Nos falta decisión para acompañar a las autoridades en el combate por el trono moral. Sabemos que la causa de la seguridad es justa y la del terrorismo es criminal; pero oímos, indiferentes, cómo criminalizan sistemáticamente las operaciones de la fuerza pública. No exigimos que se las trate con objetividad y respeto.

Una revista y una cadena de emisoras «políticamente correctas» y «progres» venden como verdad este sofisma inventado por las propias Farc (ver ‘Sofismas del terrorismo en Colombia’): que combatirlas es una insensatez; que son inderrotables porque «tienen el apoyo del pueblo»; que qué cuentos de seguridad democrática; que bastará mantener un intercambio epistolar para que logremos un ‘acuerdo de paz’, y que, para el efecto, entreguemos la personería nacional a ‘Colombianos y colombianas por la paz’.

¡Qué raro! Para ellos, los operativos de la fuerza pública siempre conllevan mala fe, sevicia, irrespeto de los derechos humanos. Recuerdo cómo denigraron de quienes dieron por sentado la autoría de las Farc en los actos terroristas de El Nogal, la Universidad Militar y Caracol. Ellos, en cambio, ¡hicieron cerrada y férrea defensa del «buen nombre» de las Farc! Con insidia, echaron a rodar la bola sobre la constitución de una organización terrorista que quería ‘poner a pelear a la izquierda y la derecha dentro del gobierno’. La banda Farc, ni corta ni perezosa, ordenó a su periódico Anncol, y a todos sus panegiristas, repetir el cuento en cuanta ocasión tuvieran a la mano.

En la Colombia real -en los barrios de Bogotá y en los departamentos-, la cosa es a otro precio. Tomemos una muestra cualquiera. En el Diario del Otún de Pereira, Jaime Castaño Torres escribió en su columna ‘Todos contra el Ejército… pero piden seguridad’: la moda de la semana ha sido darle duro al Ejército por el problema de la prisión de Tolemaida. Darío Arismendi se hizo lenguas denunciando el «horrible hecho» y todos le hicieron coro, pero, a renglón seguido, pasan a pedir resultados al Ejército contra la guerrilla. El columnista Castaño nos recordó que existen la guerra política y la guerra jurídica y puso como ejemplo bien conocido el tildar a priori todo procedimiento de la autoridad como un ‘falso positivo’.

Poca trascendencia dimos a la pérdida del trono moral con el acuerdo que firmaron Obama-Santos. En el documento se da por sentado que en Colombia hay un genocidio contra los sindicalistas. Desde Medellín, el profesor Darío Acevedo puso los puntos sobre las íes en su blog y le dio elementos al Gobierno para que se defienda de tamaño embuste: «La violencia en Colombia afecta a gentes de carne y hueso, a personas de todos los estamentos, clases sociales, oficios y profesiones. Algunos sectores han sido más vulnerados que otros. No sé si habrá estadísticas (sobre) qué porcentaje de campesinos han sido asesinados por motivos o causas políticas o por ser jornaleros. Tampoco hay cifras sobre hacendados (…), ganaderos o cultivadores (…) víctimas de la violencia. (…) cada quien, a su manera, llora sus muertos. Los familiares de médicos, de dirigentes políticos, de policías y soldados, de maestros, de jóvenes barriales, de mujeres, de dirigentes cívicos (…). Los sindicalistas no han estado exentos del mal llamado ‘conflicto armado’ y una Ong (la Escuela Nacional Sindical), de la que soy socio fundador y aún activo, ha venido realizando estudios estadísticos sobre la manera como la violencia afecta el sindicalismo colombiano (…). En el periodo en que se aplicó la política de Seguridad Democrática (…) los informes se impregnaron de un sesgo ideológico y político (…): mostrar que Colombia era el país más inseguro del planeta para el ejercicio del sindicalismo, en el que más dirigentes sindicales eran asesinados y en el que la situación documentada desde 1986 se había puesto peor en los últimos años».