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Viernes 17 de Agosto del 2018

Un regalo envenenado

Publicado en:

El Tiempo  | 

Autor(a): Laura Gil  |

Fecha: 25/06/2014

 

El Gobierno sigue convirtiendo a las agencias de la ONU en operadores de proyectos. Eso facilita la ejecución de recursos, lo que permite evadir demoradas licitaciones. Pero sale caro.

Si usted piensa que el sistema de Naciones Unidas en el país constituye sinónimo de cooperación internacional, ¿lo seguiría creyendo si supiera que buena parte de su financiación está en manos de Colombia?

Algunas agencias y programas de la ONU no se alimentan de fondos multilaterales y donantes bilaterales, sino de nuestros impuestos. La relación financiera entre el sistema de la ONU y las autoridades nacionales sirve al uno para perpetuar su presencia y a las otras para evadir la normativa colombiana.

El Gobierno sigue convirtiendo a las agencias de la ONU en operadores de proyectos. Eso facilita la ejecución de recursos, lo que permite evadir demoradas licitaciones. Pero sale caro.

Analice usted, por ejemplo, el caso de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga (UNODC). Supongamos, por ejemplo, que algún ministerio le entregara a UNODC una suma de 2.000 millones de pesos para un estudio. De manera automática, el 13 por ciento, o sea 260 millones, sería remitido a Viena, sede de UNODC, por cuenta de gastos administrativos. Al monto restante, 1.740 millones, se le aplicaría un descuento adicional por gastos administrativos de corte nacional, que puede alcanzar hasta el 20 por ciento. Con eso, nos despediríamos de unos 220 a 340 millones más.

Para cumplir con el objeto del contrato, UNDOC contrataría servicios externos de universidades, centros de investigación y empresas de asesoría, todos ellos con gastos administrativos similares. Así, quedaría para ejecutar alrededor del 50-60 por ciento del desembolso original.

Piense ahora que UNODC, solo una de las 24 agencias en Colombia, llega a ejecutar decenas de millones de dólares del presupuesto nacional cada año.

Uno de sus productos ejemplares, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), es financiado casi en su totalidad por Colombia. Al leer la publicación, usted no lo supondría. Aun con el escudo de Colombia en la portada y un reconocimiento de provisión de fondos, los derechos reservados reposan de manera exclusiva en UNODC.

¿No resultaría más eficiente utilizar dineros estatales para fortalecer a las universidades, centros tecnológicos y otras entidades?

UNODC no produce nada propio, sino actúa para tercerizar la producción de conocimiento nacional en detrimento de las entidades y los investigadores colombianos.

El Gobierno exige una contraprestación de 50 por ciento en cada proyecto otorgado. Pero las agencias de Naciones Unidas documentan su aporte en especie: bienes fungibles y no fungibles, servicios de personal permanente y, en ocasiones, hasta las mismas instalaciones que presta el gobierno colombiano.

Algunos dirán que la intermediación de Naciones Unidas disminuye la corrupción. Pero a un agente colombiano se le puede, al menos, exigir transparencia. Cuando el dinero del Tesoro entra a arcas internacionales, queda excluido de las normas internas. Amparadas en la inmunidad diplomática, las agencias de Naciones Unidas no presentan informes de gastos con facturas y recibos.

Es verdad que no todos los componentes del sistema de Naciones Unidas en el terreno dependen del presupuesto nacional.

Las presencias del Alto Comisionado de Derechos Humanos y del Alto Comisionado para los Refugiados y la Oficina de Coordinación Humanitaria han logrado escapar a la intermediación de servicios.

Las contribuciones de Colombia a Naciones Unidas para su operación en el terreno no son más que un regalo envenenado: a Naciones Unidas la instrumentalizan sin convertirla en interlocutora política y a los colombianos la ejecución les cuesta caro.

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