Jaime Jaramillo Panesso abre debate sobre lineamientos para una politica de paz

Jaime Jaramillo Panesso abre debate sobre lineamientos para una politica de paz

Los profesores Jaime Jaramillo Panesso y Alfonso Monsalve, envían sendos documentos sobre los lineamientos gubernamentales para los diálogos de paz. Ambos documentos, que debatiremos  ampliamente, serán la base para un pronunciamiento oficial del Centro de Pensamiento Primero Colombia.    

LOS LÍMITES POLITICOS DE LOS DIALOGOS DE PAZ

Después de cincuenta años de violencia guerrillera, el Presidente Santos se apresta para iniciar diálogos con las Farc. El fin es llegar, posiblemente, a un acuerdo de paz. Es en esta perspectiva que se deben mirar dos elementos de actualidad: el recrudecimiento de las acciones guerrilleras en varios puntos del territorio que crean la imagen de un nuevo desarrollo de los grupos armados ilegales de izquierda, por una parte. Y el cruce de cartas y declaraciones de la Comandancia guerrillera reanudando su interés por la paz, acompañando lo epistolar con la entrega de militares y policías secuestrados y con promesas de suspender el secuestro extorsivo. Estos dos aspectos tienen objetivos tácticos concretos: el primero, por ser de carácter militar, está orientado a mostrar fortaleza y crecimiento al momento de los diálogos con su oponente el gobierno nacional. El segundo se dirige a la ciudadanía de la cual quiere obtener un grado de aceptación, benevolencia y olvido de sus crímenes, para que no se oponga al diálogo y negociación. Una política de ablandamiento político y moral.

Los acercamientos entre gobierno y Farc están en camino y existen delegados de ambas partes dialogando en algún lugar del mundo. Para atraer a la mesa de diálogo y de eventual tratado de paz, el gobierno del Presidente Santos recomienda e impulsa un acto legislativo – un artículo transitorio en la Constitución nacional – por medio del cual se introduce en la Carta Magna el principio de la justicia transicional, el concepto de conflicto armado interno de naturaleza propia del DIH, la autorización al Presidente de la República de suspender la pena a los jefes de grupos armados que se desmovilicen, crear comisiones o instancias de verdad donde no se judicialice a quienes confiesen delitos inclusive los delitos atroces, y suspender la persecución judicial a personas sindicadas  desmovilizadas. Esta reforma constitucional  inminente  es  donde reside el poder discrecional del Presidente y en la cual se crea una forma judicial que evade las  amnistías e indultos que hoy no es posible aplicar expresamente.

Obtenido este plus o ventaja comparativa por los grupos que se desmovilicen y se acojan a un acuerdo de paz, los diálogos avanzarán  secretamente hasta obtener otros niveles temáticos que  hoy se desconocen, aunque en lo que atañe a la guerrilla aspira a reformar  la estructura económica, judicial, constitucional, electoral y administrativa del estado colombiano.

Es deducible que las Farc reediten su propuesta de una negociación abierta de cara a la opinión pública nacional e internacional para ganar adeptos o simpatizantes a sus proclamadas tesis revolucionarias o reformistas, para que queden como constancia en caso de no prosperar el acuerdo. Si ocurriere lo contrario habrán ganado en la mesa lo que no alcanzaron durante cincuenta años de violencia, a menos que el gobierno logre una desmovilización, entrega de armas y un acuerdo sobre algunas propuestas que no sean una capitulación. Para que este encuentro se realice, debemos recordar que las Farc  exigen parte del territorio desmilitarizado y bajo su control, tal como lo exigieron para eventos de menor importancia como la entrega de secuestrados o lo que ellos denominan “intercambio de prisioneros”. Despejar los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, en 2005. Antes de ello y condicionando un diálogo de paz con el gobierno de Uribe, pidieron despeje de los departamentos de Putumayo y Caquetá, equivalente a cien mil kilómetros cuadrados. La metodología de la mesa de diálogo entre Santos y las Farc será de largo alcance en el tiempo y en la paciencia de los colombianos. Pero el problema de fondo es de mayor cuantía: Por qué, cómo y qué se va a negociar con las Farc.

El camuflaje del Presidente Santos.

El Presidente Santos logró ser Jefe del Estado, cabalgando sobre la Seguridad Democrática, el apoyo de Uribe y por sobre todo, bajo la confianza del pueblo colombiano de que llevaría a cabo una política nacional e internacional, no igual y copia de la de Uribe, pero si con los mismos objetivos y con el mismo acento de soberanía y dignidad.

Sin embargo Santos en esta materia se caracteriza:

1. Los ataques de la guerrilla a la Fuerza Pública y a la sociedad civil, a las instalaciones públicas y los servicios de salud, educación y líneas de transporte terrestre, energía eléctrica y petróleo son rechazados como parte del conflicto armado. Pero no son calificados de terroristas.

