La petición de la Fiscalía colombiana de pedir a la Corte Suprema que determine si debe abrirse una investigación al expresidente Alvaro Uribe por presunta relación con una matanza de los paramilitares, ha sido denunciada desde el Centro Democrático, el parito uribista, como una demostración de que la guerrilla de las FARC ha pedido su cabeza como precio para la paz.

«Es la condición que han puesto», asegura el senador José Obdulio Gavirina, que fue asesor presidencial de Uribe durante sus ocho años como jefe de Estado. Para Gaviria, el paso de la Fiscalía demuestra también que hay cláusulas secretas en lo pactado entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC: mientras Santos asegura públicamente que la Jurisdicción para la Paz (foro judicial que se creará para resolver posibles penas por los crímenes cometidos) no modifica el fuero de los expresidentes, lo contrario es afirmado por personas envueltas en la negociación, cuya versión vendría avalada por la decisión de la Fiscalía.

Esto ha avivado la polémica sobre el anuncio hecho en septiembre por Santos y el líder de las FARC en Cuba acerca de una acuerdo para abordar las causas penales de los implicados en la violencia padecida por Colombia en las últimas décadas. Además de que se prevén penas reducidas para quienes cuenten la verdad, las FARC han advertido de que también quienes gobernaron podrán ser denunciados.

La masacre de El Aro

La Fiscalía pide a la Corte Suprema que estime si debe investigarse a Uribe por presunta omisión como gobernador de Antioquía para evitar la masacre de octubre de 1997 cometida por paramilitares en la población de El Aro, en la que murieron quince personas. Uribe era entonces gobernador de ese departamento. En su día hubo testimonios acerca de un helicóptero de la Gobernación que habría sobrevolado El Aro mientras se cometía la matanza. Esta fue comandada por Salvatore Mancuso, quien cuando confesó su responsabilidad también afirmó que el entonces secretario de Gobierno de Antioquía tenía conocimiento de la operación, pero no Uribe. Ahora, un exjefe paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias don Berna, implica al gobernador. Pero otro de los implicados, «Cuco Vanoy», ha insistido en que Uribe no estaba al tanto.

«Como que se buscaron ahora a uno de los peores criminales, extraditado por mi Gobierno, en calidad de testigo en mi contra», afirmó Uribe el martes. El expresidente recordó que en recientes declaraciones a la Fiscalía «Cuco Vanoy» le exculpó del todo. El actual senador lamentó que la Fiscalía no haya remitido esa exculpación a la Corte Suprema, como sí ha hecho con las acusaciones.