Sé de muchas personas que, como yo, sintieron tristeza de votar NO en el Plebiscito del 2 de octubre. Al igual que todas las madres de Colombia, acaricio el sueño de un país en paz para nuestros hijos. No es cierto que los seis millones y medio que votamos no, quisiéramos que continuara el conflicto, ni que nos guste la guerra, ni mucho menos que seamos representantes del paramilitarismo, como lo mencionó Aída Abella.
Las críticas al acuerdo inicial, las explicamos repetidamente con argumentos jurídicos, políticos, de conveniencia y de competitividad para que la inversión en Colombia genere empleos y los resultados de la votación fueron claros. Por el compromiso con Colombia, desde el primer momento postacuerdo, desde el NO asumimos una actitud constructiva que pusiera de lado diferencias políticas e intereses electorales para contribuir en la búsqueda de soluciones que permitieran un nuevo y óptimo acuerdo.
Después de las reuniones con el equipo negociador del Gobierno, reconozco que hubo avances que mejoraron el acuerdo con las Farc, pero en los temas sustantivos de bloque de constitucionalidad, sanción a principales responsables de crímenes de lesa humanidad, participación en política para esos mayores responsables sin haber pagado la pena, justicia y el uso de la protesta social como acción política para provocar ingobernabilidad, los avances son insuficientes para avalar responsablemente el nuevo acuerdo. Es frustrante y preocupante que a pesar de nuestro esfuerzo y el de los negociadores del Gobierno, en lugar de reconocer las falencias de fondo señaladas por el No y de intentar opciones nuevas para mejorar el acuerdo, se dé el ultimátum de que no hay ajustes adicionales posibles y que la refrendación e implementación se harán vía congreso sin acudir al constituyente primario. Ello nos lleva a un nuevo clima de polarización que puede tener consecuencias muy negativas para el país.
La paz de Colombia tiene que ser una política de Estado y un compromiso de toda la sociedad por encima de cálculos políticos cortoplacistas, pero sin incurrir en actitudes indolentes ni ingenuas que socaven la fortaleza de las instituciones ni la solidez futura de la democracia. La paz debe ser un motivo de unión entre los colombianos, no el factor que nos divida, pero la paz no es mera retórica ni pasar de agache para permanecer en el terreno cómodo de lo “políticamente correcto”.
La coyuntura del país justifica esfuerzos adicionales del Gobierno para corregir aspectos fundamentales del acuerdo y buscar un gran consenso nacional que le dé legitimidad y, por tanto, sostenibilidad en el largo plazo. Cuesta trabajo entender por qué el Gobierno tuvo tiempo, paciencia y tolerancia con las Farc para acordar toda la letra menuda del acuerdo en sus dos versiones, pero al NO solo se le admiten ajustes conceptuales de un acuerdo que en esa letra menuda deja al desnudo los riesgos y vacíos que ponen en peligro su permanencia en el tiempo.
Es entendible que en la intransigencia de las Farc no quiera hacer cambios adicionales al acuerdo que los favorece ampliamente, pero lo que no es entendible es que el Gobierno deje de tender puentes y buscar opciones creativas para lograr el consenso nacional que el país merece y que la Paz Verdadera requiere. Se podría pensar en un facilitador que ayude a un último esfuerzo de consenso para el acuerdo de las Farc con la sociedad colombiana, que no es solo con la administración Santos. Debemos evitar más polarización que puede traer nuevos ciclos de perversa violencia.
