TOMANDO NOTA

En la entrevista que le concedió el ministro del interior, Doctor Aurelio Iragorri Valencia, al periodista Yamid Amat, el alto funcionario anunció que el Gobierno presentará al próximo Congreso un proyecto de reforma política y electoral, el cual contendrá, entre otras iniciativas, la de reformar el sistema de elegir senadores de la República, para garantizar la representación de los departamentos en esa corporación.

Le entendimos al doctor Iragorri que por lo menos cada departamento deberá tener un senador, lo que equivaldría a que sobre un total de 102 senadores, se elegirían, por circunscripción regional 32 (igual al número de departamentos), y el resto, que serían 70 (68 por circunscripción nacional y 2, por circunscripción especial de los indígenas).

Según el vocero del Gobierno, el sistema de circunscripción nacional para elegir buena parte de los senadores debe mantenerse, en aras de garantizar la representación de las minorías políticas. Siendo loable propender porque las minorías tengan una justa representación en las Cámaras legislativas, vale la pena apuntar, sin embargo, que si una de las razones para  oponerse a esa forma de elección es que ella ha servido para fomentar la corrupción electoral, mediante la compra de votos en el amplio mercado de la circunscripción nacional, en cuyo espectro “don dinero” se ha convertido en el gran elector, poco favor se les hace a las minorías ponerlas a emular, en circunstancias tan notoriamente críticas, con los partidos mayoritarios.

En nuestra opinión, el acceso democrático de las minorías se podrá garantizar de mejor manera si el sistema de circunscripción nacional se mantiene solo para ellas, sobre la base del cupo de senadores y representantes que le corresponda elegir, teniendo como base para tales  efectos el número de curules obtenidas en la elección inmediatamente anterior.

Creemos que la circunscripción regional para integrar la mayor parte del Senado tiene, en cambio, justificación más poderosa, por cuanto a través de ella se preserva la unidad nacional, la cual se ha puesto en alto riesgo desde cuando los constituyentes de 1991, mediante el sistema electoral que crearon, les quitaron el derecho de representación política que tuvieron per se las provincias, o los Estados soberanos o los actuales departamentos (como entes regionales), para hacer parte  del Senado.

Hoy no tenemos un Senado de la República sino de parte de ella. En efecto, según los resultados de las elecciones del pasado mes de marzo, doce departamentos: varios de ellos, de frontera, no tienen representación en dicha corporación.

De tiempo atrás hemos llamado la atención sobre asunto tan delicado, el cual se vuelve de especial gravedad en el caso de San Andrés y Providencia y de otros departamentos de frontera. Por ello, el derecho de representación política de los entes departamentales se convierte en un imperativo patriótico insoslayable.

“Queda abierto el debate”,  diríamos desde el Congreso…..

edmundolopezg@hotmail.com

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