Martes 24 de Octubre del 2017

Tres columnas sobre la paz

Con motivo del proceso de “paz” con las Farc se ha desatado un intenso debate nacional, con ideas, reflexiones, propuestas, contrapropuestas. Quiero comentar, hilvanándolas, tres columnas o artículos que me han llamado la atención.

 

Eduardo Posada Carbó es uno de los intelectuales más respetables del país, así uno no siempre comparta sus apreciaciones. Desde hace tiempo viene insistiendo en la necesidad de un gran acuerdo nacional acerca del problema de la violencia y la manera de enfrentarla en el país. En su última columna en El Tiempo (septiembre 6), a la vez que ofrece su respaldo al proceso de paz que ha lanzado el presidente Santos, no deja de lamentarse de que no haya contado con un consenso previo básico que le sirviera de soporte.

 

Es sí de lamentar que este proceso hubiese arrancado sin un previo acuerdo entre todos los principales movimientos políticos del país –reconoce Posada Carbó-. No se sabe si hubo intentos de acercamiento entre el Presidente y su antecesor, el nuevo jefe de la oposición. Lo notable es el distanciamiento entre ambos líderes, profundizado, paradójicamente, por los anuncios de paz en un ambiente donde se mantiene viva la crispación. Un acuerdo político, la "paz antes de la paz" sobre la que he insistido en estas columnas, fortalecería aún más la posición del Estado en la mesa negociadora.

 

Sí, deplorable. Durante dos años Santos engañó al país, mientras mantenía contactos intensos con las Farc. En lugar de propiciar un pacto nacional se dedicó a desmontar el que ya existía y había sido aplicado con éxito en el caso de la desmovilización de los paramilitares: no aceptar discutir la agenda del país con los terroristas, simplemente exigir su desarme y reinserción; otorgando, claro está, un tratamiento generoso en cuanto a las penas, a cambio de verdad, justicia y reparación. De ninguna manera se aceptaba que la impunidad pudiera ser el precio a pagar por el desarme de los grupos ilegales. La Ley de Justicia y Paz encarnaba esos principios y fue concebida no solo para los paramilitares sino también para la guerrilla; de hecho un cierto número de guerrilleros desmovilizados se han acogido a ella. Como sabemos, incluso el presidente Uribe desde 2002 aceptó que la vigencia del Tratado de Roma se pospusiera hasta 2009 para abrir paso a un posible acuerdo con las guerrillas, donde cabían todavía amnistía e indulto. Pero a partir de esta fecha, y por la negativa de los alzados a dejar los fusiles, las previsiones de Roma tienen plena vigencia y no es posible evadirlas. Esos dos pilares, Ley de Justicia y Paz y Tratado de Roma, constituyeron desde entonces el consenso mínimo de la sociedad para abocar cualquier diálogo o negociación con grupos armados ilegales.

 

Para Santos esas disposiciones eran una talanquera que había que remover. A tal fin se dedicó con empeño durante los dos años pasados. Mientras predicaba desde su posesión que no dialogaría con los terroristas en tanto éstos no abandonaran sus prácticas atroces, como el secuestro, el reclutamiento de menores, la colocación de minas antipersonal, entre otras exigencias, conversaba con ellos a hurtadillas, a la par que se dedicaba con afán a derruir el consenso existente, en el convencimiento estúpido de que si a la guerrilla no se le ofrece impunidad y poder no es posible pactar su desistimiento de la vía armada. En tal sentido impuso por vía legislativa la existencia de un “conflicto armado interno” -elevando la guerrilla a la categoría de parte igual a las fuerzas armadas y dándole reconocimiento político, borrando su categorización de terrorista-; y con el Marco Jurídico para la Paz (o Impunidad), abrió boquetes monumentales a los principios de verdad, justicia y reparación de la llamada “justicia transicional”, y a las previsiones del Tratado de Roma sobre imposibilidad de amnistías e indultos a los autores de genocidios, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Del mismo modo dio largas al pleno restablecimiento del fuero militar y, para congraciarse con la guerrilla y Chávez, dejó tirado el acuerdo militar con los Estados Unidos.

