Un crimen y muchas preguntas

El asesinato de Londoño es un duro revés al propósito de esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez H.

El asesinato de Ignacio Londoño Zabala, controvertido abogado avenido a flamante candidato a la alcaldía de Cartago (por cierto, uno de los pueblos más afectados por la violencia y el poder corruptor del narcotráfico en las últimas décadas), es uno de esos crímenes que deben llamar a la sociedad y la justicia a una profunda reflexión. Y es que con la desaparición de este polémico delfín de una poderosa casa política del Valle se va también la posibilidad de establecer la verdad en varios de los más oscuros capítulos de la historia del país, en medio de una indolencia judicial por lo menos desconcertante.

Londoño se movió a lo largo de toda su vida en dudosas y oscuras aguas en las que, según varios expedientes judiciales, confluyeron narcotráfico y política. De hecho, la primera hipótesis de las autoridades que investigan el crimen, cometido el pasado lunes por dos sicarios, apunta a que fue una víctima más de los ajustes de cuentas entre los rezagos de los clanes mafiosos que durante décadas mandaron en el norte del Valle, a los que, por demás, prestó sus servicios como abogado.

Mencionado repetidamente en los expedientes del proceso 8.000, logró salir indemne de esas investigaciones de mediados de los 90. De manera extraña, por decir lo menos, Ignacio Londoño Zabala capoteó la justicia a lo largo de 20 años a pesar de que en su contra pesaron siempre gravísimos señalamientos que lo ponían, además, como ficha clave en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Controversial en la política, vertical en sus posiciones y sin miramientos a la hora de denunciar, bien desde una curul en el Congreso o, sobre todo, desde su trinchera periodística, el nombre de Álvaro Gómez se sumó en 1995 a la lista de colombianos inmolados por no transigir en la defensa de sus convicciones morales. El suyo es otro nombre más entre los magnicidios no esclarecidos en la historia colombiana. En noviembre próximo el caso podría prescribir, pues se cumplen 20 años desde el crimen, sin que la justicia haya avanzado en la búsqueda de los que dieron la orden de acabar con su vida.

Precisamente, fue Ignacio Londoño uno de los favorecidos con la paquidermia de esta y las anteriores administraciones de la Fiscalía que adelantaron las investigaciones del caso Gómez Hurtado. Si bien había sido llamado a indagatoria por los señalamientos que en su momento le hizo el capo ‘Rasguño’ sobre su supuesto papel en la intermediación del magnicidio –que habría sido cometido por sicarios del cartel del norte del Valle–, el curso del proceso en su contra no daba para anticipar mayores sobresaltos. Tanto así que este año decidió volver a la política –había aspirado a la Cámara en 1994– a pesar de todas las sombras en su trayectoria.

La familia de Gómez Hurtado ha denunciado que el asesinato de Londoño blindará aún con mayor impunidad a los que estuvieron detrás del magnicidio. Ahora, la Fiscalía de Eduardo Montealegre –cuyas decisiones en el curso de la investigación han sido polémicas– tiene un nuevo reto. No solo impedir que el caso Gómez se hunda para siempre en el marasmo de incompetencia judicial, sino esclarecer cuanto antes la muerte de uno de esos hombres de los que sin duda se puede afirmar que sabían demasiado, pero cuyos secretos la justicia colombiana nunca se interesó en develar.

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