¿Acuerdo Santos-Ortega sobre La Haya?

¿Acuerdo Santos-Ortega sobre La Haya?

Dos hechos recientes han revivido el tema del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.

El primero: la misma CIJ acaba de proferir un veredicto para dirimir un diferendo limítrofe entre Chile y Perú en el Pacífico sur. La declaración previa de los gobiernos de ambos países en el sentido de que acatarían el fallo, fuere cual fuere, alentó a quienes en Colombia y países vecinos defienden que nosotros acatemos sin rechistar el dictamen de La Haya de 2012.

Sin embargo la cosa no es tan simple. La equiparación no es válida. Empezando porque en estas materias cada fallo es particular y no se puede considerar doctrina. Sumando a lo anterior que en el caso de Chile y Perú la CIJ aceptó dos cosas que en Colombia desconoció: revalidó en una extensión de 80 millas, siguiendo un paralelo, la frontera vigente –lo que aquí descartó por entero con el paralelo 82-, y aplicó para el resto de la delimitación hasta las 200 millas la tesis de la “línea equidistante”, que en Colombia se negó a utilizar. Lo acaba de señalar telegráficamente el expresidente Álvaro Uribe en su Twitter, reivindicando la idea de que no tenemos alternativa digna diferente a desconocer el fallo de despojo.

En este sentido han señalado distintos expertos que la CIJ viene distorsionando su función esencial, la que le definen sus reglamentos, que la obligan a actuar en derecho, respetando los tratados existentes por ejemplo; y que su actuación se viene ciñendo a una pretendida intención de actuar “salomónicamente”, como lo calificó desafortunadamente nuestra Canciller, fallando con una pretendida “equidad”. Desastroso.

El otro hecho acaba de suceder en la Cumbre de la CELAC en Cuba. Se trata de las declaraciones del presidente Daniel Ortega de Nicaragua, que han recibido como respuesta el silencio cómplice del gobierno de Colombia. En entrevista publicada por el diario El Colombiano (enero 30) el mandatario nica declaró sobre el fallo de La Haya: “Con el presidente Santos tuve la oportunidad de conversar sobre el tema en México en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Quedamos en que llegará el momento en que suscribamos acuerdos entre Colombia y Nicaragua para poder establecer, con todas las de ley, acuerdos que serán ratificados por los parlamentos respectivos. Estos harán referencia a las delimitaciones que ha establecido la Corte”.

Si existe ese acuerdo verbal –y Santos no lo ha desmentido- es de una gravedad extrema, nada más ni nada menos que un acto de traición a la patria, que pone en jaque la soberanía nacional. Por supuesto que hacia allá se dirigía el gobierno de Santos, como se puede colegir de un repaso de los antecedentes inmediatos. Sin duda cuando el presidente colombiano declaró ante el país, en intervención televisada en horario triple A, que el fallo era inaplicable… mientras no se firmara un tratado, abrió las compuertas para la entrega. A fin de dilatar la iniciación de conversaciones con Nicaragua conducentes a un tratado, Santos se ideó una demanda ante la Corte Constitucional sobre el Pacto de Bogotá de 1948 y otras estratagemas, de suerte que no tuviera que dar el arriesgado paso de inmediato, antes de elecciones, o inclusive, que pudiera dejarle esa engorrosa decisión a un futuro presidente, dentro de algunos años. Lo que sí ha evitado reiteradamente es desconocer el fallo o declarar su desacato.

Lo novedoso de la revelación de Daniel Ortega ahora es que ya Santos habló con él y que “quedamos en que llegará el momento en que suscribamos acuerdos entre Colombia y Nicaragua”, ratificados por sus parlamentos, referidos a “las delimitaciones que ha establecido la Corte”. La entrega total. Es reconocer la validez del fallo de La Haya y enterrar el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Sin esperar  incluso a que falle la Corte Constitucional sobre la demanda del Pacto de Bogotá ya Santos corrió ante Ortega a acordar que sí, que habrá negociación de un acuerdo limítrofe sobre la base del fallo de la CIJ.

Quien calla, otorga, dice el refrán popular. El gobierno colombiano no ha desmentido una sílaba de tan graves aseveraciones. Incluso ha pasado de agache frente a acontecimientos desafiantes que el mismo Ortega relata en la misma entrevista: cómo, sin esperar a negociar ningún acuerdo con Colombia, el parlamento nicaragüense ya aprobó en primera votación, y se dispone a hacerlo en la segunda definitiva, los límites con nuestro país, en los términos que definió la CIJ. Que ahora quedan incorporados en su Constitución. Humillante, para decir lo menos.

Como quien tira un pedazo de bofe a un gato para tranquilizarlo, el autócrata nicaragüense agrega en la entrevista que le ha dicho a Santos que en semejante tratado garantizarán “a la población raizal todos sus derechos.” Sí, cómo no. Los raizales tendrán el derecho a malvivir y explotar con dificultades las riquezas marinas que les han dado sustento por siglos, previo permiso nicaragüense, pero en el entendido de que Colombia acepta perder el derecho básico de soberanía sobre el mar.

Se ratifica Ortega en las nuevas demandas que ha instaurado contra Colombia, alegando que “nosotros estamos dentro del marco del derecho”, y que espera que todo se resuelva pacíficamente. Al fin y al cabo, que Nicaragua se trague medio mar Caribe -deja traslucir sin vergüenza el primer magistrado sandinista- no debe causar consternación ni alarma: porque “llegará el día en que van a desaparecer las fronteras terrestres y las fronteras marítimas”. Acepten que nos engullamos media Colombia; no se preocupen; “llegará el día…”.

Hasta esos extremos de obsecuencia con los regímenes vecinos que patrocinan a los terroristas de las Farc ha llegado el gobierno de Santos, poniendo en jaque la soberanía nacional, para no malquistarse con los mismos y buscar su concurso en la búsqueda de la fementida “paz”. Que bien vista, más que paz es una celada para allanar por vías pacíficas el acceso al poder de estas fuerzas que no han podido lograrlo por medio de la violencia. Para rematar, el “comandante” Ortega, con el mayor desenfado, agraviando al pueblo colombiano, se refiere asimismo a la banda asesina como a “los hermanos de las Farc” a quienes alaba por su decisión de “trabajar por la paz”; y se ufana de “los vínculos históricos que tenemos con las Farc, desde que estaba el comandante ´Marulanda´”. Vínculos que los facinerosos criollos han retribuido a sus “hermanos” nicaragüenses con la desvergonzada carta donde los felicitan por sus conquistas en defensa de la “soberanía”, como el despojo de 75 mil kilómetros a Colombia.

Los colombianos no podemos aceptar que se negocie un nuevo tratado con Nicaragua, como explica Daniel Ortega que ha convenido con Juan Manuel Santos. Eso significaría de entrada desconocer el tratado de 1928 y acoger el fallo de despojo de La Haya. El gobierno quiere escurrir el bulto ante semejante exabrupto, callando frente a los ultrajes e infidencias de Ortega, seguramente para no estropear la reelección. Razón de más para empezar a estropeársela y derrumbar este régimen entreguista, con una copiosa votación por el Centro Democrático en los comicios de marzo, el primer escalón de la victoria que se rematará en mayo.

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