Ninguna suma -aunque se hayan dispuesto 2.8 billones de pesos- alcanza frente al inadecuado manejo del erario que se efectúa con la estratagema de disfrazar objetivos en contratos multimillonarios, como acontece en la Fiscalía General de la Nación donde la verdad se busca por onerosos acuerdos injustificables, de desarrollo secreto, a espaldas de los jueces, de la ciudadanía, cubiertos por un velo clientelista. ¿Para qué asesoría externa respecto de labores propias de la entidad determinadas por la Constitución y las Leyes, por ejemplo, en el insólito caso de los convenios de “excavación” y “levitación” de delitos adjudicados a la firma de Natalia Springer? Es insuficiente decir que “esa platica no se perdió”. Son más de cuatro mil millones.
La información al Congreso de la República sobre otorgación a dedo y ejecución de contratos, nómina paralela y gastos desproporcionados urge. La actitud descortés del Fiscal con el procurador Alejandro Ordóñez, el periodista Darío Arizmendi, el doctor Alejandro Ramelli, exjefe de la Unidad de la Fiscalía que oportunamente le hizo observaciones al contrato en mención y los medios no tapa la pifia. La democracia pierde legitimidad si se convierte en dación de favores y fuente de enriquecimiento para unos pocos, con la deformación del principio penal acusatorio, de los objetivos que se adujeron para la creación de la Fiscalía.
El tema se extiende a nivel nacional, departamental y municipal en instituciones del Estado, con el agravante de que las noticias sobre contratos llegan cuando estos se han adjudicado y suscrito o fueron origen de corrupción, tal el caso del carrusel durante la anterior administración en Bogotá. Política y negocios abruman sin que esté completo el análisis en cuanto a la comisión de infracciones contra el erario independientemente de aquellas vinculadas a la contratación.
Aun cuando falte probar la incursión en delitos, no cabe duda de que los objetivos por parte de las personas jurídicas y naturales involucradas en labores muchas veces extrañas e incomprensibles, se incumplen. El asunto se relaciona con los esfuerzos por la paz porque esta no podrá aclimatarse, así se suscriba un acuerdo y los guerrilleros se reincorporen a la sociedad, en medio de las dudas acerca de quienes, cómo y cuándo dispondrán en beneficio comunitario de los dineros destinados a aclimatarla. La clase dirigente, el Congreso o el Congresito y los organismos de control tienen que prever la supervisión adecuada de los recursos. Mucho dinero se saca del erario en balde, después hay críticas, controversia, escándalo, pero determinar responsabilidades implica indagaciones, valoraciones, juicios, trámites engorrosos. Pocas veces se concluye si los desembolsos se hicieron correctamente y casi nunca hay respuesta a la pregunta de, en cambio, ¿qué sacamos?
