Sin medidas de fondo, la minería ilegal seguirá siendo un factor de gravísimo deterioro ambiental.

Cauca, Antioquia, Chocó, los Santanderes, Amazonas, Guainía, Putumayo, Valle, Vichada, Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Vaupés, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Risaralda, Caldas y Caquetá… En 21 de los 32 departamentos hay organizaciones delincuenciales dedicadas a sacar de las entrañas del país todo tipo de minerales, acudiendo a mecanismos ilícitos y altamente nocivos para la salud humana y el medioambiente.

Es una realidad alarmante que el cianuro y el mercurio que usan las bandas criminales y los frentes 6, 16, 29 y 30 de las Farc para decantar el oro de los aluviones en decenas de municipios ya empezaron a alterar la cadena reproductiva de los animales de caza y de la pesca. De hecho, la Fiscalía le acaba de pedir ayuda al Ministerio de Salud para que atienda a indígenas del Amazonas que vienen consumiendo especies envenenadas.

Todo ello está pasando ante los ojos de las autoridades locales y nacionales, que aún no han tomado medidas de fondo para frenar esta tragedia silenciosa. Las cifras de la Fiscalía, reveladas por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO este fin de semana, son escalofriantes: hay 6.450 investigaciones sobre minería ilegal abiertas por esa entidad en los últimos meses. Hay 512 procesos por extracción ilícita de oro, 124 por carbón, 200 por canteras, 13 por coltán, uno por mercurio y 124 por otros materiales.

En este último renglón aparece incluso un proceso por la extracción de uranio (material radiactivo controlado internacionalmente) en yacimientos ocultos en la selva del Guainía, que ya puso los ojos de autoridades extranjeras en este fenómeno que pareciera habernos tomado por sorpresa.

El negocio es tan lucrativo que las bandas y las guerrillas lo están alternando con el narcotráfico. Cálculos conservadores señalan que la explotación ilegal de oro en Colombia mueve alrededor de 45.000 millones de pesos al mes. Y lo que es más grave: hay evidencia de que muchos se amparan en títulos mineros artesanales y en licencias gubernamentales otorgadas legalmente, sin que ninguna autoridad las audite y denuncie sus excesos.

Ya hay esfuerzos conjuntos de Fiscalía, Policía, Fuerza Aérea y Armada Nacional para frenar el envenenamiento del suelo y del subsuelo y para poner a buen recaudo a los miembros de las organizaciones que los están desangrando. Pero es preocupante saber que en estos operativos también han caído extranjeros y algunos miembros de la Fuerza Pública que omiten actuar, silenciados por sobornos.

Las fotos aéreas de las zonas afectadas, conocidas por este diario, son aterradoras y evidencian que este flagelo está hiriendo de muerte nuestra geografía, lo que incluye variar el cauce de al menos 20 ríos. Y si bien las autoridades han capturado a cabecillas de varias bandas y les han incautado 11.500 millones de pesos en retroexcavadoras, dragas, bienes y dinero, es claro que lo hecho es insuficiente y que el tema debe ser incluido tanto en las agendas de paz con las guerrillas como en el posible proceso de sometimiento de las bandas criminales.

Si no se toman medidas urgentes, es posible que cuando por fin haya decisión de actuar sea demasiado tarde. Las sustancias usadas en esa tarea ilícita permanecerán por siglos en el suelo y el subsuelo, y ese será el legado para las generaciones venideras.