Pueda ser que opere a cabalidad el control político y el debate crítico en este nuevo Congreso. Que a través de unas mesas directivas engolosinadas con los almíbares gobiernistas, no se atropelle desconectando micrófonos o mediante el pupitrazo cuando la oposición pida la palabra para denunciar o para presentar proyectos de conveniencia nacional.

Claro que la confrontación será dura, no solo por los antecedentes camorristas de algunos de los actores de la política con asiento en las Cámaras, sino por la misma arrogancia oficialista que quiere a toda costa imponer unos puntos de vista que aun deben y tienen que ser debatidos sin el sectarismo de unos y la pasión de otros.

El proceso de paz habanero, eje central de los alegatos parlamentarios, ha radicalizado al país. No solo por la forma como se adelanta a trancazos desmesurados, sino por lo que viene, una vez se firme su contenido.

La instrumentación para que el postconflicto opere, será materia de grandes discusiones, de severos exámenes, principalmente en el Senado. Allí están sus más radicales defensores y sus más enérgicos opositores.

En el debate saldrán a relucir temas como la reglamentación del marco legal para la paz. La presencia de la subversión en cargos de elección popular y las penas de cárcel para los crímenes de lesa humanidad, serán temas difíciles de conciliar para que se colmen las aspiraciones y demandas del Gobierno, oposición y guerrilla.

La paz sin impunidad ha sido la bandera del uribismo. Santos, en su discurso el domingo pasado al instalar el nuevo Congreso, juró que no se sacrificará la justicia para lograr la paz. ¿Es fruto acaso de otra reculada o de razonamiento inteligente?

El desmonte de la perniciosa figura de la reelección presidencial es otro tema de la agenda esencial de este Congreso. En el debate que acaba de pasar se vieron sus absurdas consecuencias por la forma como se desequilibraron los pesos y contrapesos políticos e institucionales que dejaron un amargo sabor de impureza en el ejercicio electoral.

Acabar con la circunscripción nacional de Senado es otro compromiso insoslayable del Congreso. Hay 13 departamentos del país que se quedaron sin senadores. Y paralelo con esta tarea de enmienda debe estar no solo la desaparición del voto preferente –que le da vida a las perversas microempresas electorales– sino el estatuto de la oposición. Esta debe tener garantías para ejercer con severidad el control y fiscalización del Gobierno a través del reconocimiento de sus atribuciones para que el ejercicio de la democracia no quede mutilado.

La justicia –que en el país anda coja, ciega, sorda y muda– así como la salud, la educación, la tributación, son reformas ineludibles. Intentar frustrar el avance de la corrupción es otro reto inaplazable en un Estado con tantas complicidades e impunidades.

Ojalá este Congreso sea de amplias discusiones y exámenes profundos sobre la marcha de un país que cada día ahonda la brecha entre el país político y el país nacional. Y que no vaya a ocurrir lo de congresos de mediados del siglo pasado, cuando los puños, las balas y demás vías de hecho, saldaron las discusiones entre gobiernistas y opositores.