El 3 de junio de este año la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas de su trabajo en los últimos cuatro años bajo la dirección de Eduardo Montealegre Lynett.

En un llamativo informe el ente investigador destacó los casos que considera sus grandes éxitos, hace un autobalance de la gestión del Fiscal y explica que su legado fue dejar una Fiscalía moderna preparada para el siglo XXI.

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Ahora bien, una lectura cuidadosa del rimbombante reporte de 392 páginas muestra que el informe y la realidad viven en dos países diferentes.

Uno de los resultados que destaca el documento con más ímpetu es el fortalecimiento presupuestal y la forma como se invirtieron los recursos durante esta administración. Dice el informe que entre 2012 y 2016 el rubro asignado a la institución tuvo un incremento del 59,8% y el presupuesto para los gastos de inversión aumentó en un 24,5%. (Ver La Fiscalía del Siglo XXI páginas 302 y 303)

Muy importante.

Sin embargo lo que omite el documento es el despilfarro que se presentó en el manejo de buena parte de esos recursos.

La muestra más clara son los 31.245 millones de pesos que el doctor Montealegre invirtió entre 2014 y 2015 en su proyecto bandera denominado la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia, más conocida como la Universidad de la Fiscalía. (Ver Plan de Desarrollo de la CIJ página 21)

Una platica.

La institución que fue lanzada con bombos y platillos en julio de 2014, fue cerrada dos años después por peleas entre el fiscal y el rector que había nombrado Montealegre para dirigir el ente educativo. Según el rector, el problema empezó cuando se negó a contratar a dedo personas enviadas por el doctor Montealegre. (Oír Crisis inició porque no contraté a recomendados de fiscal: rector)

Que legado.

El informe tampoco menciona que de los $21.321 millones de pesos que pagó a contratistas externos el ente investigador en el 2015, más de $4 mil millones, casi el 20 por ciento del presupuesto total, fueron designados a dedo en varios contratos para la empresa de Natalia Springer. (Ver Contrato Fiscalía por 3.085.600.000)

Lo peor es que los reportes y resultados finales de esa contratación con la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S. siguen siendo un misterio y los entregables que se conocieron públicamente demostraron ser bastante deficientes.

Pero no es el único.

Otra onerosa contratación fue la del controversial juez español Baltasar Garzón, por 1.380 millones de pesos, firmados entre 2013 y 2014, para “apoyar al despacho del fiscal en la investigación penal de la microcriminalidad en contextos de justicia transicional”. Los resultados de esa inversión también son inciertos.

La nomina paralela del fiscal Montealegre, que obviamente no se menciona en el informe de su legado, muestra que son más de 20 asesores cercanos a Montealegre con quienes el organismo investigativo firmó contratos directos por más de $10.000 millones de pesos. (Ver ¿Quiénes recibieron contratos directos de la Fiscalía?)

En esas se incluyen asesorías tan polémicas como las de los exmagistrados del Consejo de Estado que votaron a favor de la prórroga del periodo de Montealegre en la Fiscalía. La doctora Berta Lucía Ramírez se llevó un contrato de 345 millones y el doctor Alfonso Vargas uno de 517 millones de pesos, como quien dice, agradeciendo el votico.

Sin embargo, el reporte del Fiscal ignora todo esto y por el contrario saca pecho diciendo que “después de cuatro años de gestión, podemos afirmar con seguridad que, aunque recibimos una Entidad que amenazaba ruina, le estamos entregando al país una Entidad renovada (…) Un referente exitoso para nuestra región y el mundo en materia de lucha contra la criminalidad.” (Ver Informe Cuatrienio 2012 – 2016)

No es de extrañar.

El doctor Montealegre nunca ha ahorrado a la hora de engrandecer sus logros y este reporte no es la excepción.

Pero la realidad, no escrita por él, muestra que el fiscal utilizó esos cuatro años para impartir justicia con criterios políticos, ganarse a magistrados y periodistas a cambio de contratos y dejar una institución desprestigiada por la forma de trabajo en función de los titulares de prensa y no del balance de la justicia. Ese es el verdadero legado de su Fiscalía del siglo XXI.