2. El concepto de Seguridad Democrática fue expulsado del lenguaje oficial, incluida la vocería de la Fuerza Pública. Está excluido a todo nivel del Estado: municipal, departamental y nacional.

3. Mientras más actos de guerra y de hostilidad a la población civil se presentan, estos por si solos, aparecen como avances o triunfos de la guerrilla, los cuales crean en la opinión pública una tendencia a la derrota política o al apaciguamiento moral que se orienta a aceptardiálogos inmediatos. Para completar esta regresión, eldebate en el Congreso sobre el fuero militar alarga su reglamentación y aplicación durante dos años, lo que paraliza o condiciona la eficaz labor de los militares.

4. A las manifestaciones de la guerrilla de querer dialogar para buscar caminos de paz, mientras practica la guerra, el Presidente Santos ha dicho que espera hechos fehacientes de paz y que la llave de cualquier proceso está en sus manos, por mandato constitucional.

Estado justo y guerra revolucionaria.

Dice Bobbio: “Se llama poder legítimo al poder ejercido con justo título, donde por “justo título” se entiende que ese poder fue atribuido al titular por una ley superior, sea ella una ley natural como la norma que prevé la adquisiciónde derecho por prescripción, sea una ley fundamental del estado, como la ley sálica en una monarquía hereditaria o como uno o varios artículos de una constitución escrita con respecto al poder de este o aquel órgano en un estado constitucional.”

Y agrega más adelante: “La seguridad del estado como ente colectivo debe servir en última instancia para garantizar la seguridad de los propios ciudadanos. De la misma manera que la garantía del respeto del derecho a la seguridad de los ciudadanos está en el derecho que el Estado tiene de castigar a los que la amenazan, así también la garantía de la seguridad del Estado con respecto a los demás Estados, radica en el derecho que el propio estado tiene de recurrir, en última instancia, a la fuerza punitiva de la guerra……. La salvacióndel Estado es la ley suprema para los gobernantes, pero por derivación también para los gobernados”.[2]

La amenaza a la seguridad de un estado no solo proviene de otro Estado, sino de fuerzas internas que no comparten la dirección u orientación de quienes gobiernan. Si esas fuerzas recurren a las armas, es por que no existen canales democráticos y dialogantes para obtener incorporación o rectificación. Una dictadura unipersonal o unipartidaria puede desatar una oposición armada, en determinadas circunstancias. En el caso actual de Colombia, donde existen garantías democráticas, una oposición en armas es ilegítima y contraria a los intereses pacíficos de la mayoría popular. ¿Quién le ha entregado a la guerrilla poder de representación para que nos “libere” del tipo de estado que existe en Colombia”? ¿Con qué título asume la lucha armada para “salvar” al pueblo colombiano de una tiranía presunta? ¿De dónde proviene su poder de ejecutar actos de violencia en nombre de 45 millones de ciudadanos?

Las Farc, lo mismo que el Eln, asumieron por si y ante si, como si fueran ungidos por un Mesías no religioso, un plan para la toma del poder político, bajo la estrategia de la guerra revolucionaria que tiene como gran principio estratégico “todos los medios son lícitos para alcanzar el fin”. De ahí se desprende la consigna de una praxis político militar de las Farc y del Partido Comunista: utilizar todas las formas de lucha, la legal y la ilegal. “La tesis de la “combinación de todas las formas de lucha” va, en este sentido, más allá de la articulación entre lo legal y lo ilegal. Se refiere tanto a la articulación de referentes como de repertorios heterogéneos de acción”.[3]

Los repertorios heterogéneos de acción son los tipos de hechos criminales no sometidos a las leyes de la guerra, sino de la barbarie como la utilización de cilindros explosivos o tatucos, los collares bomba, la decapitación de los prisioneros, el secuestro, el reclutamiento y fusilamientos de niños, la destrucción de acueductos, el incendio de las haciendas, el arrasamientos de poblaciones, la violación de las mujeres, etc. Un vademécum de crímenes cometidos en nombre de la revolución, en nombre de laliberación y de la independencia definitiva, en nombre del movimiento bolivariano, en nombre del proletariado.

En los modelos de violencia universales, la desarrollada por las Farc tiene la marca registrada de ser la más inhumana y sangrienta y la que mas ha causado terror individual y colectivo. ”La guerra revolucionaria, articulada por Mao Zedong y Che Guevara, desarrolló tácticas destinadas a encontrar la forma de superar el problema de las grandes concentraciones convencionales y que eran, prácticamente, lo contrario de la teoría estratégica convencional. El objetivo central de la guerra revolucionaria es el control del territorio mediante la obtención del apoyo de la población, una vez de arrebatárselo a las fuerzas enemigas.”[4]

Si el objetivo central de las Farc es el control del territorio mediante el apoyo de la población, es una contradicción insuperable con su meta de la toma del poder, porque en la selva no existe población. Y si bien es cierto que sus activistas clandestinos del Partido Comunista, PC3, logran algunas movilizaciones y protestas en su nombre o en sus consignas, como en el pasado lo fue la UP y en el presente la Marcha Patriótica, la mayoría de los colombianos, el 98% de los encuestados, son contrarios a la guerrilla.

