En pocas palabras, no hay un sistema educativo nacional, sino diez, doce o veinte islotes, incompatibles e incomunicados.

Lo que hoy llamamos el Sistema de Educación Nacional es en realidad un archipiélago, con una multitud de islas que no logran comunicarse porque hablan distintas lenguas. Esto, naturalmente, resulta muy costoso y se pierden las posibilidades de un crecimiento acelerado tanto en cantidad como en calidad.

Las razones de que esto ocurra son muchas y de diferente naturaleza. Lo que tenemos es el resultado de un proceso histórico de simple agregación de partes, por un lado, y la prevalencia de intereses particulares por encima de los generales, por el otro.

En el período colonial se crearon las escuelas de indios, muy centradas en el proceso de adoctrinamiento de los indígenas y la enseñanza del castellano, herramientas fundamentales para el sometimiento de quienes debían servir en las encomiendas. Para el resto de la población se establecieron las escuelas de primeras letras, a cargo de religiosos y vigiladas por el Estado, que, además, enseñaban a leer, escribir y contar, amén de la insistencia en la enseñanza de buenas costumbres.

También en este período aparecen las primeras instituciones de educación superior para los hijos de los españoles y los criollos, así como para los miembros de las órdenes religiosas y de los funcionarios del régimen colonial, lo que dio origen a las primeras universidades.

Hubo que esperar el advenimiento de la república para empezar a pensar en la expansión de la educación primaria y en la fundación de colegios e institutos de educación media y de formación para el trabajo, diferenciando desde el comienzo a quienes, por su origen social, se dedicarían a los oficios manuales, y quienes podrían acceder al conocimiento de las leyes, las humanidades y las ciencias.

Apenas avanzado el siglo XX comienza a universalizarse, muy lentamente, lo que hoy llamamos educación básica, y se desarrollan de manera muy independiente las universidades y la educación para el trabajo, que culmina con la constitución del Sena, adscrito al Ministerio de Trabajo. Todavía habrá que esperar a la Constitución de 1991 para que el país viera la educación como un derecho fundamental, incluyendo la atención a la primera infancia.

Esto explica, en parte, que la educación superior no se ocupe de los problemas de la educación básica, que esta resulte aislada de la educación inicial, que el Sena no haga parte integral del modelo educativo, que los muchísimos actores privados vivan en su isla sin hablarse con los educadores públicos, que haya una imposibilidad práctica de articular la educación media con la superior, que los maestros de básica y sus organizaciones no opinen sobre la formación superior en la que se forjan los profesionales… En pocas palabras, no hay un sistema educativo nacional, sino diez, doce o veinte islotes, incompatibles e incomunicados.

En 1994 se expidió la llamada Ley General de Educación, pero se trata de una ley de la educación básica, porque también se expidió la Ley 30 de 1992, para regular la educación superior, y también se constituyó en el 2009, por decreto, el sistema de educación para el trabajo y el desarrollo humano en forma independiente de las normas que regulan el Sena. Esto para no mencionar que el sistema de ciencia y tecnología va por otro lado, así como la primera infancia, la cultura y el deporte.

El país requiere avanzar en procesos reales de articulación de todo el sistema, de manera que se creen sinergias, se aprovechen recursos y se ofrezca a los niños, jóvenes y adultos de todo el país una ruta más equitativa y menos tortuosa para el desarrollo individual y el fortalecimiento de sus comunidades. La calidad de la educación no depende exclusivamente de la formación de los maestros, como la justicia no depende exclusivamente de la formación de los abogados. También se requiere una “arquitectura del sistema”, en la que la inteligencia pueda florecer.