieron azuzados por la guerrilla.

Lo que detonó sus acciones contra la Fuerza Pública fue el deseo de las Farc de frenar los efectos en la zona de la nueva estrategia, la “Espada de honor”, en virtud de la cual entraron al departamento 1.200 soldados más y se está creando un cordón militar sobre Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda y Toribío.

Como resultado, se cierran los corredores de movilidad hacia el Pacífico y se empieza a evitar la salida de coca y marihuana bajo control de las Farc.

La movilización, pues, ni es espontánea ni es resultado de que estén “cansados de la muerte” y del conflicto, aunque todos lo estemos.

Pero a los soldados y policías no se les puede pedir todo. Hay que acompañarlos con infraestructura, con salud y educación, con incentivos para la pequeña empresa, con programas efectivos de sustitución de cultivos y estímulos al agro, con justicia pronta que resuelva las tradicionales tensiones por tierra entre indígenas, afros y mestizos.

Es decir, con presencia integral de todo el Estado. Hay que recuperar, y en muchos casos empezar por ocupar, la Colombia rural, la Colombia profunda.

Y hay que estructurar mecanismos respetuosos de diálogo con las poblaciones indígenas, tradicionalmente marginadas y con profunda desconfianza hacia el Gobierno, siempre que ellas no acudan a la violencia y a las vías de hecho.

¡Al Ministerio del Interior lo cogieron, otra vez, con los pantalones abajo!

Al final, las imágenes de la agresión de los indígenas a los militares generaron paradójicos resultados positivos: por un lado, solidaridad con la Fuerza Pública; ahora todos somos el sargento García.

Por el otro, una invitación a una reflexión más honda acerca de la autonomía indígena y, respetando sus derechos, a la necesidad de consolidar un estado nacional.

Buena parte de nuestros problemas no deviene de tener un Estado muy fuerte sino de todo lo contrario: un Estado débil que no hace presencia integral a lo largo y ancho de su territorio.

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