La creación de las Zidres ha traído al debate el viejo problema de la tierra en Colombia. El articulado de la Ley 1776 de 2016 no avala el discurso oficial. Con la reglamentación se dilucidarán las reales intenciones.

El problema de la tierra, que viene prácticamente desde los albores de la Patria, continúa generando controversia aún en los comienzos del siglo XXI cuando para el desarrollo de las naciones el factor determinante es el conocimiento.

Precisamente, a raíz de la reciente expedición de la Ley 1776 de enero 29 de 2016, mediante la cual se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), se ha suscitado una fuerte controversia.

En esta polémica se enfrentan la visión de un desarrollo rural basado en la promoción de los pequeños productores (o agricultura familiar, como ahora se denomina) y la que tiene a la inversión privada, nacional e internacional, como el eje del desarrollo de los territorios rurales.

Infortunadamente, hoy se ven estas dos visiones como antagónicas y no, como debería ser, complementarias pues cada tipo de agricultura tiene sus fortalezas y aportes al desarrollo del campo.

Según la Ley 1776, las Zidres son territorios con aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola que se establecerán a partir de la formulación de planes de desarrollo rural integral.

Dichas Zonas deben cumplir una serie de requisitos: encontrarse aisladas de los principales centros urbanos; que su adaptación productiva demande altos costos; que tengan baja densidad poblacional y altos niveles de pobreza; y que carezcan de la infraestructura básica de transporte.

Por lo que implican estos requisitos, es claro que con las Zidres se quiere impulsar el desarrollo de los agronegocios. Adicionalmente, otros artículos de la Ley, entre los que se encuentra la posibilidad de arrendamiento de bienes inmuebles de la Nación o de contratos sobre el derecho real de superficie, ratifican esta presunción.

En este sentido, el articulado contradice el discurso gubernamental que señala que la nueva Ley “pone a los pequeños y medianos campesinos en el centro del desarrollo agropecuario”.

Sin embargo, dados los distintos requisitos que impone la Ley para desarrollar los proyectos productivos en las Zidres, exigencias que van en contravía de la lógica y la operación regular de los negocios, no es claro si los inversionistas privados se sentirán motivados a concretar dichos proyectos.

Como lo muestran algunos ejemplos de desarrollo agrícola promovidos por la inversión privada (banano en Urabá y la palma africana en diversos territorios) es bueno que desde su inicio el Estado se vincule a ellos.

En este sentido, es de gran importancia que la acción gubernamental se centre, no en subsidios, sino en incentivos (como el ICR) y en bienes públicos (como vías, investigación, tecnología, etc.). Así mismo, el apoyo productivo debe ir de la mano de la inversión social para asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a toda la población rural.

Para dilucidar las verdaderas intenciones que el Gobierno Nacional tiene con las Zidres y así dejar de lado las especulaciones y los discursos cargados de posiciones ideológicas e intereses políticos que poco ayudan al desarrollo del campo, hay que esperar la reglamentación de la Ley 1776.

En ese momento, el Gobierno deberá destapar las cartas y mostrar si las Zidres realmente representan un instrumento fundamentalmente dirigido a promover el desarrollo agroempresarial del campo (que es como lo entienden, por ejemplo, la SAC y Oxfam) o, como lo sostiene el discurso oficial (pero que no es avalado por el texto de la Ley), es un mecanismo de desarrollo rural empresarial basado en los pequeños productores.