El segundo procesamiento a Boudou torna aún más escandalosas su permanencia en el cargo y la protección que le brinda el Gobierno.

Pocas palabras resultan más precisas que "vergüenza" a la hora de definir lo que está sucediendo en nuestro país con la situación judicial del vicepresidente de la Nación y con el cerrado apoyo que Amado Boudou recibe de la jefa del Estado y de legisladores y dirigentes kirchneristas, a pesar de haber sido procesado ya en dos oportunidades en los últimos 42 días.

En un contundente fallo del 27 de junio pasado, el juez federal Ariel Lijo procesó a Boudou por corrupción en el caso de la ex imprenta Ciccone. Según ese magistrado, es responsable de haber adquirido en forma irregular la citada imprenta, por entonces quebrada, con el fin de obtener contratos del Estado para la impresión de papel moneda, de documentación y de boletas electorales del Frente para la Victoria para los comicios de 2011, precisamente cuando Boudou acompañó a Cristina Kirchner en la fórmula presidencial.

Ayer, otro juez federal, Claudio Bonadio, volvió a procesarlo: esta vez por falsificación de documentos en la compra de un automóvil. Según Bonadio, hay suficientes pruebas de que Boudou inscribió el vehículo a su nombre con un formulario y un domicilio falsos, con un motor que no era el original de fábrica, sin haber realizado la obligatoria verificación policial y con una fecha adulterada, con el fin de evitar tener que pagar la mitad del valor del vehículo a su ex esposa.

Como descargo, el vicepresidente había acusado de esas irregularidades a los gestores, una estrategia burda y desesperada. Según Bonadio, resulta inexplicable o poco creíble que los gestores, por un pago de dinero y sin la anuencia del imputado, se arriesguen a fraguar documentos públicos a escondidas de los beneficiarios, pudiendo caberles una pena de prisión por esa conducta. Y da el juez un paso más allá al asimilar la situación de Boudou por el auto con la causa Ciccone: "Refiere ser víctima del accionar inescrupuloso de terceras personas que, quién sabe por qué razón, terminan por perjudicarlo. Llama la atención que en ambos casos -dice Bonadio- haya rasgos afines, de tal manera que Boudou resulta siempre damnificado por conductas de intermediarios en sus negocios, ajenos a su razón".

Vergüenza -además de enorme preocupación por el desprecio hacia las instituciones y hacia la República de parte de nuestros máximos representantes políticos- es la que se siente cuando se observan las renovadas vías que encuentra el oficialismo para acorralar, presionar e intentar desplazar a quienes osan investigar a uno de sus miembros, y también frente a la sorna, la soberbia, la frivolidad y la ostentación con que el propio vicepresidente ha decidido encarar sus cuentas pendientes con la Justicia.

Así como en los comienzos del escándalo por la ex Ciccone, Boudou logró deshacerse de un procurador general, de un juez y de un fiscal, acusándolos en forma infundada hasta lograr apartarlos de la investigación; más tarde el Gobierno intentó, afortunadamente sin éxito, correr al juez Lijo. Ahora, ha decidido volver a la carga para avanzar contra Bonadio en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, órgano que anteayer, sin debate y con los solitarios votos del kirchnerismo, decidió citarlo a declarar por una vieja causa en la que se lo acusa de mal desempeño.

Una profunda vergüenza y una enorme falta de respeto es también que se insista en convertir a una institución como el Congreso en un lugar donde exhibir con impudicia a funcionarios de altísimo rango, procesados por la Justicia. La firme decisión de Cristina Kirchner de que Boudou presidiera anteayer la sesión del Senado en la que dio su informe el jefe de Gabinete es un caso claro de hasta dónde puede llegar la soberbia de quienes se sienten impunes y de cuánto son capaces de soportar los legisladores oficialistas, muchos de los cuales ya han venido expresando su incomodidad y desacuerdo con la situación. La oposición, que abandonó el recinto en repudio a Boudou, terminó dejando al jefe de Gabinete decir a sus anchas lo que quisiese, sin preguntas ni cuestionamientos. El kirchnerismo volvió a hacer valer su número como ya lo había hecho en Diputados el día en que desestimó todos los pedidos de juicio político contra el vicepresidente.

No puede menos que resultar también vergonzoso el hecho de que Boudou siga representando al país en el exterior cada vez que la Presidenta decide no viajar. Y mucho más oprobioso resulta que esa representación -que es de todos los argentinos y no sólo del Frente para la Victoria- sea consecuencia del dilema en que está encerrado el Gobierno: si no lo saca del país, Boudou debe presidir el Senado. Y, el kirchnerismo, aun con todo su poder numérico y su afán por mostrarse indiferente a las graves acusaciones que recaen sobre el vicepresidente, también les teme a los efectos acumulativos de los costos políticos.

Como ya hemos consignado en esta columna editorial, el caso Boudou se proyecta como un fenómeno de patética e inusitada gravedad para la vida institucional del país. Destacábamos con preocupación en junio pasado que, por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente resultaba procesado por la Justicia. Estamos ahora frente a un segundo procesamiento y podrían ser más conforme el abultado número de causas en las que se lo investiga.

Lejos de decrecer, el escándalo ha ido en aumento, como también han crecido la tozudez y la provocación del Gobierno frente a los casos de corrupción de sus funcionarios.

Con sus actos, pero también con sus omisiones, las principales espadas políticas del oficialismo no hacen más que avergonzarnos como ciudadanos. Los costos de semejantes atropellos son gravísimos y lo serán todavía más de seguir en la misma senda. No se trata de la situación personal y aislada de uno o más funcionarios. Se trata, en definitiva, de la salud de la República.