Es lo que los sociólogos llaman un “efecto de anuncio”. Un anuncio que trata de aparecer como si fuera un hecho, como si fuera un acto cumplido, como un paso preciso hacia adelante. Cuando, en realidad, no hay nada. El anuncio es apenas una frase, o un conjunto de frases, sin respaldo en la realidad. Empero, el anuncio tiene la virtud de confundir a la opinión pública, de ponerla a correr en una cierta dirección.
Es lo que acaban de hacer las Farc y el presidente Santos, en esta coyuntura tan particular, a diez días de la elección presidencial. Esos dos actores tratan de hacer creer que Santos, quien está cayendo en todas las encuestas de opinión, es el mejor candidato pues es el que “más ha hecho por la paz”. Y que las Farc, el primer cartel de la droga en Latinoamérica, pasarán a ser un luchador antidroga, en virtud de ese fantástico acuerdo.
Esos dos conejos salidos del cubilete del mago pueden crear un efecto, es cierto, pero frágil y momentáneo. Si el elector independiente examina lo que la prensa santista llama un “acuerdo histórico” sobre el narco tráfico — que otros clasifican como un “compromiso”, verá que entre la realidad y esas frases la distancia es grande.
En el informe sobre el acuerdo para que las Farc “abandonen su actividad narco traficante”, dado a conocer por Rodolfo Benítez, un funcionario de la dictadura cubana –cuando habría sido preferible que Humberto de la Calle, jefe negociador de Santos en La Habana, asumiera esa responsabilidad–, los puntos aparentemente pactados son muy pocos y muy polémicos.
Lo primero que aparece es que las Farc tratan de ponerse al mismo nivel del Estado: insisten en que no son ellas las únicas que deberán renunciar al tráfico de drogas sino que el Estado colombiano también tendrá que hacerlo. Para las Farc el Estado colombiano es también un actor narco traficante y también es un actor embarcado en el lavado de activos.
Dicen que “las partes” […] deben “contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país”. En ninguna parte las Farc se reconocen como narcotraficantes. Dicen que “el conflicto” es el que ha generado el problema del tráfico de drogas en Colombia. Y basta.
Entendamos bien: el Estado y las Farc prometen “esclarecer” (sic) su relación con todas las fases del narcotráfico. ¡Y Juan Manuel Santos ha firmado eso!
Santos, por otra parte, se compromete a abolir la lucha real contra los narco cultivos y a embarcar al Estado, si llega a ser reelegido, en una lucha ficticia e ineficaz contra el tráfico de drogas. Esa vía ineficaz es la substitución “voluntaria” de los cultivos ilícitos, la erradicación “manual” de esos cultivos y la imposibilidad de sancionar a los cultivadores de coca, marihuana y amapola. No habrá pues fumigaciones. Las Farc detestan las fumigaciones porque son un instrumento eficaz de lucha contra ese extendido flagelo.
Las 50 mil hectáreas de coca que hay en Colombia, territorios saturados casi todos de minas de las Farc y del Eln, deberán ser destruidas manualmente. Es decir, la actual tasa de mortalidad de los erradicadores manuales de cultivos ilegales crecerá en forma exponencial si a las Farc les da la gana, como veremos. Además, los cultivadores, según ese “acuerdo”, podrán obrar impunemente, pues no podrán ser objeto de acción judicial alguna. Eso es lo que los propagandistas de El Tiempo llaman la nueva “estrategia de choque” de Santos contra el narcotráfico.
¿Cuántas décadas durará esa erradicación manual? ¿Se burlan de quién? ¿Qué dirán de esa impostura los Estados Unidos?
Las Farc insisten en que no habrá fumigación de cultivos ilegales. Y Santos aceptó eso. Como Bogotá reclama en que “en casos extremos”, es decir, ante la reincidencia de ese delito, la fumigación aérea deberá hacerse, las Farc advierten que ellos no validan esa salida. Lo que quiere decir que ellas no colaborarán, entonces, con el suministro de información que permita la erradicación de las minas antipersona.
Léase bien: las 50 mil hectáreas de coca, amapola y marihuana que hay en Colombia, zonas saturadas de minas de las Farc, serán erradicadas manualmente, promete Santos, pero siempre y cuando las Farc acepten darle la información de los lugares que ellas han minado. En otras palabras: el tal “acuerdo” no es serio, no es más que un anuncio, cuando no un chantaje, para engañar a los electores.
Las 60 000 familias de las estadísticas oficiales que cultivan plantas ilegales pasarán bajo la bota de las Farc, en las zonas “de reserva campesina” que las Farc quieren crear, y los ingresos de esas familias quedarán bajo el sistema de los “impuestos revolucionarios” de las Farc, las cuales no han pactado su desmovilización, ni la entrega de sus armas, ni sus redes de terror (milicias) contra la población.
Otro desmonte importante del Estado que exigen las Farc en ese “acuerdo”: el de la legislación actual sobre el lavado de activos. Santos al firmar eso acepta introducir en Colombia el modelo de legislación antidroga de la Venezuela chavista, es decir un modelo de legislación que favorece todos los tráficos. Ese es el candidato que quiere ser reelegido. El electorado decidirá el próximo 25 de mayo.
La solución al problema de las drogas ilícitas se volvió, en las manos de Santos y las Farc, un problema de nunca acabar. Cuando no se tienen soluciones se convoca una “conferencia internacional” y así el problema puede sobrevivir durante décadas. El ejemplo más conocido es el de las conversaciones de paz entre Israel y la entidad palestina. Todas esas conferencias internacionales han fracasado. Conscientes de eso, “las partes” optaron por esa vía de opereta. Según el diplomático noruego Dang Nylander, Colombia, en efecto, si todo va bien, “convocará una conferencia internacional sobre el tráfico de droga, bajo la égida de la ONU”.
Hay otros puntos no menos importantes que siguen siendo secretos, como la situación jurídica de los jefes de las Farc. El punto, que a lo mejor ya fue firmado, pero es mantenido en silencio, es cómo liberar a esos jefes criminales de los procesos y de los pedidos de extradición a los Estados Unidos que existen contra ellos. ¿Cómo amnistiarlos, como blanquearlos, sin despertar el avispero?
Otro secreto: qué hacer con los bienes de la banda criminal, cómo devolverles a esos bandidos las tierras que han robado y que han sido incautadas por el Estado. Ese punto también es secreto. Debe ser tan vergonzoso el acuerdo sobre eso que las “partes” dejan eso bajo la mesa para que los electores no salgan muy asustados tras la lectura de semejante negociación entre, como dice El Mundo, curtidos tahúres.
