Confusa y desordenada es la contienda entre el Fiscal, el Congreso y el Gobierno a propósito del proyecto de equilibrio de poderes.
El espectáculo de la contienda enardecida del Fiscal General de la Nación con el Congreso de la República y no poco con el Gobierno Nacional, a propósito del proyecto conocido con el nombre de equilibrio de poderes, da la sensación de revivir, por su confusión y desorden, el espectro de la figura mítica de la torre de Babel. En efecto, en la hipótesis de que se aprobara ese proyecto por el Congreso de la República, se anticipa a anunciar que no vacilaría él en demandarlo por inconstitucional ante el tribunal competente.
En su lugar, propone una asamblea constituyente limitada, con participación de las Farc, si en los demás puntos llegan a acuerdo satisfactorio con la legalidad democrática, partiendo de la premisa de que el avenimiento no sería viable mientras no se les hiciera esta expresa concesión. Pero no solo le arma camorra al Congreso, en colérica respuesta a agravios reales o supuestos de algunos de sus miembros según su propia versión, sino que da trazas de pretender sustituir, en este preciso aspecto, la función negociadora del Jefe de Estado y cerrar de una vez esa puerta de controversia, accediendo por anticipado a una de sus más encarecidas aspiraciones y demandas.
Tan erudito y brillante como es el señor fiscal de la Nación, Eduardo Montealegre, frecuentemente se le va la lengua y atiza el fuego de la reyerta, en lugar de contribuir a conciliarla o amortiguarla. Su misión parece concretarse en acusar, literalmente en aras del sistema penal acusatorio, que definitivamente toma muy a pecho, practicándolo a diestra y siniestra. Sin embargo, en este punto va mucho más allá. Tanto que parecería inútil seguir despachando en La Habana otros aspectos escabrosos del programa original. Ni más ni menos, con la constituyente en principio limitada, se les facilitaría la posibilidad de ir construyendo, como protagonistas, el país de sus sueños. ¿Para qué más?
Hay un flanco peligrosamente vulnerable: el del narcotráfico, que tanta sangre y lágrimas le ha costado Colombia. Por las reacciones mortales cuandoquiera se penetra en sus territorios o corredores, es de suponer que continúa siendo tema muy sensible a sus inquietudes de financiamiento y a sus redes. Incluso cuando fuerzas de nuestro Ejército Nacional incursionan, inadvertidamente, por sus zonas de peligro.
A la memoria vienen los hechos más recientes: la toma de la isla de Gorgona o los once soldados masacrados mientras dormían en un campo deportivo en el norte del Cauca, o los despliegues de sus fuerzas de tarea en el Catatumbo. El financiamiento revolucionario también podría satisfacerse haciéndose de la vista gorda a los cultivos de coca y amapola y a sus ulteriores procesos industriales y comerciales.
Asimismo, los insurgentes se preocupan por el costo del posconflicto y se sienten con la repuesta a la mano. Simplemente se trataría de cambiar sus necesidades y objetivos, pasando de los apremios del conflicto a las presuntas delicias de la paz. Preservando, eso sí, la fuente financiera del narcotráfico, legalizado o tolerado. El rompecabezas del costo del posconflicto quedaría resuelto manteniendo simplemente los mecanismos utilizados para alzarse y mantenerse en armas. Al Gobierno se le facilitaría igualmente el manejo del costo fiscal y financiero con esta clase de artilugios, pero correría el riesgo impensable del aislamiento de la comunidad internacional.
Obviamente, corresponde al Congreso de la República guarecerse de críticas acerbas con el escudo de su rectitud democrática y a la Rama Judicial brillar por la diafanidad de su comportamiento, bregando por que nada lo manche y por que caiga todo el peso de la ley sobre sus ovejas descarriadas.
