El proceso de paz no se endereza enseñándole un ramo de olivo a la oposición, sino tomando en serio el clamor de los colombianos.

No sería de extrañar que muchos colombianos sientan cierta confusión por los acontecimientos políticos de los últimos días, sobre todo por los acercamientos entre el uribismo y el Gobierno. El casual encuentro de las primeras damas no habría pasado de ser una anécdota baladí si no fuera porque, días después, Uribe le expresó su apoyo al Gobierno en dos “rectificaciones” sobre el proceso de paz –no al cese bilateral y cárcel para cabecillas– y por la reunión con el superministro Martínez, que, de “enemigo de la paz”, lo transformó en “gran patriota”, lo que constituye una de las mayores volteretas de una administración que nos tiene acostumbrados a los bandazos.

Una victoria pírrica para Uribe si se tiene en cuenta que este gobierno no es de fiar y que la persecución contra el uribismo marcha sin prisa pero sin pausa, profiriendo condenas por cosas que en otras épocas y otros gobiernos, de antes y de ahora, no constituían ni constituyen delito. Todos sabemos que van tras Uribe, y lo que buscan con estas condenas es cerrarle el cerco. Cabe preguntarse, entonces, si estos acercamientos son para ser ‘propositivos’, como pedía Luis Carlos Restrepo, o si son para evitar el hundimiento del CD en las elecciones de octubre y el encarcelamiento de Uribe.

La verdad es que Uribe, sin variar su postura, ha hecho a un lado cualquier asomo de intransigencia para proponer que se les exija a las Farc concentrar sus tropas con verificación internacional, característica de negociaciones pasadas que sí han fructificado. Sin embargo, lejos estamos de que las Farc demuestren tener voluntad para que se dé un verdadero avance como ese, y bien dice el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, que “no se puede pretender realizar diálogos de paz si no se da una comprobada buena voluntad en las partes enfrentadas. Cuando hay buena voluntad se ve, se va a lo esencial, no se dilatan los tiempos, se asumen las propias responsabilidades. Sin recta intención, dialogar es ir de engaño en engaño”.

En La Habana, todo marcha a pedir de boca, pero de boca de las Farc. Sin bombardeos, sin glifosato, sin dejar de reclutar menores, sin devolver a los menores que tienen en filas, sin dejar de sembrar minas antipersonas, sin desminar… Hasta la misma Corte Suprema de Justicia, que condena a funcionarios probos por el delito de uribismo agravado, acaba de absolver a ‘Timochenko’ y a ‘Márquez’ por el delito de reclutamiento de menores. Y después preguntan por qué la CSJ tiene una desfavorabilidad del 69 por ciento (Gallup).

También marcha muy bien esa propuesta de César Gaviria de impunidad para todos, ya que ‘todos somos culpables’. Sergio Jaramillo acaba de ir más lejos al advertirles a los empresarios que hay 13.000 de ellos investigados en la Fiscalía por nexos con paramilitares. Y quedó en el aire un tufillo a chantaje: empresario que no apoye la paz se va de cana. Con falsos testigos, como bien sabemos, le confeccionan una acusación al que sea.

Y como es preciso evitar a toda costa que los colombianos se pronuncien en contra de un proceso de paz con impunidad, Santos pretende acudir a mecanismos dictatoriales muy propios del chavismo como la ley habilitante, que le dará poderes para acomodar la Constitución a los caprichos de las Farc. Esa es la única salida –y la menos democrática, y la menos decente– para un proceso que, según las últimas encuestas, solo tiene el apoyo y la confianza de 20 o 30 gatos, así como para un gobierno que hace agua y que está tan desacreditado a pesar de contar con el favor de los grandes medios. Esto no se endereza enseñándole un ramo de olivo a la oposición, sino tomando en serio el clamor de los colombianos.