Vacancias, incertidumbre y paros
La inoperancia se volvió costumbre

La justicia es tal vez el servicio público por excelencia. En la mayoría de casos no puede ni debe ser delegable por el Estado, salvo figuras extraordinarias como los tribunales de arbitramento o que signifiquen conciliación previa.

Hace tiempo ya, sin embargo, que la justicia parecería no tener componte en Colombia. Así pasa no más al revisar lo que hoy ocurre en diferentes escalafones. Se pensó, en principio, que la denominada reforma de equilibrio de poderes iría a arreglar entuertos a través de incisos y parágrafos que se pusieron de panacea en el acto legislativo que derogó la reelección presidencial. Desde luego, sin la unidad de materia obligada hoy la dicha reforma está en vilo por cuanto, a todas luces, se violó la Constitución en varios acápites. Esto fue advertido una y otra vez tanto por este periódico como por otros sectores, pero aun así siguió su marcha estruendosa hasta supuestamente volverla un éxito sin precedentes.

Hoy, no obstante, esta reforma, que se llevó por delante la separación de las ramas del poder público, no se ha podido aplicar y casi vive el sueño de los mortales en sus diferentes acápites. De hecho, la conformación de la Sala de Gobierno Judicial no se ha podido concretar como tampoco el nombramiento del gerente único para la rama. De igual manera, el famoso Tribunal de Aforados, que acrecentó la burocracia y añadió una especie de tribunal más, se mantiene a la expectativa de su designación. El Consejo Superior de la Judicatura, supuestamente eliminado, sigue operando y como están las cosas parecería que no va a desaparecer del organigrama judicial. Esto para tomar solo algunos de los casos en los que, en vez de aclarar las cosas, el acto legislativo generó más bien un enredo superlativo.

La reforma, en todo caso, no parece estar aguantando un análisis de fondo en la Corte Constitucional en donde se ven a gatas para sortear la primera de las demandas. Varios magistrados parecen estar por la inexequibilidad y como gran cosa el Gobierno, ante la eventualidad de un empate en la votación, aspira a que sea un conjuez el que dirima la controversia. Si es así, en todo caso queda pendiente la demanda del Fiscal General de la Nación que, para quien lea su contenido extenso, demuestra que la reforma no tiene constitucionalmente por donde salir bien. De modo que sería mejor que la Corte procediera en consonancia, sabido desde el principio que este acto legislativo no era más que una colcha de retazos.

De otra parte no se han podido elegir los magistrados que le faltan a la Corte Suprema de Justicia. Hay allí seis vacantes desde hace tiempo. No sólo es ello, por supuesto, una rémora en la pronta y debida administración de justicia, sino que la próxima elección de Fiscal General está prácticamente frenada. Como se sabe, para esta escogencia se requiere el voto positivo de 16 de los 23 magistrados, pero hoy sólo hay 17 y uno de ellos termina su periodo en marzo próximo. Es decir que salvo una difícil decisión unánime, es casi improbable alcanzar los votos para la escogencia del nuevo titular del ente acusador. No hay que olvidar que no sumar esos 16 votos fue lo que determinó que la elección de la anterior fiscal Viviane Morales se cayera. Como están las cosas, parecería que se va a prorrogar el periodo del Vicefiscal como Fiscal encargado.

Del mismo modo, en la Corte Constitucional el caso suscitado por el escándalo de la tutela de Fidupetrol no se ha finiquitado, tanto en cuanto está en manos del Congreso. La demora, dentro del debido proceso, tiene de todas maneras al alto tribunal en vilo por cuanto no se trata de un solo magistrado comprometido, sino de algunos más.

Al mismo tiempo, las demandas contra la reelección del Procurador General de la Nación no llegan a término y en el Consejo de Estado parece existir una división infranqueable. Unos días se dice que la sentencia está lista, a veces a favor y a veces en contra, y otros que se demora más.

Como si fuera poco, el acuerdo de justicia transicional con las Farc, en donde el Gobierno pactó exclusivamente elementos restaurativos, recibe una honda crítica de ambos partidos en los Estados Unidos, poniendo en tela de juicio las ayudas financieras a Colombia si no hay sanción efectiva a los violadores de derechos humanos.

Y en la mitad de todo lo anterior, la justicia ordinaria se encuentra en paro en la mayoría de sus jurisdicciones, cumpliendo ya más de un mes, sin que se sepa si algún día habrá arreglo o no.