Violentar la infraestructura petrolera de Ecopetrol forma parte de la política de guerra del Eln para presionar la negociación del cese bilateral del fuego.

Cada vez que se registra un atentado terrorista contra la infraestructura petrolera del país, la estatal colombiana Ecopetrol activa el Plan de Contingencia, una estrategia diseñada hace ya más de tres décadas y que permite atender la emergencia, detener el derrame del crudo y paliar sus efectos en las comunidades y el medio ambiente.

Esta estrategia se ha repetido durante 98 ocasiones en lo que va corrido de 2018, la última el pasado miércoles en la noche cuando el oleoducto Caño Limón-Coveñas fue dinamitado en el sector de la vereda Cañaguata, jurisdicción del municipio de Cubará, en Boyacá.

Aunque aún no se ha cuantificado la cantidad de barriles de crudo derramados, “el ataque produjo caída de petróleo en un caño seco y posteriormente en la quebrada La Gaitana y en los ríos Róyota y Arauca, en Boyacá”, informó la empresa en un comunicado.

En este, como en las ocasiones anteriores, el primer paso es proteger la bocatoma de los acueductos veredales y municipales para evitar la contaminación del líquido que surte a millones de personas.

Ecopetrol también notificó a los concejos municipales de Gestión del Riesgo de Cubará y Saravena y de los departamentos de Boyacá y Arauca y a Corporinoquia y a las demás autoridades competentes.

Con esta acción terrorista, son ya tres los atentados registrados en el mismo punto del tubo que conduce el petróleo desde el oriente del país hacia la costa Caribe.

Los anteriores, cuyas consecuencias aún siguen siendo atendidas por Ecopetrol con el apoyo de la Fuerza Pública, ocurrieron los pasados 25 de octubre y 8 de noviembre.

Este último generó un incendio forestal de grandes proporciones que consumió 750 metros de bosque nativo, y el crudo derramado afectó un total de 620 metros del ecosistema.

33 años de atentados terroristas

Cifras oficiales reveladas por Ecopetrrol indican que desde su construcción, hace 33 años, el Caño Limón-Coveñas ha sido atacado en 1.495 ocasiones generando el derrame de 3,4 millones de barriles de crudo, una tragedia ambiental de grandes proporciones con daños económicos multimillonarios para la economía nacional.

Este año la infraestructura petrolera ha sido atacada en 98 ocasiones, así: 84 veces el oleoducto Caño Limón-Coveñas -seis en Boyacá, 12 en Arauca y 66 en Norte de Santander-, y 14 el oleoducto Transandino.

Mientras, el año pasado fueron 62 los ataques dinamiteros; 42 en 2016 y 15 en 2015, de acuerdo con las cifras oficiales conocidas por EL NUEVO SIGLO.

Solo este año el oleoducto ha estado fuera de operación durante 277 días, pero esta cifra suma más de mil días –tres años de parálisis absoluta- desde 1986, informó la empresa.

En todos estos años se estima que en reparaciones con corte a septiembre pasado, se han invertido $60.000 millones.

Lo peor es que la reparación de la infraestructura generalmente tiene que hacerse en condiciones adversas: mal clima, agreste topografía, derrame de miles y miles de barriles de crudo, situaciones difíciles de orden público, minas antipersona y la amenaza de francotiradores de grupos ilegales, entre muchos otros peligros.

Peor aún: desde 2013 a la fecha, 44 militares han sido asesinados y 95 resultaron heridos durante las labores de reparación del Caño Limón-Coveñas, además de 32 avionetas impactadas en los últimos cinco años.

Eso, sin contar con millones de personas afectadas a lo largo de los 733 kilómetros de extensión del oleoducto y que han sufrido los rigores del derrame de crudo sobre la naturaleza que, según expertos, tarda décadas en recuperarse para volver a ser productiva.

Estrategia de presión

De acuerdo con las autoridades, el mayor grado responsabilidad de la gran cantidad de atentados terroristas contra la infraestructura petrolera es atribuido al Eln.

“Esta ha sido una actividad rutinaria del Eln desde hace muchos años, porque sabe que eso lesiona la economía del país y le duele al Gobierno. Con esto lo que busca es presionar el cese de fuego bilateral, y con el argumento que como el Gobierno no quiere pactarlo entonces se siente con la libertad de seguir atentando”, dice el analista León Valencia Agudelo.

El Estado y el Eln, como se sabe, instalaron hace año y medio una mesa de conversaciones de paz en Ecuador y luego fue trasladada a La Habana, pero por la reincidencia de esa guerrilla en los ataques terroristas, el secuestro y el reclutamiento forzado de menores, fue suspendida hasta nueva orden.

El Ejecutivo ha puesto el cese de esas actividades ilegales para reactivar los diálogos, algo que no se ve posible en el corto plazo.

“Económicamente este tipo de atentados no le representa ingresos al Eln, pero hace parte de su histórico accionar para reivindicar los recursos naturales y rechazar la presencia de multinacionales en territorios donde hay presencia de hidrocarburos y otros recursos no renovables. Pero yo creo que ahora con mayor fuerza la voladura de oleoductos es una manera de presionar la reanudación de la mesa en La Habana”, agrega, por su parte, el catedrático Alirio Villamizar Herrera.

A ello se suma que los observadores califican de “incoherente” el discurso del Eln, pues mientras en su ideario hablan del respeto al medio ambiente y los derechos de los campesinos, con sus atentados dinamiteros afectan a la población civil que dicen defender.

Los dos expertos son de la opinión de que ni el Gobierno ni la guerrilla van a ceder en sus pretensiones, y por tanto el futuro de esa mesa de conversaciones está en un punto muerto.

El Gobierno, explica Valencia, insiste en poner órdenes de circular roja a todos los miembros del Eln y pidiéndole a la Interpol que los capture, y el Eln arreciando su acción terrorista. “Todo esto está llevándose el procese al tarro de la basura”, afirma el director de la Fundación Paz y Reconciliación.

“El proceso está muriendo lentamente, ninguna de las partes se atreve a romperlo formalmente pero ambas están haciendo cosas para terminarlo”, sentencia Valencia.

Tampoco se ve una solución en el corto plazo, lo que implicaría que, según los observadores, la única salida es pactar un cese el fuego bilateral, que el Eln pide negociar ya y el Gobierno dice que solo al final del proceso.