Un hacker multiusos

Hay razones contundentes para creer que el novelón alrededor del hacker Sepúlveda es fruto de un montaje oficial en vez de una empresa criminal del uribismo contra la paz.

Su fiel ejecutor es el Fiscal Montealegre, que se ha distinguido más por ser una ficha al servicio de los designios presidenciales que por perseguir el crimen. El mismo que defiende la idea de que ningún comandante de las Farc está condenado por delitos de lesa humanidad, de los que dijo, “no existen en nuestra legislación”.

Recordemos que ya en el camino de la segunda vuelta de las presidenciales, con un Santos perdedor en la primera y con la denuncia presentada por el expresidente Uribe ante Procuraduría por el ingreso de 12 millones de dólares a la campaña santista en 2010, Montealegre destapa el escándalo del hacker que estaba al servicio de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Para ello se valió de un hacker español que infiltró la campaña y grabó subrepticiamente un video utilizado con fines electorales. El asunto se relacionó con lo encontrado en el allanamiento a la oficina de inteligencia del ejército, llamada “Andrómeda” y ha sido aprovechado para que la Fiscalía llame a altos oficiales de inteligencia del ejército y se apreste a enjuiciar a algunos de ellos.

El Hacker fue enviado a La Picota, pero, días después y aduciendo una amenaza de muerte en su contra en dicha prisión, se ordenó su traslado al bunker de la Fiscalía. El decomiso de un revólver con el que se iría a perpretar el atentado fue desmentido por el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, lo que le costó entrar en “guerra” con Montealegre y su cargo. Varios columnistas suponemos que, una vez allí, el hacker aterrorizado por la supuesta amenaza accedió a “colaborar con la Justicia” para que le redujeran la larga pena que le iban a imponer. La revista Semana, dirigida por el leal sobrino del presidente Santos, vehículo de la denuncia y allanamiento de las oficinas del hacker en junio pasado, entró de nuevo a escena, esta vez, con una entrevista exclusiva en la que el hacker hunde a Óscar Iván Zuluaga, al expresidente Uribe, al Centro Democrático y a otros dirigentes.

El supuesto diario del hacker fue enviado a varios políticos que luego concedieron extensas entrevistas para demostrar la gravedad de los hechos. A renglón seguido el presidente reelecto, el ministro del Interior, el senador-vengador Cepeda y los colectivos “humanitaristas” exigieron castigos ejemplares para los imputados.

¿Por qué destapan este escándalo en momentos en que tiene lugar un masivo y profundo malestar por la presencia de militares activos de alto rango en la mesa de La Habana? y ¿Por qué, precisamente, un día antes de que la bancada del Centro Democrático realizará un debate sobre fraude y distorsión de los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial?

A manera de hipótesis, creo que estamos en presencia de una operación conspirativa en la que están involucradas altas instancias del gobierno, la Fiscalía y otros poderes públicos. El objetivo de la misma es llevar al uribismo, al expresidente Uribe y al Centro Democrático a asumir una posición defensiva que les reste fuerza a sus críticas al proceso de paz. El instrumento es la Fiscalía, la prueba está en las declaraciones de un hacker mitómano obsesionado por mostrar que conoce muchos secretos y, los delitos a imputar: traición a la patria y saboteo del proceso de paz.

El presidente Santos, como bien lo caricaturiza Osuna, necesita anular a Uribe y todo lo que huela a uribismo para obtener la firma de la paz con las Farc. Llevar a la cárcel al expresidente y a Óscar Iván Zuluaga no suena descabellado. Bien lejos ha llegado para evitar el fracaso de los diálogos de paz, como la humillación de igualar a la fuerza pública con criminales de guerra. Ya lo dijo Iván Márquez, “esta es una negociación entre iguales”. De manera que el llamado a calificar servicios a quienes no creen en esa paz, las chuzadas e indagaciones de la Fiscalía contra generales y coroneles de inteligencia, el allanamiento de oficinas de seguridad nacional, parecen signos de una campaña de degradación de la fuerza pública, que puede desembocar en su división y en el debilitamiento de su moral de combate. En esa labor deleznable la Fiscalía ha trabajado con un encomio que no se le ve en el combate al crimen organizado, su misión fundamental.

Nadie le va a creer a Montealegre su cuento tan mal montado porque si hay algo claro en la turbiedad que rodea los diálogos de La Habana es que no era necesario contratar un hacker para desprestigiar lo que los jefes de las Farc ya han pisoteado con total cinismo.

Comoquiera que fracasaron en su tentativa de hacer extraditar a la exdirectora del DAS y de llevar a prisión a Andrés Felipe Arias para quebrarlos moralmente y seducirlos a declarar contra Uribe, no han tenido más remedio que exprimir al hacker, un ser tan amedrantado que sería capaz de decir misa en arameo con tal de librarse de su condena.

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