 

¿Cómo abogar por el respaldo a un proceso de “paz” sobre semejantes bases? ¿Quién rompió el consenso nacional existente? ¿Cómo llamar a la solidaridad nacional alrededor de un proceso engañoso, que no fue pactado de cara al país sino anunciado como un hecho cumplido, y viola los más elementales preceptos democráticos y de justicia? La paz es muy importante, pero de ninguna manera podemos aceptar que -como lo sugiere Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema de Justicia- “está por encima de todo”. ¿Entonces se puede burlar a las víctimas y aceptar la impunidad de la guerrilla, saltando por encima de la justicia? ¿Y se puede evadir la confesión de todos –absolutamente todos, como se estableció en la Ley de Justicia y Paz- los crímenes de la guerrilla, a cambio de una fastuosa Comisión de la Verdad que, de pronto, resulte condenado al Estado y la sociedad civil y exonerando a los narcoterroristas? ¿Y se puede evadir la reparación de las víctimas por sus victimarios? Para poner unos ejemplos de lo que está anunciado.

 

En un reciente escrito (El País, agosto 31) el estudioso Gustavo Duncan advierte el desequilibrio entre el proceso actual y el pasado de Ralito. En este último centenares de jefes paramilitares pagaron –y siguen pagando- cárcel, empiezan a surtirse condenas, confesaron miles de delitos, algunos terminaron con sus huesos en cárceles norteamericanas, se prohibió cualquier participación futura en política, ningún tema diferente a su desmovilización fue discutido, y además se procedió a la judicialización de la denominada “para-política”, que tiene tras las rejas a decenas y decenas de congresistas, funcionarios públicos, empresarios, etc. Amén de que no pocos militares y policías han sido acusados y juzgados por presuntos o reales delitos cometidos durante “el conflicto”. Ahora se ofrece a las Farc todo lo contrario. Duncan sugiere una salida salomónica para balancear las cargas: “Un indulto generalizado, o al menos equivalente al que reciban los mandos y los soportes políticos y logísticos de la guerrilla, debería ser su contrapropuesta.” Estimado señor Duncan: primero que todo, afortunadamente, ya ni la sociedad nuestra ni la comunidad internacional aceptan indultos, generalizados o no; segundo, la propuesta llega tarde. Tarde porque la mayoría de los paramilitares, los para-políticos, y muchos militares ya fueron escarnecidos, juzgados, condenados, extraditados, pagaron cárcel, etc. Ya no es posible devolverse. En cambio los guerrilleros que pacten la “paz” sí recibirán los beneficios sin atenuantes. El único equilibrio posible es que a la guerrilla se le aplique la misma dosis que a los paramilitares.

 

Duncan habla no solo de los “mandos” de la guerrilla, sino de sus “soportes políticos”, para que reciban un trato “equivalente” de impunidad. ¿Qué sentido tiene, en un país donde, por determinación de las mismas altas Cortes no ha podido adelantarse la llamada “farc-política”? Esos soportes políticos ya están amnistiados e indultados por anticipado. En cambio siguen reactivándose y reviviéndose procesos judiciales por la “para-política”, a diario, y no cesan las imputaciones, señalamientos y condenas contra militares y policías. La doble moral en el tratamiento sigue ahondándose en lugar de atenuarse, y seguramente se acentuará como se avizora en el pacto de La Habana. El desequilibrio es repugnante.

