Tanto que pelearon para conseguir que se aprobara su reforma fiscal.

Tanto que negaron los argumentos de los opositores, según los cuales algunas de las propuestas le harían daño a comercios, industrias y servicios. Pero ahora resulta que sí es cierto y que el Presidente reconoce que hay que “reducir los efectos” de la reforma fiscal y “cuidar la competitividad de los sectores más afectados por la reforma”.

Y no sólo lo reconoce, sino que por medio de un decreto echa para atrás varios de los impuestos aprobados, pero no quitándolos, sino dando esas vueltas a las que es tan afecta la cultura mexicana, que todo lo complican. Por ejemplo: a los pequeños negocios a los que se impuso el IVA, no se les va a quitar ese impuesto, sino que se les va a cobrar, pero “para no afectarlos, se establecerá un estímulo fiscal equivalente a ese impuesto”.

A las empresas de hotelería que dan servicios a convenciones y congresos se les va a obligar a pagar el IVA, pero también se les dará un estímulo fiscal equivalente a ese impuesto. A los chicles, que según la reforma se les gravaría doblemente, con IVA y con IEPS (Impuesto Especial a la Producción y Servicios, aunque no cabe tampoco en la lógica qué clase de servicio es un chicle) se le va a quitar este segundo impuesto y dejar sólo aquel. A los importadores y vendedores de turbosina sí se les va a aplicar ese IEPS, pero se les va a dar una compensación equivalente a dicho gravamen.

¿Para qué entonces metieron a esos sectores en la reforma si tienen tan claro que les va a afectar seriamente? Y ¿para qué ponerles impuestos que luego les van a devolver en forma de estímulos? ¿Por qué no simple y llanamente quitan esos impuestos?

No encuentro otra respuesta a mis dudas que la siguiente: todo esto sólo tiene como objetivo generar burocracia.

Veamos: en adelante, tendrán que pagar el impuesto con todo lo que ello implica de trámites, papeleo, contabilidad y luego tendrán que hacer los trámites, papeleo y contabilidad para solicitar la devolución (enmascarada bajo el nombre de “estímulo”).

Para cada uno de esos pasos será necesario que haya montones de personas sentadas en escritorios y paradas en ventanillas que reciban los papeles, los revisen, hagan los cálculos y las comparaciones, los pasen a supervisores y a jefes, pongan sellos, hagan copias, archiven. A su vez los afectados tendrán que contratar contadores y mensajeros.

A ello se agregará que, como ya sabemos, los burócratas siempre encontrarán manera de decir que están mal presentados los papeles, mal hechos los cálculos, que lo que se pagó es incorrecto, que lo que se va a devolver es otra cantidad de la esperada, y habrá que meter inconformidades y demandas. Y mientras tanto, ese dinero lo va a jinetear el gobierno y no lo va a poder usar el afectado al que supuestamente esta medida quiere proteger.

En 1979 escribí un artículo que se publicó en el suplemento ‘La cultura en México’ de la revista Siempre!, en él hacía una propuesta para terminar con el desempleo: proponía crear una Secretaría de la Correspondencia Nacional.

Se trataba de que los ciudadanos mandáramos cartas al gobierno con todo tipo de solicitudes, agradecimientos, quejas, opiniones. Ésas tendrían que ser recibidas, clasificadas, respondidas y archivadas, para lo cual sería necesario contratar a un ejército de burócratas. Esos empleos tenían la ventaja de no requerir ninguna calificación y de ser permanentes, pues trabajar en el gobierno y pertenecer al sindicato respectivo lo garantizaba de por vida y hasta hereditario, con lo cual se resolvía un serio problema social.

En aquel entonces, dirigía el suplemento Carlos Monsiváis, y cuando le pregunté por qué había aceptado publicar esa broma juvenil me dijo que lo veía como profecía. En efecto, casi 40 años después de aquello, la cultura mexicana se supera a sí misma.