Una vía nacional, entre las dos ciudades principales del país, es escenario de un derrumbe rodeado de muerte y dolor, causado por canteras al parecer ilegales. Jornada aciaga y triste para Antioquia.

Los señalamientos están hechos: dentro de las principales causas del derrumbe ocurrido ayer a doce kilómetros de Medellín, en la vía a Bogotá, se encuentra la explotación de minerales por parte de varias canteras, algunas de ellas ilegales. Cuáles tengan mayor o menor incidencia, o ninguna, y cuáles al final presenten documentos en regla, será un asunto que deben verificar, con todo rigor, las autoridades de Copacabana, el Departamento y la Nación. Una tragedia de tales proporciones no puede quedarse en el luto y, luego, solo en la memoria de las familias de las víctimas.

En la misma zona, en el perímetro de esta carretera nacional, muy cerca en el tiempo y con causantes similares, está la avalancha ocurrida en el barrio La Gabriela, en Bello, en diciembre de 2010, que dejó 80 muertos y 222 damnificados. En este episodio, hasta anoche, iban 6 muertos y 11 desaparecidos, entre ellos obreros de una de las canteras que bordean la autopista.

Las fotografías de EL COLOMBIANO enseñan el desprendimiento de 60 mil metros cúbicos de tierra. Una mancha café esparcida sobre la pendiente y cuatro carriles, que arrastró maquinaria pesada, vehículos, trabajadores y algunos pasajeros de automotores que cruzaban por aquel tramo a las 8:00 a.m. Un alud que produjo una jornada de desgracia.

Antioquia y el Área Metropolitana no pueden permitirse siniestros de esta magnitud y características, con muertos, heridos y daños cuantiosos para los particulares y el patrimonio público. A las pérdidas humanas, que son las más lamentables e irreparables, se suma el cierre de esta ruta esencial del transporte de cargas y pasajeros entre las dos principales ciudades del país.

Un bloqueo crítico que puede demorar tres días y que obliga a desviar el tráfico vehicular a rutas como Cisneros – Puerto Berrío, la vía a Las Palmas, Santa Elena, La Loma del Escobero y las viejas rutas por el departamento de Caldas. Un caos de movilidad tremendo causado por la irresponsabilidad de la cual se sindica a empresarios que extraían materiales sin las licencias y las técnicas requeridas. ¿Cuánta informalidad e ilegalidad encierra el desastre? Esa es la respuesta que exige la ciudadanía a las entidades competentes.

Son numerosas las denuncias sobre el deterioro medioambiental, terrestre y aéreo, que generan las explotaciones del subsuelo en el país sin cumplir las normas, y este episodio muestra que tal amenaza se cierne incluso sobre centros urbanos capitales, por supuesto densamente poblados y transitados.

El alud en El Cabuyal pudo tener efectos más catastróficos, en una vía por la cual cruzan a diario miles de viajeros entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, y otros cientos con itinerarios nacionales y paso por Bogotá.

Este diario acudió a imágenes satelitales que evidencian la manera en que las canteras de la zona erosionaron y deterioraron lo alto de la montaña los últimos siete años. Son patéticos el socavamiento y la deforestación del terreno, a niveles críticos, y es en ese contexto que pueden colegirse el aumento de la inestabilidad y el riesgo creciente que trajo la extracción de materiales.

El malestar, la muerte y el desconcierto arrastrados por este derrumbe, sobre Antioquia, no pueden quedarse en enunciados. Alguien debe responder. Ello debe servir también para que en adelante la mano dura de las autoridades se sienta y se eviten tragedias tan anunciadas.