El delincuente político

La guerra revolucionaria ha creado un mito: el delincuente político. Ese delincuente político no es el ciudadano que disiente del estado o del gobierno, escribe o manifiesta su inconformidad y en los regímenes dictatoriales de izquierda o de derecha, en las teocracias y, en fin, en los sistemas totalitarios, y es procesado por el delito de opinión o similares. No, el delincuente político de la guerra revolucionaria en Colombia es aquel que comete o contribuye a los delitos atrás enumerados, delitos unos atroces y otros comunes. Esos delitos, según sus autores y exégetas, están justificados por una intención moral: el altruismo. Esta virtud humana que consiste en trabajar, ser solidario y hasta sacrificarse por el prójimo, por los demás, es la razón que ilumina a los delincuentes políticos de la guerrilla y que les permitirá ser excluidos de penas judiciales. Es uno de los puntos fundamentales en la agenda de negociación.[5]

La guerra revolucionaria en Colombia ha causado alrededor de trecientas mil víctimas mortales y millones de delitos graves como el secuestro, las lesiones personales, el desplazamientoforzado, las masacres, el asalto y robo a los ciudadanos y familias, etc. ¿Pueden justificarse esos crímenes con la intención del delincuente político de que lo hace por el bien del pueblo y de la nación colombiana?

(El delito político en la normatividad penal nuestra se circunscribe a la sedición, rebelión y asonada, artículos 467 a 473 del Código Penal. Incluyen, además la conspiración, seducción, usurpación y retención ilegal de mando.)

Construir la paz negociada con la guerrilla sobre la base de la acción altruista de sus agentes es monstruoso. Es ahí donde tiene cabida la justicia transicional. Pero la imaginación transicional no puede crear una asimetría ofensiva y vengativa que siembre la repetición de la guerra más adelante. Este aspecto de la estrategia jurídica para la paz debe ir de la mano de la tarea nacional de la reconciliación.

El acuerdo de paz no es a cualquier precio.

El papel de un buen gobernante es dar seguridad para la existencia del Estado y la vida social y personal de los gobernados. La paz en sentido estricto es el acuerdo con los grupos ilegales armados para que se integren a la sociedad democrática. De la práctica de ese acuerdo surgen la reconciliación y a convivencia. La seguridad es democrática, no por el capricho nominativo de un gobernante, sino porque tiene dos contenidos: uno, en cuanto al universo de los beneficiarios, que es la totalidad de los colombianos, amigos o contrarios a las ideas o programas del gobierno, es decir, una democracia sin límites, plenamente pluralista. Y dos, por el método: el ejercicio de la autoridad para restablecer el apego al orden constitucional y a los Derechos Humanos, al monopolio de la fuerza legítima por el Estado y el respeto ciudadano a la ley por convicción.

El Estado quese consolida con la Seguridad Democrática es el resultado de un amplio frente activo de los ciudadanos, la Fuerza Pública y las instituciones, incluyendo en primer lugar, las ramas del poder público. Los ilegales llegan a la suspensión de sus actos violentos ante la imposibilidad de derrotar al Estado. Por lo tanto los diálogos y la negociación deben comenzar por la decisión de no usar las armas, de desmontar sus columnas de combatientes y de reconocer el estado democrático.

Los colombianos hemos sido engañados muchas veces en nuestra aspiración de tener una nación sin grupos armados contrarios a la paz y a la convivencia. Las experiencias amargas a lo largo de los últimos veinticinco años con el Eln son un acumulado de frustraciones. El solo ejemplo del Caguán con las Farc nos ha curtido de desconfianza. Como diría un mediador de Harvard: estamos negociando con el diablo.

[1] Norberto Bobbio. Teoría General de la Política. Edit. Trotta.2003. Pag. 336

[2] Idem. Pag. 561

[3] Daniel Pecaut. Las Farc ¿una guerrilla sin fin o sin fines? Edit. Norma. 2008. Pág. 25.

[4] Mary Kaldor. Las Nuevas Guerras. Edit. Tusquets. 2001. Pág. 127

[5] Altruismo es lo que se atribuye a Teresa de Calcuta, a San Juan Bosco con la educación popular, a Shakira con su fundación para los niños de Barranquilla, a las fundaciones de ciudadanos que apoyan a los enfermos de cáncer, del corazón, de Alzheimer, de Parkinson etc.-

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