 

Ya no es posible un consenso alrededor de este proceso de paz. Y tal como está concebido no sabemos qué será peor, si su fracaso o su éxito. Si logra su cometido, de acuerdo a los parámetros que fueron acordados en La Habana, y como lo viene exigiendo la contraparte del gobierno, podremos esperar, como se dijo luego de la Guerra de los Mil Días: llegó la paz “con todos sus horrores”. Timochencko y Cia. amnistiados e indultados (con otros nombre) en el Congreso (y otros cargos públicos) a la cabeza de la bancada de la Marcha Patriótica –elegida con el proselitismo armado de las Farc- imponiendo su intimidatorio desiderátum; una Comisión de la Verdad designada para esclarecer el papel del paramilitarismo, el Estado, los militares, en la violencia de las últimas décadas (más no el de la guerrilla), como está escrito en el documento habanero; los colectivos y comisiones de sórdidos abogados urdiendo cuanto proceso contra los “enemigos de la paz”, empezando por Uribe a quien pretenden llevar a la cárcel o extraditar (como acaban de anunciarlo los voceros de las Farc en Cuba, sin ninguna réplica por parte del gobierno); en desarrollo una reforma agraria radical destinada a arrebatar a los legítimos propietarios sus tierras para repartirlas según los cánones de los insurrectos; un proceso en ciernes de legalización de la droga, tema en el cual coinciden Santos y el cartel de las Farc. Eso es lo que se anuncia, no nos digamos mentiras, “el fin del fin”.

 

Pero si el proceso fracasa, no queda más que volver, de manera enfática y sin reversa al anterior consenso. Alfredo Rangel, el más reconocido experto en seguridad del país lo ha expresado en su último escrito, titulado “Replantear la paz”, de manera cabal y concluyente. Parte Rangel de un presupuesto simple, que demuestra con razones múltiples: el diálogo, el ofrecimiento permanente de buscar “la solución negociada del conflicto”, ha sido uno de los motivos más poderosos para prolongar la violencia.

 

“…La inamovible certeza de que la mesa de negociación será al final del día el escenario inevitable de la terminación del conflicto, les otorga a los terroristas ventajas no muy bien advertidas por la opinión pública, y coloca a la sociedad y al Estado en una situación muy vulnerable. Esta certeza ha sido un factor crítico que ha favorecido la prolongación del conflicto y su abominable degradación.

 

El principio rector del acuerdo –urgido por tanto tiempo por Posada Carbó- es sencillo: convenir que no habrá más diálogos ni negociaciones alrededor de nada distinto a la desmovilización y desarme de las fuerzas al margen de la ley. Su presupuesto es sencillo y diametralmente opuesto al del gobierno actual y al esgrimido por el presidente de la CSJ: “En aras de la paz –expresa Rangel- no todo es posible ni aceptable.” Hay límites infranqueables en cuanto a principios tutelares de la democracia, la justicia y la libertad que no son negociables, que el autor enumera con precisión. Los diálogos y ofertas de negociación y beneficios desaparecerían y por tanto el estímulo para seguir delinquiendo, que tiene en ellos un soporte importante. Remata el analista:

“En términos llanos, el Estado y la sociedad les deben presentar a las guerrillas un ultimátum. Fijar un plazo razonable para que esos grupos armados valoren una última oferta de diálogo, y tomen una decisión colectiva. Esta oferta debería establecer un plazo para iniciar diálogos y llegar a acuerdos definitivos con el Gobierno a partir de un cese al fuego de los terroristas que sea unilateral, incondicional, permanente y verificable. (…) La agenda de la negociación estaría limitada a establecer las condiciones para la desmovilización, el desarme y la reinserción de la guerrilla a la sociedad. De ninguna manera se discutirían en la mesa de conversaciones las reformas económicas, políticas o sociales que el país requiere (…). Si los terroristas se niegan a aceptar este último ofrecimiento del Estado, la opción de las conversaciones de paz desaparecerá para siempre del escenario nacional y en adelante a las guerrillas sólo les quedará la alternativa de someterse a la Ley, de manera individual o colectiva. (…) La persistencia de la violencia dejaría de tener objeto una vez descartada tanto la opción de toma violenta del poder, como también la continuación del terrorismo para lograr ganancias futuras por medio de diálogos de paz.”

 

Claro, conciso, contundente.

 

 

* Director del Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

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