Viernes 24 de Noviembre del 2017

¿Tribunal de Justicia o Comité de Salud Pública?

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Alberto Abello  |

Fecha: 22/01/2017

 

Fiscal General Néstor Humberto Martínez - Foto: 360radio.com.co

Entre los que han leído el II acuerdo del gobierno con las Frac, existen serias y notables divergencias, sobre los alcances que tendrá en la praxis la creación del Tribunal Especial de Paz, que tiene un inconfundible tufillo estalinista y al rastrear la genealogía de la institución los lleva a rememorar el famoso Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa.

Los partidarios más entusiastas del mentado Tribunal se insiste en señalar que dicha institución lo único que busca es esclarecer desde lo jurídico las injusticias cometidas y conocer los actores determinantes de la violencia colombiana en el medio siglo, para juzgar de manera ejemplar a unos cuantos. Sostienen que para cumplir ese objetivo el JEP debe estar por encima de las demás instancias judiciales. Por supuesto que ello descalabra el Estado de Derecho y sin antecedentes en el sistema judicial del país. Lo mismo que los inconducentes fallos de la Corte Constitucional que a solicitud del Ejecutivo, en nombre de la paz, violan la Constitución y se apartan del derecho escrito; en contradicción con las admoniciones de Don Andrés Bello a favor de respetar la ley y juzgar de acuerdo a los dictados de la misma.

Los contrarios están cada vez más preocupados en cuanto sospechan que como ese Tribunal carece de antecedentes en la historia nacional e internacional, se convertirá en una espada de Damocles para la sociedad y el sistema. Aseguran, además, que el Comité de Salud Pública se conforma cuando los sans-culottes descontentos por la lentitud de la lucha contra el antiguo régimen, resuelven impulsar la revolución y mandar a la guillotina al Rey Luis XVI, su esposa María Luisa y gran parte de la nobleza .No le valió de nada al monarca contemporizar con los revolucionarios, ni ponerse el gorro frigio símbolo de los revolucionarios y de la igualdad, ni hacer toda suerte de concesiones al mismo tiempo que conspiraba contra los jefes políticos que en las calles reclamaban un baño de sangre en los tumultos que se formaban a diario.

Al parecer, del lado de los realistas solamente un hombre de inmenso talento y tres en conducta, mujeriego, fabulador y erudito, conocido por la historia como el conde de Mirabeau, tenía las condiciones para domesticar o derrotar a los extremistas. Tal como lo demostró en sus intervenciones brillantes y tormentosas en la Asamblea, en la que se daba el lujo de propinar latigazos verbales a personajes como Robespierre, que se arrugaban frente al poder de su irresistible dialéctica y elocuencia.

Mas al fin y al cabo los extremistas e incendiarios de la Revolución utilizaron al Rey para acrecentar su poder y se valieron de los Estados Generales para subvertir el orden, lo mismo que de los aristócratas que traicionaban a su clase para ponerse al servicio de su proyecto político, hasta que consiguen crear el Comité de Salud Pública, que, en apariencia, intenta preservar la integridad social del proyecto burgués, cuando en realidad desatan los episodios más sangrientos de la revolución, incentivada la causa en extremo por el odio de clases. Y con su mentalidad envenenada conducen la revolución al fracaso.

En el caso colombiano en el II Acuerdo de La Habana el Gobierno premia a los alzados en armas que son amnistiados y se les condonan sus crímenes, al tiempo que se conforma un Tribunal que puede derivar o no en un Comité De Salud Pública.

El señor Fiscal General Néstor Humberto Martínez, en nombre de la Nación y la autoridad que representa, expresó en la Cámara de Representantes su honda inquietud por lo que se puede llamar los desvaríos y falencias judiciales del II Acuerdo de La Habana. Argumentos profundos que de manera inquietante no fueron atendidos por los legisladores, que pareciera que a imitación del desgraciado Rey francés juegan a ponerse la casaca de los enemigos del sistema. No enmendar las peligrosas disposiciones del Acuerdo es un grave atentado del Congreso contra la democracia…

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