Una alerta temprana

¿Revive flagelo de reclutamiento de menores?
Urge frenar rebrote de la violencia regional

En un país que ha sufrido más de seis décadas de conflicto armado una de las mayores máculas, sin duda alguna, es la cantidad de niños y adolescentes que resultaron víctimas, ya sea porque fueron reclutados por la guerrilla, paramilitares y otros actores alzados en armas, o porque terminaron asesinados, heridos, desplazados, abusados sexualmente, despojados de sus bienes, amputados por la explosión de minas antipersonal, con su núcleo familiar diezmado por los ilegales o con múltiples secuelas físicas y sicológicas a consecuencia de la guerra.

Los tratadistas de la evolución del conflicto armado en Colombia suelen decir que la larga duración del mismo llevó a un hecho muy singular, y al mismo tiempo dramático, sobre la afectación a la niñez: varias generaciones crecieron y se desarrollaron en el marco de la fruición bélica. Combatientes subversivos que fueron reclutados a la fuerza en su niñez y adolescencia, y que al final terminaron toda su vida en la insurgencia. Menores de edad enganchados por los grupos paramilitares para ser utilizados como ‘carne de cañón’. Miles y miles de jóvenes blanco de agresión sexual en el marco de las hostilidades. Miles y miles de huérfanos. Miles y miles de niños que crecieron en un ambiente cruento y hostil, en donde lamentablemente pasar de víctimas a victimarios no resultó difícil. Una espiral de violencia sin fin.

Aunque el acuerdo de paz negociado y firmado entre el anterior gobierno y las Farc se le vendió al país como una desactivación casi total de la guerra interna, que daría paso a una era de posconflicto, lo cierto es que ello fue apenas un espejismo. Solo una porción de esa guerrilla se desarmó y desmovilizó, en tanto varios frentes y cabecillas se tornaron en disidencias que hoy tienen más de 1.500 efectivos. A la par, el Eln, bandas delincuenciales de alto espectro como el ‘Clan del Golfo’ o los ‘Caparrapos’ así como mafias derivadas de la minería criminal y la tala ilegal de madera, e incluso carteles del narcotráfico locales y mexicanos, se lanzaron a una guerra sin cuartel para hacerse con las zonas dejadas libres por la exguerrilla, la mayoría de ellas con alta densidad en narcocultivos.

Ese rebrote de la violencia armada, lamentablemente, está volviendo a disparar los índices de victimización de los más pequeños y vulnerables. Una prueba de ello se dio esta semana, en el marco de la celebración del “Día de las Manos Rojas”, que tiene por objeto frenar a nivel mundial el uso y reclutamiento de menores de edad en la guerra. La plataforma de organizaciones no gubernamentales denominada “Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia” (Coalico) denunció que entre enero y diciembre de 2018 se registraron 213 eventos bélicos que implicaron afectaciones directas a esta población. Una situación preocupante porque un año antes hubo 166 casos. Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca fueron los departamentos de mayor incidencia. Frente al delito específico de vinculación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado, se registraron 50 eventos, lo cual evidencia un incremento superior al 100 por ciento en comparación con los 24 de 2017.

La situación se torna más grave si se tiene en cuenta que en materia de reclutamiento de menores de edad por grupos armados ilegales existe un alto subregistro, pues las autoridades solo documentan estos casos cuando los niños y jóvenes son capturados, desertan o, lamentablemente, terminan muertos en medio de enfrentamientos entre las mismas facciones criminales o con las fuerzas del Estado. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias contra el Eln y las disidencias por reclutamientos de menores en varias zonas del país.

Es urgente que el Estado tome cartas en este asunto. No tendría presentación que sacado el grueso de las Farc del escenario del conflicto, otros actores armados ilegales disparen de nuevo el involucramiento de los menores de edad en este. Por el contrario, a lo que debería estar dedicado en estos momentos el país, sobre todo en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), es a develar todo lo que ocurrió en esta grave materia en las últimas décadas. Incluso ayer mismo la Procuraduría General lamentaba ante esa instancia la falta de cifras reales que permitan hacer una radiografía del daño perpetrado y cómo garantizar la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a los afectados y sus familias. Es más, el Ministerio Público advirtió que los 7.583 casos reportados en el Registro Único de Víctimas no corresponden a la realidad y el número sería mucho mayor. Por lo mismo celebró que esa jurisdicción priorice la investigación de este flagelo.

El campanazo, pues, está dado. No hay que permitir que resucite semejante tragedia de los niños como ‘carne de cañón’ de la guerra. Sería imperdonable.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar