El editorial del pasado miércoles del diario El Impulso, de Venezuela, trajo una mala noticia: "A partir del lunes 15, y por un tiempo que ansiosamente esperamos sea el más breve posible, las páginas de este vocero del sentir de los larenses no acompañarán el cafecito de las mañanas".

Las razones de esta ausencia cercana son varias. Se agotaron las reservas de papel -aunque ayer anunció un acuerdo que le permite circular por dos semanas más-, la pauta publicitaria en una economía en recesión se encogió y los obstáculos para la asignación de divisas son cada vez mayores.

El de este diario es un ejemplo más de las crecientes amenazas para los medios informativos independientes en Venezuela. Con este, ya son 11 los periódicos que cesaron sus impresos en el último año.

No obstante algunas campañas de colegas del continente, como la que adelantó Andiarios de Colombia, en abril, y a la que se sumó El Colombiano, para llevar papel a los pares venezolanos, las limitaciones desbordan cualquier expresión temporal de solidaridad.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de bipolar al gobierno venezolano porque mientras se cierran periódicos, sin auxilio oficial aparente, el presidente Nicolás Maduro anuncia la apertura de nuevos medios impresos que financiará y le serían favorables.

Según Freedom House, desde 2012 la prensa allí entró en la categoría de "no libre", junto a países como Cuba y Ecuador. En 2004, la Ley de Contenidos (o Ley Resorte) y la reforma del Código Penal abrieron el camino en el país vecino para constreñir a los medios e impedirles una tarea vigilante y crítica.

Se ha hecho famosa la penalidad del 1 % de los ingresos brutos a los medios que publican informaciones consideradas, por el Gobierno y sus instituciones más afines, "manipuladoras de la realidad y de la opinión pública".

La postura oficial ha sido de hostigamiento a los medios propiedad de sectores de la oposición o a aquellos con algún asomo de independencia frente a las políticas del presidente Nicolás Maduro.

El mismo mandatario hizo la advertencia desde el inicio de su gobierno, en un tono bastante perentorio: "Defínanse con quién están, con la patria, con la paz, con el pueblo o van a volver a estar con el fascismo, defínanse los medios de comunicación".

Durante la cobertura de las protestas opositoras de comienzos de 2014, los periodistas fueron blanco de agresiones, retenciones temporales e incluso de secuestros por parte de comandos armados que no se identificaron.

Al tiempo, la prensa extranjera recibió señalamientos y frases desde el gobierno para que abandonara el país. NTN 24 (de RCN Colombia) y CNN en Español fueron conminadas por el presidente Maduro, en un abierto gesto de censura a la tarea de informar.

Tantas agresiones físicas y verbales, entre tanto, no reciben acciones prontas y eficaces de investigación y castigo de las autoridades venezolanas. Campean la impunidad y el silencio.

Varios de los grandes medios, en este contexto de debilidad económica, hostilidad política y presión legal, caso de la cadena Globovisión y los diarios El Universal y Últimas Noticias, pasaron a manos de aliados del gobierno Maduro.

Esta realidad llevó a Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (capítulo Venezuela) a considerar que el acoso a la prensa ya es "una política de Estado". Y en una declaración más fuerte, el líder opositor Henrique Capriles señaló que "el gobierno central se ha dedicado a comprar medios con el dinero de la corrupción para callar la voz del pueblo".

Por eso la noticia de que un periódico de 110 años deja de circular este lunes en Venezuela nos preocupa. ¿Qué democracia es viable sin una prensa libre y saludable? Ninguna.