El Centro Democrático es ya un partido político. Conviene, entonces, reflexionar sobre lo que significa ser, hoy, una organización tal, para asegurar su institucionalidad interna, es decir, la legitimidad de su estructura organizativa y de sus decisiones.
Un partido moderno tiene una orientación ideológica encarnada en unos principios, un programa y políticas específicas para puntos álgidos particulares. Puede pensarse que esto es retórica, en el mal sentido de la palabra. Pero no. La identidad ideológica y programática le da perfil a una organización política. Los partidos en las sociedades occidentales son generalmente liberales: frente a la terna de valores provenientes de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad (hoy decimos, solidaridad), priorizan la libertad sobre la igualdad y la fraternidad, sin que ello signifique que los dos últimos valores sean accesorios, como veremos más abajo. El marxismo, por su parte, prioriza la igualdad y la solidaridad sobre la libertad, con resultados desastrosos: el fin del bloque soviético, la dictadura de una estructura capitalista en China, las tiranías hereditarias de Corea del Norte y Cuba, y el desastre económico y social de la dictadura venezolana, de la isla caribeña y el país asiático. La experiencia es que no consiguieron la igualdad, pero destruyeron la libertad, esa que fue reivindicada por los que derrumbaron el Muro de Berlín.
Entonces un partido político debe dejar absolutamente claro si defiende la democracia liberal, es decir, si prioriza las libertades civiles y políticas, junto con una economía de mercado con intervención del estado para asegurar la distribución y la igualdad de oportunidades; o un modelo, que adhiriendo a la democracia liberal es partidario de que la “mano oculta del mercado” termine por generar equidad y riqueza; o, también que busque terminar con la economía de mercado para introducir un modelo de estatización de los bienes de producción y priorice la igualdad sobre la libertad. Pero en cualquier caso, es decisivo que respete las reglas de juego de la democracia, incluso para modificarla. Ello hace que los partidos sean máquinas para ganar elecciones compitiendo por el respaldo de los ciudadanos. En ese juego, a veces, un partido (o una coalición) gane el poder y otro (s) hagan oposición. Esto significa que la oposición puede llegar al gobierno siempre, si gana las elecciones. Esta oposición se llama oposición leal, a diferencia de la que recurre a métodos electorales, fuera de la Constitución, como la lucha armada, que es la oposición desleal a la democracia.
Hoy, al menos en un país como el nuestro, parece no ser viable una opción democrática que no considere soluciones para resolver los graves problemas de desigualdad. Pero hay niveles de intervención. A finales de la Segunda Guerra Mundial, aparece con Keynes un modelo intervencionista denominado estado de bienestar, que busca distribuir parte de la riqueza generada entre los trabajadores, con el explícito propósito de quitarle base social a las, y perdónenme el pleonasmo, ideas socialistas en los países democráticos. Pero históricamente este modelo generó más egresos que ingresos en el erario público, lo ha hecho insostenible un estado de bienestar a ultranza.
Conquistas económicas de los trabajadores y clase media, en todo el mundo regido por la economía de mercado, tuvieron que ser desmontadas porque el Estado simplemente no podía dar cuenta de ellas. Sólo algunos países como los escandinavos y Suiza tienen altos estándares de bienestar pero sobre la base de cotizaciones muy elevadas, cercanas al 50%, de los salarios o ingresos individuales. Pero incluso en Francia y Alemania, por no hablar de gran Bretaña han reducido las contribuciones del estado al bienestar, lo que ha generado, primero en esta última, durante el mandato de Margaret Tatcher, y durante mucho tiempo en Francia, conflictos sociales.
Por lo tanto, en el Centro Democrático es deseable un estado liberal con niveles de intervención que protejan a los más débiles en nuestra sociedad, y que estimulen económicamente a las empresas para que generen más empleo riqueza verdadera que impacte directamente a la población, aumentando y fortaleciendo la clase media; que impulsen una educación de calidad, un sistema de salud incluyente y un medio ambiente lo más incontaminado posible, entre otros.
La experiencia de Uribe dejó bien claro que un partido en el gobierno, pero también en la oposición, debe tener un permanente diálogo con los ciudadanos para captar el pulso de la nación y tomar medidas que sean legítimas porque son apoyadas por la gente, que, además, siente que el gobierno la escucha y está pendiente de sus problemas.
Un partido democrático tiene que practicar, de nuevo perdonen el pleonasmo, la democracia interna. Nada de decisiones a dedo, jefaturas únicas, convenciones o congresos que no tengan garantizados mecanismos de representación y mecanismos de consulta interna. Estos tipos de eventos deben ser regulados en el tiempo y de obligatoria convocatoria por la dirección elegida democráticamente según las reglas establecidas. Los programas y las políticas específicas a cumplir en las distintas coyunturas políticas deben ser aprobados en estos organismos colectivos. Un partido que no le pertenezca los parlamentarios y otros funcionarios electos, sino que estos defiendan las políticas establecidas por la dirección, en la cual, por supuesto han de tener una importante presencia, pero que de juego a sectores estratégicos de la ciudadanía que tengan voz y voto en los organismos del partido y en las decisiones internas. Esta clase de vocería debe, también ser cuidadosamente reglamentada.
Puede considerarse para efectos prácticos, distinguir entre militantes y simpatizantes, como hacen, por ejemplo, los partidos españoles, de manera que la democracia se garantice siempre para los militantes, que deben cotizar y tener identificación partidaria.
Las listas deben ser cerradas y confeccionadas democráticamente por el partido, según los niveles de representatividad. Todo lo anterior debe expresarse en unos estatutos.
Sería deseable, de paso, que se legislara sobre la organización y los mecanismos de decisión de cualquier partico político en Colombia.
