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Miércoles 13 de Diciembre del 2017

“Zonas de ubicación”

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Rafael Nieto Loaiza  |

Fecha: 28/02/2016

 

Foto: epimg.net

Santos reunió esta semana a los partidos representados en el Congreso, con miras a conformar una “unidad para la paz” que apruebe las iniciativas del Ejecutivo vinculadas a La Habana. Fueron todos, incluidos los conservadores, cada vez más cerca del Gobierno después de que Marta Lucía Ramírez perdiera la batalla en el interior del partido. En fin, todos menos el Centro Democrático, que ha quedado solo en la oposición. Al menos hasta mayo del 17, cuando la “unidad” explotará en mil pedazos para el reacomodamiento de la carrera presidencial.

Pero se esconden realidades amargas detrás de tan aparente belleza. Un par de días después de la cita palaciega, el Gobierno no logró el quórum para votar el proyecto de ley de orden público que permitiría, entre otras cosas, la creación de las zonas donde se concentrarían las Farc. Y el partido del vicepresidente Vargas Lleras se despachó con una denuncia durísima contra el Gobierno y con unas dudas sustantivas.

La denuncia es una prueba más de que la “unidad nacional” está pegada con mermelada. Si bien constata lo ya sabido, en las circunstancias actuales despierta seria preocupación. El hueco fiscal es de 30.5 billones de pesos. El recorte presupuestal, de apenas 6 billones. ¿Y aun así hay plata para almendras, cortinas presidenciales, paseos a Washington y mermelada? Parece que la venta de Isagén le salvó al Gobierno el dinero para untar congresistas. Sí, el que recibió de la venta se destinará a obras públicas. Pero ese ingreso le liberó unas partidas que son las que ahora usará para repartir entre los congresistas. Al final es plata del mismo bolsillo, el nuestro, que se usa para comprar los apoyos políticos al Gobierno. Y es un instrumento de chantaje como lo reconoce Cambio Radical cuando le pide al Gobierno que “no condicione la ejecución de políticas públicas y el presupuesto de las regiones a una aprobación [del proyecto de ley] sin el debido debate de fondo”.

Dice Cambio Radical que “el país no acepta que esta discusión se tramite sin explicarles a los colombianos el alcance de estas zonas, sus dimensiones, número y garantías de la fuerza pública para perseguir el delito”. Y pregunta: “¿Cuál es el propósito de estas zonas de ubicación temporal o de despeje? ¿Cuántas zonas de ubicación temporal o de despeje se crearán en el país? ¿En qué lugares del país se establecerán? ¿Con qué criterio se seleccionarán los departamentos y municipios en donde se ubicarán las zonas? ¿Cuál es el término de vigencia de estas zonas de ubicación temporal o de despeje? ¿Es un término prorrogable? ¿Cuál será el área de extensión de cada una de estas zonas? ¿Con qué criterios se determinará el área de extensión de las zonas? ¿Los miembros de los grupos armados al margen de la ley que se localicen en estas zonas dispondrán de alguna clase de armamento? ¿Qué autoridad tendrá el control y la vigilancia de estas zonas? ¿En qué consiste el rol de los observadores internacionales en las zonas? ¿Puede entrar la fuerza pública a estas zonas? ¿Cuáles serán los procedimientos y normas aplicables en el evento de presentarse alguna infracción a la ley penal colombiana? ¿En caso de delitos cometidos por parte de estos grupos al margen de la ley en contra de la integridad de la población civil y de su patrimonio, qué actuaciones puede emprender la fuerza pública en esas zonas? ¿Qué consecuencias tiene para la continuidad de las zonas la comisión de delitos y arbitrariedades por parte de los grupos al margen de la ley allí presentes? ¿Cuál es el monto y el presupuesto del cual dispone el Gobierno Nacional para la creación y puesta en marcha de estas zonas? ¿Cómo se garantizarán los derechos de la población que habite o posea bienes en estas zonas de ubicación temporal o despeje?”.

El Gobierno debería responder antes de que los partidos de la “unidad para la paz” aprueben la ley. ¿O acá otra vez los parlamentarios renunciarán a sus funciones y le entregarán al Gobierno unas peligrosísimas facultades omnipotentes?.

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