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Miércoles 13 de Diciembre del 2017

Urgidos y enredados con la paz

La ausencia de resultados en La Habana no solo es producto del diseño teórico de un filósofo despistado sino también de las urgencias y enredos del presidente Santos y las Farc.

No insistiré en mis críticas al documento del Alto Comisionado, al que, inexplicablemente, la opinión ilustrada pacifista ni siquiera alude. Parece que no le causa estupor que en La Habana no se busque un acuerdo de paz sino el inicio de transformaciones que en diez años nos llevarán a la “verdadera paz”.

El problema es que antes de llegar a un acuerdo han surgido tensiones originadas por errores de arranque. La guerrilla no ha renunciado a la toma del poder, no quiere pagar un día de cárcel, ni reconocer a las víctimas. Quiere una asamblea constituyente en la que ellos sin competir electoralmente, tengan no menos de la mitad de sus integrantes. ¿Para qué? ¡Elemental! Para realizar por la vía legal su proyecto político valiéndose de su condición mayoritaria en dicha asamblea. Se opone a un referendo porque sabe que ahí la tiene perdida.

El gobierno nacional se enfrenta a una sin salida. Está obligado a acatar y aplicar normas de justicia internacional sobre delitos de lesa humanidad que hacen parte del ordenamiento jurídico interno. Ha intentado convencer a los comandantes farianos de que la justicia transicional, a la manera como la interpreta el Fiscal General, les salvará de penas y que podrán ser excarcelados. El Marco Jurídico para la Paz sería el instrumento ideal para garantizarles esa oferta.

Pero, como el gobierno sabe que está jugando con candela y que ni en el país ni en el exterior mirarán con buenos ojos esa impunidad disimulada, procura blindarse con el proyecto de referendo. Una jugada arriesgada porque significa que la decisión sobre lo que se firme en La Habana quedará en manos de la ciudadanía. Típica estrategia de jugador. Piensa que cualquier resultado lo libera de responsabilidad. Si es adverso, el gobierno se lava las manos, si es positivo, entonces nadie, cree el gobierno, ni adentro ni afuera, podrá irse en contra de la voluntad de las mayorías.

A Timochenko y compañía no les gusta correr tales riesgos, ni tontos que fueran. Saben que el resultado de tal referendo será negativo, que no habrá constituyente y tendrán que ir a la cárcel. Eso es lo que explica su virulencia retórica. Y optan por aprovechar los afanes del presidente con sus aspiraciones reeleccionistas. Quieren cobrar bien duro la firma de un texto: ni cárcel ni referendo.

El presidente Santos que tenía a su favor la debilidad militar con que llegó la guerrilla a la mesa no la ha podido aprovechar adecuadamente. Su propuesta de paz ha perdido apoyo y favorabilidad entre la población, su popularidad está por el suelo y entiende que solo tiene salvación si les arranca una firma. Su discurso en la ONU y su entrevista con la Fiscal de la CPI tenía la pretensión de quitarse de encima la presión sobre la obligatoriedad de ceñirse a la normatividad internacional en materia de castigo contra delitos de lesa humanidad.

El problema es que la ONU no es Colombia y la CPI no es la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía nuestra. Acá, por obra y gracia de las relaciones clientelares y acuerdos impúdicos, el presidente hace maromas judiciales con la venia o el respaldo de esos organismos. Allá la cuestión es a otro precio. ¿Qué podía lograr Santos con su discurso en la Asamblea General? Una votación de respaldo? Pues no la hubo, ni la habrá. El llamado a que nadie se oponga a lo que se acuerde en el país, sobra, porque ninguna delegación del mundo está en ese plan. La Asamblea tiene asuntos más graves y urgentes de que ocuparse.

En cuanto a la supuesta exitosa reunión con la gambiana Fatou Bensouda, Fiscal de la CPI, nunca escuchamos una declaración de su parte acerca de lo que fue a sonsacarle el presidente Santos. Los tratados internacionales y sus contenidos son taxativos, de obligatorio cumplimiento y no están sujetos a variación o relativización según conveniencias de sus miembros. El corpus jurídico de este tribunal solo puede ser reformado por una asamblea de sus integrantes, además, todo país que lo firma, lo incorpora a su legislación interna. De manera que la crítica que hace el Fiscal colombiano al señalar de rígidos y dogmáticos a quienes defienden la vigencia de la CPI y su marco normativo para Colombia, carece de seriedad y fundamento. La única opción de flexibilidad aceptable es también creación de la ONU. Se trata de la Justicia Transicional que estipula rebaja de penas, como se hizo con los paramilitares, con cárcel y otras obligaciones.

Así pues que a Santos nada le sale y nada puede ofrecerles a sus contertulios. Ha perdido todo margen de maniobra. A su vez, la guerrilla y en razón de sus desaforadas pretensiones, pierde la esperanza de salir indemne y ganadora de este embrollo.

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