Ya en un par de trinos el expresidente Uribe contrasta la actitud cómplice, negligente y posiblemente, violatoria de la ley, del gobierno colombiano frente a la petición de extradición por parte de la justicia nacional al “cantante de las Farc”, Guillermo Enrique Torres, alias “Julián Conrado”, mientras se niega a dar asilo a cinco cubanos que afirman que en la isla no tienen ni tendrán garantía política alguna.
Sin ningún recato, el gobierno retiró (desistió) de mantener los cargos contra el militante de las Farc, “detenido” en Venezuela, para que se integrara como “negociador” de ese grupo en La Habana, aunque también ha circulado la noticia de que esta acción forma parte del pacto secreto con el rimbombante nombre de “acuerdos humanitarios” entre los actuales detentores del poder del Estado en Colombia, de un lado; y el paraestado, es decir, el estado paralelo que las Farc están construyendo en las tristemente célebres negociaciones que se realizan en Cuba, para liberar a tres guerrilleros presos en Colombia y a alias Simón Trinidad, del otro.
No falta quien diga que se trata de un “gesto humanitario”, pues alias Julián Conrado se quejaba de una enfermedad para la cual pedía constantes revisiones médicas, las cuales, por supuesto, le eran concedidas solícitamente por la camarilla que gobierna a Venezuela; revisiones médicas que las Farc les negaron a los secuestrados por muchos años, civiles y militares enfermos de malaria, dengue, desórdenes mentales, etc., que tenían en sus campos de concentración, lo que llevó a la muerte al menos a dos de ellos y secuelas irreparables en el resto.
Es una muestra más de los alcances de la impunidad que concede Santos a las Farc y una burla de éste y de la organización criminal al pueblo colombiano, pues con el mecanismo de convertir en “negociadores” a muchos de sus más connotados terroristas, esa guerrilla terminará por tener una lista interminable de éstos en La Habana, presumiblemente a los criminales de lesa humanidad y de guerra, lejos de la justicia colombiana (?) y de la del Tribunal de Roma, por si acaso se les daña el entable.
Y mientras a las Farc el gobierno les concede todo, comenzando por la impunidad, a los seis cubanos que piden angustiosamente asilo desde el 1º de enero, se los niegan, y encima les retienen los pasaportes, en poder, se dice, de la compañía aérea que los transportó; los mantienen como a animales rabiosos, no les dan comida y no les permiten bañarse ni cambiarse de ropa, con la grosera excusa de que como están en un lugar de tránsito por no haber pasado por inmigración, no han ingresado oficialmente a Colombia. ¿Alguien puede creer ese argumento? Bastaría que les devolvieran los pasaportes y les garantizaran públicamente, de cara al país, que al legar a Inmigración se les otorgará inmediatamente el asilo.
Pero la probabilidad de que eso ocurra es cercana a cero porque, a pesar de la presión de los colombianos y de algunos organismos internacionales, el compromiso del gobierno con el de Cuba, lugar de la negociación, aliado de las Farc y protagonista de la encerrona que allí se urde contra nuestro Estado de Derecho, impide el asilo.
Pobre gente; expulsados de El Ecuador, socio de Venezuela y cercano a la dictadura de la isla, para llegar a Colombia, territorio con un gobierno experto en maniobras y explicaciones sibilinas. No conocen de las triquiñuelas y actos arbitrarios de que es capaz este gobierno, como que extraditó a Venezuela y no a Estados Unidos, al narcotraficante Walid Makled, para guardarle la espalda a la dictadura “bolivariana” porque aquel conocía al detalle el grado de corrupción y narcotráfico que las “autoridades” de ese país tienen; y como que extraditó arbitrariamente al ecuatoriano Fernando Balda, ex miembro de la Asamblea Nacional, opositor a Correa y defensor de los derechos humanos, luego de que había sido liberado de un secuestro de la policía ecuatoriana en Bogotá.
Con esos antecedentes, ya verán ustedes, que serán entregados a las autoridades cubanas, como sea. Vivir para creerlo.
